La amenaza de Trump somete a un nuevo escrutinio el papel europeo en los letales ataques estadounidenses con drones

Mientras el gobierno de Trump se prepara para ampliar aún más el letal programa estadounidense de drones, con el consiguiente aumento del riesgo de que se produzcan bajas civiles y homicidios ilegítimos, Amnistía Internacional pide a cuatro países europeos que revisen urgentemente la crucial ayuda operativa y de inteligencia que proporcionan a dicho programa.

Amnistía Internacional y otros han documentado casos, bajo sucesivos gobiernos estadounidenses, de ataques con drones lanzados por Estados Unidos que han matado a gente que no participaba directamente en hostilidades o no constituía una amenaza inminente para la vida, incluidos niños y niñas.

En un nuevo informe titulado Deadly Assistance: The role of European states in US Drone Strikes, Amnistía Internacional utiliza información procedente de fuentes públicas para trazar un mapa de la ayuda que Reino Unido, Alemania, Países Bajos e Italia proporcionan al programa estadounidense de drones, y muestra cómo estos Estados se arriesgan a ser responsables de violaciones del derecho internacional.

“Los gobiernos británico, alemán, neerlandés e italiano llevan años ayudando al programa secreto global de homicidios estadounidense, al que han proporcionado información e infraestructuras cruciales a pesar del creciente número de bajas civiles y de las denuncias de homicidios ilegítimos, incluidos crímenes de guerra”, ha manifestado Rasha Abdul Rahim, investigadora de Amnistía Internacional sobre Control de Armas, Comercio de Material de Seguridad y Derechos Humanos.

Con Trump a la cabeza, la amenaza contra la población civil es mayor que nunca, y se necesita urgentemente transparencia.
Rasha Abdul Rahim, investigadora de Amnistía Internacional sobre Control de Armas

“Con Trump a la cabeza, la amenaza contra la población civil es mayor que nunca, y se necesita urgentemente transparencia. Si los Estados europeos están seguros de no haber desempeñado ningún papel en homicidios ilegítimos, deberían poder demostrarlo. De lo contrario, deben preguntarse si quieren seguir apoyando un programa secreto que utiliza información potencialmente poco fiable y una endeble base legal para elegir a gente a la que se va a matar.”

Según la Oficina de Periodismo de Investigación, los ataques con drones estadounidenses han matado a hasta 1.551 civiles en Afganistán, Pakistán, Somalia y Yemen desde 2004.

Los ataques con drones ya han aumentado espectacularmente durante el gobierno del presidente Trump. El Consejo sobre Relaciones Exteriores, grupo asesor con sede en Estados Unidos, estimó que el presidente Trump había aprobado al menos 36 ataques con drones o asaltos de operaciones especiales en sus primeros 45 días en el cargo. Según la información publicada por los medios de comunicación, además Trump ha revertido las limitadas protecciones establecidas durante la era de Obama al programa de drones. Al parecer, se ha establecido una nueva política, aún secreta, que permite dirigir un ataque contra a un número mucho mayor de personas aunque no estén claramente identificadas, y que relaja el requisito de tener la “certeza casi absoluta” de que está presente un objetivo legítimo.

En el informe Deadly Assistance, Amnistía Internacional expone cómo Reino Unido, Alemania, Países Bajos e Italia pueden ser responsables de ayudar en operaciones estadounidenses potencialmente ilegales con drones y pueden estar incumpliendo las obligaciones contraídas por ellos mismos en virtud del derecho internacional. El informe destaca también la manera en que el clima de secreto dificulta determinar qué salvaguardias han puesto en marcha estos Estados —si es que han puesto en marcha alguna— para garantizar que no ayudan en ataques ilegales con drones.

Deadly Assistance explora cómo:

  • Reino Unido, Alemania y Países Bajos proporcionan información que permite a Estados Unidos localizar posibles objetivos para vigilancia adicional o ataques con drones;
  • Alemania y Países Bajos proporcionan metadatos (por ej., información sobre comunicaciones, como la hora y la ubicación de llamadas telefónicas) que podría utilizarse para atacar a gente;
  • Reino Unido, Alemania e Italia permiten a Estados Unidos tener bases en su territorio, lo que proporciona una infraestructura crucial de comunicaciones e información que permite la transmisión de información entre quienes manejan los drones desde Estados Unidos y los drones armados que lanzan ataques mortales por todo el planeta;
  • Italia permite a Estados Unidos lanzar drones armados desde una base estadounidense en Sicilia para ataques defensivos.

Es probable que estos acuerdos sean la punta del iceberg en lo que se refiere a la compleja y sofisticada red de apoyo europea para los ataques estadounidenses con drones.

Ayuda secreta

La falta de transparencia que caracteriza el programa estadounidense de drones ha impedido la rendición de cuentas y el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias. Un informe publicado en 2013 por Amnistía Internacional documentó múltiples ataques con drones en Pakistán que habían causado la muerte de 18 trabajadores, incluidos un niño de 14 años y una mujer de 68.

Estados Unidos llama a estos homicidios “homicidios selectivos”, pero los datos sugieren que son cualquier cosa menos eso.
Rasha Abdul Rahim

Estados Unidos nunca se ha comprometido públicamente a investigar los casos de posible homicidio ilegítimo documentados por Amnistía Internacional, y tampoco ha proporcionado su propia versión de los hechos.

En los casos en los que se ha establecido una conexión entre la ayuda europea y ataques posiblemente ilegales lanzados dentro del programa estadounidense de drones, con frecuencia ha habido una negativa similar de los gobiernos implicados a investigar o colaborar.

