En el furor causado por la movilización política de la Oposición Conjunta el pasado mes, se pasó por alto un acontecimiento clave. La Oficina de Personas Desaparecidas —órgano clave facultado para buscar y localizar a personas desaparecidas durante el conflicto interno de Sri Lanka, que duró 26 años— presentó su informe provisional, que incluye recomendaciones clave para el presidente, Maithripala Sirisena.
Desde su nombramiento en febrero, los miembros de la Oficina llevaron a cabo seis eventos a fin de contactarse con las familias de las personas desaparecidas; a ellos asistieron más de 2.000 personas en Mannar, Mullaitivu, Matara, Trincomalee, Jaffna y Kilinochchi. Este no es un dato menor teniendo en cuenta la resistencia que la Oficina ha enfrentado desde distintos sectores de la sociedad: algunas personas observan su trabajo con desconfianza u hostilidad, temiendo que no avance lo suficiente como para ofrecer justicia o que simplemente frustre sus esperanzas una vez más.
Las actividades de divulgación son importantes para la credibilidad de la labor de la Oficina de Personas Desaparecidas. Muchas víctimas consideran que no fueron consultadas por el gobierno cuando éste aceleró la aprobación del proyecto de ley sobre la Oficina en el Parlamento en 2016. Además, estas actividades también complementarían las gestiones del Grupo de Trabajo sobre Consultas, cuyo informe de cerca de 900 páginas incluía testimonios de más de 7.000 personas.
En el informe provisional de la Oficina de Personas Desaparecidas se pone de relieve la importancia de garantizar la justicia. Determinar la suerte de estas personas es solo el comienzo de un proceso más largo de recuperación y rendición de cuentas. También trata cuestiones estructurales de larga data que han impedido o socavado las acciones judiciales. Un buen ejemplo de ello es el papel que desempeña la Fiscalía General, la cual actúa como fiscal en casos de presuntas desapariciones forzadas y como defensora de la parte demandada cuando se trata de una orden judicial de hábeas corpus, sin importarle en lo más mínimo el flagrante conflicto de intereses en juego.
En el informe provisional también se pone de manifiesto que hay algunas personas sospechosas de tener responsabilidad penal en casos de desapariciones forzadas que aún siguen ocupando cargos de poder en el ejército y el gobierno. Inexplicablemente, aún no han sido destituidas del cargo ni suspendidas de sus funciones. Además, en el informe se recomienda dar la máxima prioridad a los enjuiciamientos y a otros casos que involucren desapariciones forzadas con el objetivo de dejar atrás el persistente clima de impunidad. Existe una falta de voluntad política para investigar y enjuiciar dichos casos, aun cuando hay pruebas fehacientes de delitos de derecho internacional y violaciones de derechos humanos.
Otro problema es la legislación vigente. En el informe provisional se menciona específicamente la necesidad de fortalecer, reformar o revocar leyes como la Ley sobre Desapariciones Forzadas, la tristemente célebre Ley de Prevención del Terrorismo, el marco jurídico para la investigación de muertes y los protocolos conexos, y el Certificado de Ausencia, además de la Ley sobre la Oficina de Personas Desaparecidas que dio pie a la creación de la Oficina en primer lugar. En los primeros seis meses, según sus propios representantes, la Oficina se ha topado repetidamente con la obstinación del Estado, incluida una falta de debido reconocimiento. Para poder cumplir su mandato exitosamente, la Oficina debe interactuar con una serie de ministerios gubernamentales. Algunos de ellos aún deben reconocer la existencia de la Oficina como órgano independiente y permanente, sin entidad ministerial, ni de comisión independiente o de investigación. La Oficina forma parte precariamente de una estructura de Estado que ha estado acostumbrada durante mucho tiempo a mantener un silencio deliberado y a negar de plano la cuestión de las desapariciones forzadas.
Resulta alentador observar que el informe también incluye una nota de introspección sobre el propio trabajo de la Oficina. En ella se reconocen no solo las dificultades a las que la Oficina se enfrenta dentro de la estructura del Estado, sino también la reticencia con la que las víctimas y sus familias la observan. Consternadas por las promesas incumplidas en el pasado y por la falla de mecanismos anteriores que prometieron hacer justicia, las víctimas y sus familias comprensiblemente recelan de la Oficina de Personas Desaparecidas.
Los miembros de la Oficina dejan claro que han estado escuchando las opiniones de las víctimas, lo que demuestra la voluntad de seguir las recomendaciones que se les formularon durante los eventos de divulgación, como instalar oficinas móviles en zonas remotas y priorizar casos clave, como los de cientos de personas que desaparecieron después de entregarse en 2009. Pese a todas las buenas intenciones que se detallan en el informe, la Oficina de Personas Desaparecidas también tiene una parte de responsabilidad. Como observamos en una visita realizada al norte del país en agosto, existen muchas denuncias sobre la composición de la Oficina: no hay suficientes víctimas representadas y hay escasos miembros que hablan tamil. Amnistía Internacional ha venido pidiendo que los nombramientos reflejen la naturaleza pluralista de la sociedad de Sri Lanka. También existe preocupación respecto a la inclusión de una persona estrechamente vinculada con el ejército.
