Convertir a ciudadanos en apátridas y desterrarlos obligándolos a abandonar el país constituye una violación del derecho internacional.
Lynn Maalouf, directora de Investigación de Amnistía Internacional para Oriente Medio
El gobierno de Bahréin ha expulsado a cuatro de sus ciudadanos cuya nacionalidad había retirado en 2012, y con ello ha dado muestras una vez más del constante y sostenido desprecio del reino hacia su propia ciudadanía y hacia los derechos humanos y el derecho internacional en general. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
Los hermanos Ismail e Ibrahim Darwish fueron expulsados a Irak a las nueve de la mañana del 28 de enero de 2018, y a ellos los siguieron Adnan Kamal y Habib Darwish el 29 de enero de 2018. A otras cuatro personas —Mohammed Ali, Abdul Amir, Abdulnabi Almosawi y la esposa de éste, Maryam Redha–, a las que también retiraron la nacionalidad aquel mismo año, les han dicho que las van a expulsar a Irak el 1 de febrero de 2018.
“El gobierno de Bahréin está utilizando la retirada de la nacionalidad —y convirtiendo en apátridas en el proceso a muchos de sus ciudadanos y ciudadanas— y la expulsión como herramientas para aplastar toda forma de oposición, disidencia y activismo”, ha manifestado Lynn Maalouf, directora de Investigación sobre Oriente Medio.
“Y esto lo está haciendo sin apenas rechazo de la comunidad internacional, incluidos aliados clave como Reino Unido que podrían utilizar su influencia para condenar públicamente estos actos.”
“Convertir a ciudadanos en apátridas y desterrarlos obligándolos a abandonar el país constituye una violación del derecho internacional. Las autoridades bahreiníes deben detener de inmediato todas las expulsiones previstas, permitir que quienes ya han sido expulsados regresen al país y devolverles su nacionalidad.”
Los cuatro hombres que han sido expulsados forman parte de un grupo de 31 personas de ciudadanía bahreiní a quienes se privó de su nacionalidad el 7 de noviembre de 2012 alegando que habían causado “daño a la seguridad del Estado”. Entre esas 31 personas, a las que nunca se comunicó oficialmente esta decisión y que se enteraron de ella por los medios de comunicación, se encuentran activistas que ahora están en el exilio, un abogado, clérigos chiíes, dos ex parlamentarios y otras personas sin filiación política o religiosa.
Desde 2011, las autoridades de Bahréin han retirado la nacionalidad a más de 550 personas, de ellas al menos 150 en 2017.
El artículo 10 de la Ley de Ciudadanía reformada de Bahréin estipula que puede retirarse la nacionalidad si la persona presta servicio militar en un país extranjero, ayuda a un país enemigo o se pone a su servicio o causa daño a la seguridad del Estado.
La redacción de este párrafo es demasiado amplia, y no define claramente qué constituiría “daño a la seguridad del Estado”, con lo que permite al Estado aplastar el ejercicio legítimo y pacífico del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión mediante la retirada de la nacionalidad, incluso aunque al hacerlo convierta a las personas en apátridas.
Información complementaria
El 28 de octubre de 2014, un tribunal de primera instancia de la capital de Bahréin, Manama, ordenó la expulsión de 10 personas pertenecientes a un grupo de 31 a quienes se había retirado arbitrariamente la nacionalidad bahreiní el 7 de noviembre de 2012, además de imponerles una multa de 100 dinares bahreiníes.
El 29 de enero de 2018, el Tribunal de Casación confirmó la retirada de la nacionalidad y la condena a un año de prisión, con suspensión de tres años de la pena, de Sheikh Isa Qassem, el clérigo chií más destacado del país y líder espiritual del partido de oposición Al Wefaq; Sheikh Isa Qassem también corre ahora peligro de ser expulsado del país.