• El presupuesto sanitario se ha recortado en más del 50 por ciento en cuatro años.• Los estudiantes deben escoger entre estudiar y trabajar.
• Manifestantes contra las medidas de austeridad han sufrido represión, detención y, en algunos casos, tortura.
El conjunto de medidas de austeridad adoptadas por las autoridades de Chad está abocando a la población a un mayor empobrecimiento, socavando su acceso a la asistencia médica necesaria y poniendo la educación fuera del alcance de muchos; así lo afirma Amnistía Internacional en un informe que ha publicado hoy.
En Strangled budgets, silenced dissent: The human cost of austerity measures in Chad, la organización documenta cómo afectan los drásticos recortes del gasto al derecho a la salud y al derecho a la educación. Además, refleja la campaña de represión del gobierno contra manifestantes y activistas que se oponen a las medidas de austeridad adoptadas contra la crisis económica en curso.
Hablamos con embarazadas que habían tenido que retrasar importantes controles médicos prenatales por no poderse pagar esos servicios indispensables. También nos reunimos con estudiantes cuyas brillantes perspectivas de futuro había puesto en entredicho la retirada de sus becas sin previo aviso.
Samira Daoud, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para África Occidental y Central
“Hablamos con embarazadas que habían tenido que retrasar importantes controles médicos prenatales por no poderse pagar esos servicios indispensables. También nos reunimos con estudiantes cuyas brillantes perspectivas de futuro había puesto en entredicho la retirada de sus becas sin previo aviso”, afirmó Samira Daoud, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para África Occidental y Central.
“El gobierno chadiano debe reconocer la crueldad de estas medidas de austeridad, y que una crisis económica no puede servir de excusa para socavar derechos de la gente, incluidos el derecho a la salud y el derecho a la educación. Además, debe dejar de reprimir y silenciar a quienes se atreven a expresar sus críticas sobre estas duras medidas.”
El gobierno de Chad comenzó a aplicar graves medidas de austeridad en 2015 para combatir una crisis económica relacionada con la brusca caída del precio del petróleo, agravada por la falta de diversificación económica. Las instituciones financieras internacionales que prestaron dinero al gobierno durante la crisis supeditaron su ayuda a la adopción de recortes generales del gasto. Esto llevó al gobierno a orientarse hacia políticas que han menoscabado los derechos económicos, sociales y culturales de la población, incluidos el derecho a la salud y el derecho a la educación de miles de personas.
Amnistía Internacional habló con 176 personas, incluidos representantes gubernamentales en Yamena, la capital, y en otras ciudades, como Massaguet, Massakori y Sarh, y asimismo visitó 32 centros de salud en 8 regiones.
Un funcionario local de la Delegación Sanitaria Regional de Sarh contó a Amnistía Internacional que el gobierno había recortado en dos tercios los fondos destinados a diversos centros de salud en 2017: “Los recursos son escasos […] Es difícil implementar actividades sobre el terreno”.
El presupuesto sanitario de Chad se recortó en más del 50 por ciento de 2013 a 2017. Se redujeron partidas como las de subvenciones y líneas de crédito a hospitales.
Los recortes del gasto sanitario también han reducido en un 70 por ciento los gastos del programa nacional de asistencia médica de urgencia, establecido en 2006 con la finalidad de cubrir el coste de la atención urgente en hospitales, incluidos los servicios obstétricos y neonatales y la asistencia al parto.
Por ejemplo, Alain, conductor de 40 años, contó que había tenido que pagar 41 dólares estadounidenses —el equivalente a un tercio del salario mensual mínimo en Chad, establecido en 113— cuando su esposa dio a luz a su hijo en octubre de 2017.
Así se lo contó a Amnistía Internacional:
“Mi esposa embarazada no se benefició del programa gratuito de asistencia médica de urgencia, a pesar de que tenía derecho a hacerlo. Tuve que pagarlo todo: análisis, guantes, la sábana de plástico de la cama de parto y los medicamentos. No existe eso que llaman asistencia médica gratuita de urgencia. Pagamos por todo. No nos dieron nada gratis, aparte de las vacunas para mi hijo recién nacido. Antes, todo esto lo habríamos tenido gratis. Ahora tenemos que pagarlo.”
Amnistía Internacional habló también con 12 embarazadas; algunas habían recorrido a pie hasta 15 kilómetros para ir al centro de salud. Todas estaban en torno al quinto o sexto mes de gestación y, para todas excepto una, era su primer control prenatal. Cuando les pregunté por qué habían esperado tanto para someterse a un control, las mujeres dijeron que no podían pagar la asistencia prenatal.
