En respuesta a la sentencia condenatoria dictada contra tres policías por el asesinato del joven de 17 años Kian delos Santos en Filipinas, Nicholas Bequelin, director regional de Amnistía Internacional para el este y el sureste asiáticos, ha manifestado:
“El homicidio de Kian ilustra los horrores de la ‘guerra contra las drogas’, y esta sentencia confirma aún más que se trata de una campaña brutal y asesina que se cobra vidas inocentes”.
“Aunque bienvenida, esta sentencia no va lo bastante lejos. La primera declaración de culpabilidad de policías en esta mortal campaña se ha producido demasiado tarde. Aunque se ha declarado culpables a tres agentes, debe hacerse rendir cuentas a más, incluidos superiores que pueden tener la responsabilidad de los miles de homicidios y otras violaciones de derechos humanos.”
“Además, el hecho de que hasta ahora sólo se haya declarado culpables a tres agentes demuestra que no se puede confiar en que la policía se investigue a sí misma. Debe establecerse un órgano independiente para investigar todos los homicidios perpetrados en nombre de la ‘guerra contra las drogas’, y debe hacerse rendir cuentas a todos los implicados. De lo contrario, se necesitará urgentemente una investigación de la ONU que complemente el examen que está llevando a cabo la CPI.”
“Este caso es sólo la punta del iceberg: Amnistía y otras entidades han documentado miles de asesinatos más, la mayoría de personas pobres y marginadas, incluidos menores de edad como Kian. La cifra de cadáveres sigue aumentando, y los escalofriantes comentarios del presidente Duterte sobre el establecimientos de escuadrones de la muerte para otra de sus campañas —esta contra los ‘insurgentes comunistas’— sólo servirán para agravar la cultura de impunidad que ha llegado a predominar en el país. Todas las víctimas merecen justicia, y esta campaña ilegal y asesina del gobierno de Duterte debe terminar de inmediato.”
Información complementaria
El 16 de agosto de 2017, Kian Loyd delos Santos murió por arma de fuego en un callejón oscuro cerca de su casa en la ciudad de Caloocan. La información ofrecida por la policía decía que, durante la redada, Kian Loyd delos Santos había disparado primero, y con ello había obligado a la policía a responder. Sin embargo, las declaraciones de testigos y las grabaciones de cámaras de circuito cerrado revelaron que unos agentes vestidos de civil se habían llevado a rastras al adolescente desarmado y lo habían matado disparando contra él a quemarropa en un callejón.
Miles de personas han muerto en una oleada de violencia autorizada por el Estado desde el inicio de la presidencia de Rodrigo Duterte. En 2018, la Corte Penal Internacional inició un examen preliminar de los delitos presuntamente cometidos por el gobierno filipino en el contexto de la “guerra contra las drogas”.
Amnistía Internacional ha advertido reiteradamente de que las declaraciones del presidente Duterte han creado un entorno en el que la policía, hombres armados no identificados a los que se cree vinculados a la policía, y la población en general consideran que tienen luz verde para matar impunemente. El presidente ha publicado y difundido “listas de muerte” —nombres de personas presuntamente asociadas al consumo o el comercio de drogas— y ha sugerido que el asesinato —por parte de la policía o de civiles— de personas sospechosas de consumir o vender drogas quedará impune.