Kareem Chehayeb
Investigador sobre el Golfo
En la reunión del Foro Económico Mundial celebrada en Davos esta semana, Adel al Jubeir, ministro saudí de Asuntos Exteriores, anunció ambiciosos planes para acometer una “transformación fundamental” del país.
“El mundo no está acostumbrado a ver que Arabia Saudí actúe con rapidez y firmeza”, dijo a los líderes mundiales reunidos.
Era la última maniobra en la reciente ofensiva de relaciones públicas emprendida por Arabia Saudí, en la que también hemos visto al príncipe heredero Mohammad bin Salman prometer la modernización y levantar la tristemente famosa prohibición de conducir impuesta a las mujeres. Pero hasta ahora sólo ha habido cambios superficiales, y las graves violaciones de derechos humanos cometidas dentro y fuera del país siguen siendo importantes obstáculos para una reforma significativa en Arabia Saudí.
Las mujeres conductoras y los cines recién legalizados ocupan titulares, pero son medidas que se quedan en la mera superficie de la reforma que se necesita en el país. Las violaciones de derechos humanos no son esporádicas, sino sistemáticas; para hablar en serio de progreso, Arabia Saudí necesita acometer una reforma estructural de base.
Estos son los pasos fundamentales que Arabia Saudí tendrá que dar para ver realizadas sus aspiraciones:
Acabar con la represión de activistas, periodistas, intelectuales y disidentes
La represión de activistas, periodistas, intelectuales y disidentes en Arabia Saudí se ha intensificado en los últimos meses, desde que Mohammad bin Salman fue nombrado príncipe heredero.
Hace unos días, un tribunal antiterrorista saudí condenó a Mohammad al Otaibi y Abdullah al Attawi —primeros defensores de los derechos humanos en ser condenados desde el nombramiento del príncipe heredero— a 14 y 7 años de prisión, respectivamente, por el cargo principal de fundar una organización de derechos humanos, y otros muchos, entre ellos: “propagar el caos e instigar a la opinión pública”, “publicar declaraciones dañinas para la reputación del Reino y sus instituciones judiciales y de seguridad” y “participar en el establecimiento de una organización y anunciarla antes de tener autorización”.
Además, las autoridades continuaron llevando a juicio a defensores y defensoras de los derechos humanos ante el tribunal antiterrorista por cargos relacionados con su activismo pacífico.
Ninguno de estos cargos debería considerarse delito, como tampoco debería considerarse “terrorista” a ningún defensor o defensora de los derechos humanos. Las duras condenas dictadas parecen indicar que salvaguardar la libertad de expresión no forma parte de la “transformación” prometida.
Acabar con la discriminación sistemática de las mujeres
Mujeres y niñas siguen sufriendo una arraigada discriminación en Arabia Saudí, y están jurídicamente subordinadas a los hombres en relación con el matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos y la herencia. Con arreglo al sistema de tutela, una mujer no puede tomar decisiones por su cuenta, sino que es un familiar varón quien debe decidirlo todo en representación suya.
Arabia Saudí no puede afirmar de ninguna manera verosímil que aspira a la reforma si no aborda esta escandalosa desigualdad.
Acabar con la persecución de la minoría chií
La libertad de religión sigue siendo un sueño imposible en Arabia Saudí, y esto queda especialmente de manifiesto en la persecución de la minoría musulmana chií, que lleva años sufriendo discriminación social y económica.
Se sigue persiguiendo, deteniendo y, en muchos casos, condenando a muerte tras juicios manifiestamente injustos a activistas de la comunidad minoritaria chií por participar en protestas contra el gobierno y manifestar sus discrepancias. En 2017, cuatro hombres chiíes fueron ejecutados por delitos relacionados con su participación en protestas antigubernamentales. En 2016, 14 hombres chiíes fueron condenados a muerte tras un juicio manifiestamente injusto en el que fueron declarados culpables de delitos relacionados con protestas.
Acabar con la pena de muerte y con la tortura
Arabia Saudí está entre los países que ejecutan a mayor número de personas en el mundo; allí es habitual condenar a muerte y ejecutar a personas tras juicios flagrantemente injustos.
En julio de 2016, Abdulkareem al Hawaj, de 21 años, fue condenado a muerte por una diversidad de delitos en relación con su participación en protestas contra el gobierno cuando tenía 16 años. A pesar de que Al Hawaj asegura que en los interrogatorios fue torturado para que “confesara”, el juez no ha abierto una investigación sobre sus denuncias y, al parecer, ha basado su fallo condenatorio en la “confesión” presuntamente obtenida mediante tortura. La condena fue confirmada en julio de 2017, y Al Hawaj corre peligro de ejecución inminente.
El derecho internacional prohíbe usar pruebas contaminadas por tortura así como imponer la pena de muerte a alguien por delitos cometidos cuando era menor de edad. Sin embargo, la clase de injusticia sufrida por Abdulkareem al Hawaj es alarmantemente común.
Se ha demostrado una y otra vez que la pena de muerte no disuade de cometer delitos, y Arabia Saudí sigue dictando la pena de muerte por delitos no violentos y tras juicios manifiestamente injustos. Además, estos casos demuestran que las autoridades saudíes siguen usando la pena capital como arma política contra la minoría chií para reprimir la disidencia.
¿Buscan dar ejemplo en la región? No se olviden de Yemen
Arabia Saudí acaba de lanzar una campaña masiva para promover sus donaciones de ayuda humanitaria a Yemen. Pero, mientras da dinero con una mano, con la otra suelta una lluvia de bombas sobre hospitales, escuelas y viviendas civiles. La coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen ha perpetrado violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos crímenes de guerra.
Amnistía Internacional ha documentado reiterados ataques indiscriminados y otras violaciones graves de derechos humanos por parte de la coalición dirigida por Arabia Saudí en Yemen que han causado la muerte y lesiones civiles, incluidos niños y niñas. Aun así, países como Estados Unidos, Reino Unido y Francia siguen firmando lucrativos acuerdos sobre armamento con Arabia Saudí y otros miembros de la coalición.
Además, las restricciones sobre la ayuda humanitaria y sobre la importación de artículos básicos han impedido o retrasado la entrada de alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales, y han puesto en peligro a millones de yemeníes. No se pueden mitigar los demoledores efectos de estas restricciones con tácticas publicitarias sobre la ayuda humanitaria de Arabia Saudí.
¿Quieren progreso? Miren a la sociedad civil saudí
Los dirigentes de Arabia Saudí han anunciado que el progreso es su meta principal. Pero, de momento, muchos de los principales catalizadores del progreso están en el exilio, en la cárcel o viviendo callados por el miedo entre la población general.
Activistas de derechos humanos, intelectuales, periodistas, ciudadanos y residentes no son el enemigo, sino agentes dinámicos de una reforma positiva. Sus protestas, escritos y acciones de defensa de la reforma política y social son todas en aras del progreso en Arabia Saudí.
El ministro de Exteriores Al Jubeir dijo en Davos: “se ha criticado a Arabia Saudí por avanzar muy despacio; ahora está actuando deprisa”. Lo fundamental de ese progreso es que incluya a todos: mujeres, minorías, personas con opiniones discrepantes. Arabia Saudí debe tomar nota de las críticas recibidas sobre su historial de derechos humanos y demostrar su disposición a adoptar medidas drásticas en favor del cambio.