“Nuestra investigación indica que, tras la adopción de las medidas de austeridad, el contenido básico esencial del derecho a la salud ya no está protegido No hay justificación posible para socavar los niveles mínimos esenciales del derecho a la salud, ni siquiera en tiempos de crisis económica”, dijo Samira Daoud.
En su informe, Amnistía Internacional documenta asimismo la escasez sistemática de medicamentos y artículos básicos en los centros médicos, por ejemplo paracetamol y desinfectantes como el alcohol.
La educación es otra de las grandes víctimas de los recortes del gasto implementados por el gobierno. Entre 2014 y 2016, las autoridades chadianas recortaron en un 21 por ciento el gasto en educación como parte de las medidas de austeridad.
Se retiró una beca de 53 dólares estadounidenses por persona y mes a todos los estudiantes universitarios, excepto a los alumnos de facultades médicas y centros de formación profesional nacionales.
Además, las tasas de matriculación en universidades públicas pasaron a costar el doble —94 dólares estadounidenses en octubre de 2017— y se introdujo una tasa de 53 dólares por segunda matriculación para estudiantes que reanudaban sus estudios. Antes, las tasas de matriculación estaban subvencionadas por el gobierno.
Como consecuencia, muchos estudiantes entrevistados por Amnistía Internacional expresaron el temor de verse obligados a abandonar sus estudios universitarios porque el gobierno no habilitaba alternativas, sobre todo para estudiantes en situación de vulnerabilidad económica o procedentes de entornos rurales.
Había estudiantes que trabajaban a tiempo parcial para llegar a fin de mes y por ello perdían clases con frecuencia.
Mamadou, alumno de la Universidad de Yamena, contó a Amnistía Internacional que, desde la cancelación de su beca, ya no podía comprar libros ni comida del bar de la universidad, ni renovar su suscripción a la biblioteca.
“La situación me obligó a buscar trabajo hace seis meses. Ahora conduzco un mototaxi. Alquilo la bicicleta por 3.000 francos CFA (6 dólares estadounidenses) al día […] Y, muchas veces, tengo que escoger entre ir a clase o al trabajo que me permite mantenerme. Es muy difícil, porque ya no puedo estudiar como antes.”
Hace poco, además de una reducción del 50 por ciento de los ingresos de los funcionarios públicos, el gobierno introdujo reformas adicionales que ampliaban la base tributaria. Parte del salario de los funcionarios públicos que antes de 2018 no tributaba empezó a tributar. Debido a estas reducciones, sumadas a la subida de impuestos sobre productos básicos y al aumento del coste de la vida, las personas empleadas en el sector público tienen dificultades para mantener a sus familias.
Según contó un maestro a Amnistía Internacional, su salario neto mensual tras las nuevas medidas fiscales, incluidas retribuciones y bonificaciones, había caído un 37 por ciento, hasta 385 dólares al mes, en 2016.
Aplastadas las protestas contra la austeridad
Entre enero y marzo de 2018 hubo decenas de manifestaciones contra las medidas de austeridad en todas las ciudades importantes de Chad, incluida la capital, Yamena. Todas las protestas, excepto una, fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad, que dispararon gas lacrimógeno contra manifestantes, detuvieron a más de 150 personas, incluidos estudiantes y escolares, y torturaron al menos a dos activistas contra la austeridad. Las autoridades han acusado a manifestantes de lanzar piedras contra agentes de policía y destruir vehículos oficiales y particulares.
Alain Didah Kemba, portavoz del movimiento juvenil IYINA, fue detenido el 19 de febrero y recluido en la Jefatura de Policía de Yamena. Según el portavoz de la policía, Alain Kemba Didah fue detenido porque un jefe de policía había asegurado que lo había visto con una botella de gasolina en la mano cuando estaba a punto de quemar un montón de neumáticos. Alain lo niega.
Alain contó a Amnistía Internacional que había sido torturado por agentes de policía, incluido el supervisor, que lo había golpeado en las plantas de los pies y las articulaciones, y que había sido obligado a trasladarse de una sala a otra con las manos y los pies atados a la espalda. Dijo que la policía lo había acusado de liderar protestas contra las medidas de austeridad. Unos días más tarde fue puesto en libertad bajo fianza por razones médicas, y el 26 de febrero se retiraron todos los cargos en su contra.
Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de Chad que actúe de inmediato para abordar los efectos de las medidas de austeridad en los derechos económicos, sociales y culturales, entre ellos el derecho a la salud y el derecho a la educación. Asimismo, las autoridades deben poner fin a las violaciones generalizadas del derecho de reunión pacífica y el derecho a la libertad de expresión.