La Corte Constitucional de Colombia examinará este jueves la posibilidad de limitar las semanas en las se podría acceder a servicios de aborto legal y seguro, lo que significaría un retroceso en los derechos de las mujeres y las niñas, dijo Amnistía Internacional.
Sería muy preocupante que la decisión no cumpla con el principio de no regresividad de los derechos humanos, al establecer limitaciones desproporcionadas e injustificadas a los derechos adquiridos mediante sentencia C-355 de 2006, en la cual se establecieron tres causales para el acceso al aborto legal: cuando la salud o la vida de la mujer está en riesgo, cuando se presente incompatibilidad con la vida fuera del útero o cuando el embarazo sea resultado de violación.
“La Corte Constitucional de Colombia ha tomado decisiones que han sido un ejemplo a seguir en materia de protección de derechos humanos. Imponer limitaciones adicionales al acceso al aborto legal y seguro constituiría un grave retroceso que pondría en riesgo la vida y la salud de las mujeres y niñas en Colombia. En todo caso, la Corte debería avanzar en su jurisprudencia y derribar las barreras que hoy enfrentan miles de mujeres, especialmente aquellas que viven en zonas rurales apartadas, con acceso restringido a los servicios de salud adecuados,” dijo Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
La Corte debería avanzar en su jurisprudencia y derribar las barreras que hoy enfrentan miles de mujeres, especialmente aquellas que viven en zonas rurales apartadas, con acceso restringido a los servicios de salud adecuados.
Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas
En julio de este año, Amnistía Internacional presentó una opinión ante la Corte haciendo un llamado para que la decisión se ajuste a los estándares internacionales de derechos humanos y proteja de manera integral el derecho al aborto legal y seguro en Colombia.
“La denegación o limitación al acceso al aborto legal y seguro puede constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante. Ninguna mujer debe ser obligada a mantener un embarazo que constituye un riesgo para su vida, salud o integridad. Ninguna mujer sobreviviente de violencia sexual puede ser obligada a mantener un embarazo si no lo desea. Es deber del Estado colombiano reconocer que limitar un derecho, adquirido hace más de 10 años, constituiría una forma de violencia contra las mujeres”, agregó Erika Guevara Rosas.
Es deber del Estado colombiano reconocer que limitar un derecho, adquirido hace más de 10 años, constituiría una forma de violencia contra las mujeres.
Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas
Amnistía Internacional reitera que un marco jurídico sobre el aborto que cumpla los derechos humanos requiere situar a las mujeres y a las niñas en el centro, para que la regulación sobre el aborto sea conforme con sus derechos humanos. Esto incluye eliminar cualquier barrera de procedimiento o de otro tipo al aborto, que pueda impedir el acceso a servicios de aborto seguro y legal.
Para más información o solicitar una entrevista, comunicarse con: oficina de prensa de Amnistía Internacional , +52 1 55 4145 7003, [email protected]