La Oficina de Personas Desaparecidas debe reconocer y responder a estas preocupaciones directamente en la medida de lo posible, y corregir la dirección, a pesar de que los nombramientos estén fuera del control de su membresía actual. Hoy existen familias que no quieren que nadie colabore con la Oficina, ya que abrigan la esperanza de que intervenga un mecanismo internacional. Estas personas han llegado al extremo de refrenar a quienes están deseosas o desesperadas por colaborar. La lógica que subyace a algunas de las decisiones de la Oficina tampoco es clara. Ha hecho una distinción encomiable entre los pagos en concepto de ayuda humanitaria y las reparaciones: hasta que la cuestión de las reparaciones se resuelva, ha propuesto un programa provisional de ayuda financiera que otorgará una prestación mensual de sustento de 6.000 rupias de Sri Lanka a las familias que no tengan ingresos seguros. Pero no ha ofrecido ninguna explicación sobre cómo ha llegado a este cálculo, ni lo ha referenciado a la inflación ni a los salarios mínimos.
En relación con la cuestión de las fosas comunes, la Oficina de Personas Desaparecidas destacó su papel como observadora en lo que respecta a los trabajos de excavación y exhumación en una fosa común encontrada en Mannar. Sin embargo, contrariamente a su costumbre, no se ha pronunciado sobre otras fosas comunes. Desde la década de 1990, se han localizado fosas comunes en muchas partes de Sri Lanka: en las provincias Central, Septentrional y Oriental. Desde 2012, se han exhumado más de doscientos cadáveres de fosas situadas en Matale y Mannar. En 2014, salió a la luz información sobre otra fosa ubicada en la ciudad de Kaluwanchikudy, y que presuntamente contenía alrededor de 100 cadáveres, pero aún no ha sido exhumada. Estas fosas podrían ofrecer respuestas clave vinculadas con el mandato de la Oficina de Personas Desaparecidas.
Conocedora de las críticas relativas a su propio establecimiento, que incluye la atribución de informar de sus hallazgos, a su discreción, a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley o a las autoridades judiciales pertinentes, la Oficina debería haber aclarado públicamente que presentará toda la información y las pruebas de crímenes de derecho internacional para que se lleven a cabo investigaciones penales y enjuiciamientos con el fin de garantizar que las víctimas tengan acceso a la justicia.
Esa reticencia ha dado lugar a que algunas personas consideren que la Oficina actúa más como una comisión de investigación, que solo ofrece una serie de observaciones en informes sucesivos, que como un órgano de investigación encargado de sacar a la luz nuevas pruebas y ofrecer respuestas a las familias de personas desaparecidas que llevan años esperándolas.
Es posible que sea prematuro sacar una conclusión definitiva sobre la labor de la Oficina de Personas Desaparecidas, pero el tiempo no está de su lado. A la Oficina le tomó varios años comenzar a trabajar, y hoy falta poco para que se cumplan 10 años del fin del conflicto, en mayo de 2019. En los próximos meses, se pondrá a prueba el compromiso del gobierno con los cuatro pilares: la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Cuando el Alto Comisionado de las Naciones Unidas presente un informe exhaustivo en el 40° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU el próximo marzo, los progresos realizados por la Oficina pasarán a ser un indicador fundamental para determinar si Sri Lanka ha cumplido con las promesas realizadas cuando copatrocinó la resolución 30/1 en el Consejo tres años atrás.
El presidente Sirisena ha propuesto nombrar un subcomité ministerial para estudiar y aplicar las recomendaciones formuladas en el informe provisional de la Oficina de Personas Desaparecidas. Si bien se trata de un gesto alentador, ofrece pocas esperanzas. Por lo menos siete de cada 10 miembros del subcomité ministerial tienen escasa o ninguna relación con el mandato de la Oficina en sus respectivos ministerios.
Los nombramientos parecen haber sido un ejercicio de conveniencia política en vez de un esfuerzo genuino encaminado a reafirmar la labor de la Oficina y proporcionar respuestas a las familias de las personas desaparecidas. Cuando se cierra una ventana para hacer prevalecer la verdad y la justicia y obtener reparaciones para las personas desaparecidas, solo espero ver en los próximos meses que estaba equivocado. Las recomendaciones provisionales ofrecen otra oportunidad para que el gobierno colabore y consiga el apoyo de muchos grupos de víctimas desilusionadas que ven con escepticismo el mecanismo impulsado por el Estado. El gobierno no puede fallar a las personas desaparecidas y a sus familias una vez más. Tampoco puede permitirse fallarle a la Oficina de Personas Desaparecidas.