Por ejemplo, en 2015, unos documentos de la Jefatura de Comunicaciones del Gobierno (GCHQ) británica entregados a The Guardian por Edward Snowden mostraron que un programa de vigilancia ubicado en Reino Unido había facilitado un ataque con drones lanzado en Yemen en marzo de 2012 que había seleccionado y matado a dos hombres descritos como miembros de Al Qaeda en la Península Arábiga. Según la Oficina de Periodismo de Investigación, el ataque mató también a un civil, un hombre de 60 años, e hirió a entre seis y nueve civiles, seis de ellos menores de edad. La GCHQ declinó hacer comentarios por aquel entonces.

“El secretismo extremo que rodea el programa estadounidense de drones —incluidos sus acuerdos con otros Estados— ha dado lugar a una falta generalizada de rendición de cuentas, tanto para Estados Unidos como para sus socios europeos”, ha manifestado Rasha Abdul Rahim.

“Se está utilizando la seguridad nacional como pretexto para eludir el escrutinio. Asusta pensar que los Estados europeos están brindando una ayuda que podría ser utilizada por Estados Unidos para tomar decisiones de vida o muerte sin apenas supervisión.”

Amnistía Internacional ha manifestado especial preocupación por la exactitud y la fiabilidad de la “inteligencia de señales” (SIGINT, por sus siglas en inglés) que Estados Unidos suele recopilar de socios extranjeros y utiliza para dirigir ataques contra personas. Según una investigación de The Intercept, unos documentos del Pentágono filtrados muestran que, durante un periodo de cinco meses en 2013, el 90 por ciento de las personas muertas en ataques con drones estadounidenses en la Operación Haymaker (una campaña de las unidades de operaciones especiales en el nordeste de Afganistán) eran blancos no intencionados. No está claro si desde entonces Estados Unidos ha establecido salvaguardias en torno a su uso de la inteligencia de señales.

“Estados Unidos llama a estos homicidios ‘homicidios selectivos’, pero los datos sugieren que son cualquier cosa menos eso”, ha afirmado Rasha Abdul Rahim.

“En este momento crucial, los Estados europeos deben defender el Estado de derecho y revisar su ayuda a este mortífero programa.”

Amnistía Internacional pide a Reino Unido, Alemania, Países Bajos e Italia que se abstengan de ayudar a ataques estadounidenses con drones que puedan violar el derecho internacional de los derechos humanos, aplicable al uso de drones armados por parte de Estados Unidos en todo momento, o el derecho internacional humanitario, aplicable a los ataques con drones lanzados como parte de un conflicto armado.

Amnistía Internacional pide también a estos cuatro Estados que, si aún no lo han hecho, abran investigaciones públicas exhaustivas sobre su ayuda al programa estadounidense de drones.

Los Estados deben garantizar que se llevan a cabo investigaciones inmediatas, exhaustivas, independientes e imparciales sobre todos los casos en los que existan motivos razonables para creer que han prestado ayuda a un ataque con drones estadounidenses que haya causado homicidios ilegítimos. También deben dar explicaciones con urgencia a la opinión pública sobre kas salvaguardias que han puesto para garantizar que no están contribuyendo a que se comentan ataques con drones estadounidenses.

Amnistía Internacional también insta a Estados Unidos a hacer públicas las nuevas directrices sobre el uso de fuerza letal en otros países, incluidas las reglas concretas sobre la puesta en marcha de operaciones letales.

Aunque Amnistía Internacional no se opone al uso de drones armados, ha exhortado sistemáticamente a Estados Unidos a garantizar que su uso de estas armas cumple con las obligaciones que ha contraído en virtud del derecho internacional, incluidos el derecho internacional de los derechos humanos y, cuando sea aplicable, el derecho internacional humanitario.

See Principios fundamentales sobre el uso y la transferencia de drones armados.

Respuestas de los gobiernos

Amnistía Internacional envió resúmenes de sus conclusiones y preocupaciones a los gobiernos de Reino Unido, Alemania, Países Bajos e Italia. En el momento de publicarse el informe, sólo los gobiernos de Países Bajos y Alemania habían respondido.

Países Bajos respondió que no coopera con homicidios selectivos ilegítimos. También declaró que la ministra de Defensa había adoptado e implementado una serie de recomendaciones formuladas por el Comité de Revisión Neerlandés sobre los Servicios de Inteligencia y Seguridad (Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten) respecto a las salvaguardias para prevenir la entrega de información que pudiera ser empleada por otros Estados para hacer un uso ilegítimo de la fuerza.

Sin embargo, la respuesta confirmó que Países Bajos no tiene una política específica sobre la prestación de ayuda a operaciones estadounidenses letales, incluido el programa estadounidense de drones. En lugar de eso, aplica al intercambio de datos un marco general en virtud del cual antes de compartir datos se evalúan diversos factores, incluidos el respeto del derecho internacional humanitario y la política de derechos humanos del país en cuestión, y según el cual la cooperación se reevalúa en determinadas circunstancias.

El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán respondió diciendo que, en relación a las preguntas sobre los servicios de inteligencia, sólo puede compartir información con los comités de control parlamentarios pertinentes, cuyas comunicaciones son secretas. El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán dijo que no podía responder a algunas de las preguntas planteadas en la carta de Amnistía Internacional a causa del litigio en curso sobre el papel de Alemania en los ataques estadounidenses con drones.