“Sin su familia uno no está protegido”
Flor es una mujer campesina del Norte de Santander. Tiene unos 45 años y es la cabeza de su familia. Como lideresa de la junta de acción comunal en una zona rural, exige que se mejoren las condiciones de vida en su comunidad, y denuncia públicamente a las fuerzas paramilitares presentes en la zona. Ha hecho reiterados pedidos para recibir medidas de protección. Luego de que unos hombres en moto pasaran frente a su casa e hicieran varios disparos contra su domicilio, Flor decidió volver a pedir medidas. La consecuencia no la esperaba. Meses después, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar le quitó la custodia de sus hijos por considerar que su activismo les ponía en riesgo. Su “riesgo ordinario” le generó al Estado la obligación de adoptar medidas de seguridad, pero también causó que hoy se encuentre separada de sus hijos en contra de su voluntad.
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