El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe exigir respuestas a China sobre los campos de internamiento masivo de Sin-kiang

  •  El historial de China en materia de derechos humanos será analizado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

“El gobierno chino debe decir la verdad sobre el internamiento masivo de hasta un millón de personas, predominantemente musulmanas, en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang cuando el próximo martes se analice el historial del país en materia de derechos humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU”, ha declarado Amnistía Internacional.

Ante las pruebas crecientes de que se está llevando a cabo una campaña de internamiento masivo, castigos arbitrarios y tortura desde principios de 2017, el gobierno chino reconoció la existencia de los campos el mes pasado, aunque dijo que eran “centros de formación profesional”.

La reciente propaganda de las autoridades chinas no debe engañar a nadie. Los campos de internamiento son lugares donde la tortura y otras formas de malos tratos son endémicas.

Patrick Poon, investigador de Amnistía Internacional sobre China

“El Consejo de Derechos Humanos debe transmitir al gobierno chino el mensaje inequívoco de que su campaña de represión sistemática en Sin-kiang, que incluye la detención arbitraria de hasta un millón de personas, debe terminar”, dijo Patrick Poon, investigador de Amnistía Internacional sobre China.

“Esto contribuiría a abordar la situación de cientos de miles de familias devastadas por esta represión contra las minorías étnicas”.

En el último examen de los derechos humanos en China, realizado en 2013, el gobierno dio garantías de que se permitiría que visitaran la Región Autónoma expertos independientes en derechos humanos de la ONU; no obstante, no se ha dado acceso a la región a ninguno desde entonces.

Las autoridades chinas negaron sistemáticamente la existencia de los campos hasta el 16 de octubre, cuando el gobernador de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, en una entrevista con medios de comunicación estatales chinos, los calificó de centros de formación profesional. Existe un conjunto de pruebas creciente y creíble —que incluye imágenes de satélite y decenas de testimonios de familiares de personas en paradero desconocido y de personas que estuvieron recluidas— que indica que se están cometiendo violaciones de derechos humanos a gran escala en los campos.

“La reciente propaganda de las autoridades chinas no debe engañar a nadie. Los campos de internamiento son lugares donde la tortura y otras formas de malos tratos son endémicas. Los Estados deben exigir la verdad a China en el examen del Consejo de Derechos Humanos de la ONU del martes”, concluyó Patrick Poon.

En el último año se ha intensificado la campaña gubernamental de internamiento masivo, vigilancia intrusiva, adoctrinamiento político y asimilación cultural forzada contra las personas de etnias uigur y kazaja y los miembros de otros grupos étnicos de la región, en su mayoría musulmanes. La mayoría de las familias de las personas detenidas desconocen la suerte de sus seres queridos y a menudo tienen miedo de alzar la voz.

El internamiento de grupos étnicos, en su mayoría musulmanes, en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang se ha intensificado desde marzo de 2017, cuando se aprobó la “Normativa Antirradicalización” en dicha región. Las muestras públicas —o incluso privadas— de afiliación religiosa y cultural, como llevar una barba “extraña”, cubrirse la cabeza con un velo tradicional o un pañuelo, orar frecuentemente, ayunar o evitar el alcohol, o tener libros o artículos sobre el islam o la cultura uigur pueden considerarse conductas “radicales” en virtud de esta normativa.

Otros motivos importantes de sospecha son viajar al extranjero por trabajo o estudios, en especial a países de mayoría musulmana, o estar en contacto con personas fuera de China.

Información complementaria

El proceso por el cual el Consejo de Derechos Humanos revisa el cumplimiento por cada Estado Miembro de la ONU de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos se conoce con el nombre de examen periódico universal (EPU). Los grupos y organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel clave en el EPU al facilitar información sobre la situación de los derechos humanos en los países sometidos a examen y sugerir medidas para abordar los problemas. Pueden encontrar aquí la información presentada por Amnistía Internacional sobre China para el próximo examen periódico universal.