Siria: Nueva ley sobre la propiedad castiga a las personas desplazadas y podría obstaculizar la investigación de crímenes de guerra

Una severa ley sobre la propiedad aplicada por el gobierno sirio priva en la práctica de sus hogares y tierras a miles de personas desplazadas por el conflicto que asuela el país y entraña el riesgo de que se destruyan pruebas de los crímenes de guerra que el gobierno ha cometido, así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

Aprobado en 2012, del Decreto Legislativo 66 permite al gobierno sirio demoler zonas de asentamiento informal de Damasco y Damasco Rural para convertirlas en zonas urbanizables, con bloques de viviendas,mercados y espacios públicos. En virtud de la nueva normativa aprobada en la Ley 10 de 2018, una vez que declarada urbanizable una zona, las autoridades deben notificárselo públicamente a los propietarios de viviendas y tierras en ella, que tienen sólo 30 días para presentar la documentación necesaria para reclamar sus propiedades.

Con más de 11 millones de personas desplazadas dentro de Siria o refugiadas en otros países, es probable que cumplir este requisito constituya una hazaña casi imposible para muchas de las afectadas por la nueva ley. Según el trabajo de investigación realizado por el Consejo Noruego para los Refugiados, apenas una de cada cuatro personas refugiadas sirias tiene consigo los títulos de propiedad de sus bienes. El 21 por ciento afirman que su documentación está destruida.

“Si se promulga, esta ley podría utilizarse para poner en práctica un proyecto sobrecogedoramente eficiente de ingeniería social. Miles de personas –principalmente las que están en zonas partidarias de la oposición o han buscado refugio fuera del país– corren el riesgo de perder sus hogares porque sus documentos están destruidos o perdidos. La ley no hace nada para garantizar los derechos de las personas refugiadas o desplazadas que huyeron por temor a perder la vida o a sufrir persecución si regresan a sus hogares”, ha señalado Diana Semaan, investigadora de Amnistía Internacional sobre Siria.

Si se promulga, esta ley podría utilizarse para poner en práctica un proyecto sobrecogedoramente eficiente de ingeniería social.
Diana Semaan, investigadora sobre Siria

“Esta ley se presta claramente a ser utilizada indebidamente por un gobierno que ha dado muestra de despiadada determinación a la hora de aplastar a quienes considera que han estado asociados con sus oponentes. El gobierno debe suspender los proyectos urbanísticos hasta que todas las personas, incluidas las que han sufrido desplazamiento forzado, tengan una auténtica oportunidad de participar significativamente en el proceso. El objetivo ha de consistir en facilitar el retorno voluntario, en condiciones de seguridad y sostenible de las personas desplazadas por el conflicto.”

Amnistía Internacional ha determinado que las personas refugiadas y demás personas desplazadas por el conflicto en Siria que regresen a sus hogares para reclamar la propiedad serán sometidas a una “limpieza de seguridad” por agentes del gobierno. Aunque no está claro en que consistirá este proceso, en el clima actual de inseguridad y comisión incontrolada de violaciones de derechos humanos por las fuerzas de seguridad, es probable que disuada a muchas personas de intentar reclamar sus hogares y sus tierras.

Aunque la legislación contiene algunas disposiciones que garantizan el derecho de los propietarios de viviendas de las zonas declaradas urbanizables a solicitar otra vivienda e indemnización económica, no protege los derechos de las personas que vivían en asentamientos informales y cuya residencia muy probablemente no figure en el catastro.

Las mujeres cuyos esposos o padres han resultado muertos o están en paradero desconocido encontrarán grandes obstáculos para reclamar sus bienes, pues los títulos de propiedad están normalmente a nombre de familiares varones. Podrían carecer de la documentación civil oficial necesaria, como el libro de familia o los documentos de prueba del paradero y la suerte de sus familiares varones, que permiten a las mujeres actuar en nombre de los titulares.

Las futuras investigaciones sobre crímenes de derecho internacional podrían verse gravemente menoscabadas como consecuencia de estas nuevas normativas.
Diana Semaan

Ocultación de crímenes de guerra

Las personas civiles cuyos hogares ha sido destruidos o dañados y cuyos familiares han resultado muertos o heridos en ataques ilegítimos no reciben ninguna reparación ni indemnización. Además, en algunos casos, la aplicación de la nueva ley sobre la propiedad podría dar lugar a ocultación de pruebas de crímenes de guerra.

En el caso de Daraya, localidad de las afueras de Damasco donde Amnistía Internacional ha documentado violaciones del derecho internacional cometidas por el gobierno, incluidos un prolongado asedio y ataques indiscriminados con miles de bombas de barril, con el consiguiente desplazamiento forzado de la población civil que sobrevivió al asedio, la demolición y reconstrucción de la zona son motivo de honda preocupación por el riesgo de destrucción de pruebas de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

No hay tampoco disposiciones para ofrecer reparación a los propietarios cuyas viviendas hayan sido saqueadas por las fuerzas de seguridad en las zonas declaradas urbanizables, incluida la localidad de Daraya.

“Las futuras investigaciones sobre crímenes de derecho internacional podría verse gravemente menoscabadas como consecuencia de estas nuevas normativas”, ha afirmado Diana Semaan.

“Las autoridades deben garantizar que toda persona que haya sido privada arbitraria e ilegítimamente de vivienda, tierras o bienes tiene acceso a medios de reparación, incluida la posibilidad de impugnar las decisiones del gobierno ante un organismo independiente e imparcial.”

“Las autoridades deben proporcionar plena reparación a las personas cuyos hogares hayan sido saqueados, expropiados o destruidos ilegítimamente por las fuerzas de seguridad.”

Información complementaria

En 2012, el gobierno sirio adoptó el Decreto 66, que permitía a las autoridades “reurbanizar zonas de viviendas no autorizadas y asentamientos informales” en la capital, Damasco

La Ley 10 es una ampliación de ámbito nacional del Decreto 66 por la que se establecieron en la gobernación de Damasco dos zonas urbanizables que abarcan Daraya, zona que estuvo sitiada por el gobierno sirio y que está deshabitada desde que las fuerzas gubernamentales obligaron a desplazarse a las 4.000 personas que seguían viviendo en ella en 2016.

El conflicto, que está ya en su séptimo año, ha causado el desplazamiento de más de seis millones de personas dentro de Siria y de cinco millones que han buscado refugio fuera del país.