- Más de 30.000 personas han sido desalojadas por la fuerza de asentamientos en el estado de Lagos, en violación de varias resoluciones judiciales
- 11 personas han sido víctimas de homicidios ilegítimos y al menos 17 están desaparecidas tras desalojos violentos llevados a cabo por las fuerzas de seguridad y por hombres armados sin identificar
- Otras 300.000 personas afrontan la amenaza de nuevos desalojos forzosos
- No se consultó a la población desalojada, que tampoco recibió indemnizaciones ni viviendas alternativas
Las autoridades nigerianas deben poner fin a la campaña violenta e ilegal de demoliciones y desalojos forzosos de comunidades ribereñas en el estado de Lagos, que ya ha dejado sin hogar a más de 30.000 personas y ha provocado 11 muertes, Amnistía Internacional señaló hoy.
Un nuevo informe, The Human Cost of a Megacity: Forced Evictions of the Urban Poor in Lagos, detalla los desalojos forzosos reiterados que se han llevado a cabo en las comunidades de Otodo-Gbame e Ilubirin desde marzo de 2016, sin consultar a las personas afectadas ni darles un aviso previo adecuado, una indemnización ni una vivienda alternativa. Algunas de las personas desalojadas se ahogaron al huir de los disparos de las fuerzas policiales y al menos una murió como consecuencia directa de esos disparos.
Los desalojos forzosos significan que lo pierden todo: sus fuentes de ingresos, sus posesiones y, en algunos casos, la vida.
Osai Ojigho, director nacional de Amnistía Internacional Nigeria
“Estos implacables desalojos forzosos son solo los ejemplos más recientes de una práctica que se registra desde hace más de una década en Nigeria, en un completo desafío al derecho internacional”, afirmó Osai Ojigho, director nacional de Amnistía Internacional Nigeria.
“Para los habitantes de estas comunidades desfavorecidas, muchos de los cuales dependen de su pesca diaria para ganarse la vida, la orilla del agua es su hogar, su lugar de trabajo y la base de su supervivencia. Los desalojos forzosos significan que lo pierden todo: sus fuentes de ingresos, sus posesiones y, en algunos casos, la vida.”
“Las autoridades del estado de Lagos deben detener estos ataques contra comunidades pobres a las que se castiga por los fallos del estado en materia de urbanismo. La inestabilidad y la incertidumbre que provocan los desalojos forzosos les está arruinando la vida, ya que quedan totalmente desamparadas.”
En el contexto de su investigación, Amnistía Internacional habló con 97 personas desalojadas, y todas ellas transmitieron un relato similar de quedarse sin hogar y perder casi todas sus pertenencias.
Comunidades atacadas
Entre noviembre de 2016 y abril de 2017, las autoridades del estado de Lagos desalojaron por la fuerza y con violencia a más de 30.000 habitantes de la comunidad de Otodo-Gbame, en las afueras de la ciudad de Lagos.
En el primer desalojo, en la medianoche del 9 de noviembre, las fuerzas policiales y hombres armados no identificados obligaron a huir a varios habitantes de la zona con disparos y gas lacrimógeno, e incendiaron viviendas mientras las excavadoras las demolían.
Residentes de la zona, en un estado de pánico, trataron de huir y ponerse a salvo en medio del caos, y varios testigos presenciales denunciaron que algunas personas se ahogaron en la laguna cercana al escapar de los disparos.
Una de las desalojadas, Celestine Ahinsu, relató a Amnistía Internacional: “Al cabo de un par de días, empezamos a ver los cadáveres flotando. Yo vi tres: un hombre con una mochila y una embarazada con un bebé a la espalda. Los jóvenes de la comunidad sacaron los cadáveres del agua. Los familiares de la embarazada y el niño vinieron a llevarse sus cuerpos”.
Se cree que 9 personas se ahogaron durante el desalojo, y otras 15 permanecen en paradero desconocido.
De los 4.700 habitantes de la zona que permanecieron en Otodo-Gbame tras el desalojo, algunos dormían en canoas o a la intemperie y se cubrían con plásticos cuando llovía.
Aunque es posible que el estado tenga que abordar problemas ambientales y de seguridad, destruir los hogares de la población y desalojar por la fuerza a miles de personas que viven a orillas del agua en Lagos es una respuesta totalmente desproporcionada y no resuelve nada.
Osai Ojigho, director nacional de Amnistía Internacional Nigeria
Cuatro meses después, en marzo de 2017, las fuerzas de seguridad estatales, con apoyo de hombres sin identificar armados con machetes, pistolas y hachas, desalojaron a la fuerza a quienes se habían quedado.
Cuando los habitantes de la zona protestaban, la policía los atacaba. Daniel Aya, padre de dos hijos, murió tras recibir disparos en el cuello.
Los desalojos forzosos se produjeron en violación directa de resoluciones judiciales emitidas el 7 de noviembre de 2016 y el 26 de enero de 2017. En algunos casos, se desalojó a habitantes de la zona mientras estos y estas mostraban a la policía copias de la resolución judicial que debía impedir que el gobierno demoliera sus hogares.
Mientras tanto, 823 habitantes de la cercana comunidad de Ilubirin fueron objeto de desalojos forzosos entre el 19 de marzo de 2016 y el 22 de abril de 2017.
Se les avisó por escrito del desalojo con sólo 12 días de antelación y, después, representantes del gobierno del estado de Lagos y decenas de agentes de policía sacaron de sus hogares a las personas afectadas y destruyeron todas las estructuras de la comunidad con fuego y herramientas para cortar madera.
Las personas desalojadas retornaron después a la zona y reconstruyeron sus estructuras, pero éstas fueron demolidas seis meses después, sin consultas y con un aviso previo oral de solo dos días.
Respuesta incoherente del gobierno estatal
Las explicaciones del gobierno del estado de Lagos sobre estos desalojos forzosos han sido reiteradamente incoherentes.
En noviembre de 2016, negó cualquier responsabilidad por los desalojos forzosos y culpó de ellos a un enfrentamiento comunitario, a consecuencia del cual se produjeron incendios que arrasaron la comunidad.
En marzo de 2017, el gobierno estatal señaló que sus acciones durante dicho mes tenían como objetivo proteger la higiene ambiental.
El 9 de octubre de 2016, el gobernador de Lagos señaló asimismo que se pretendía que las demoliciones de viviendas a orillas del agua detuvieran el aumento de los secuestros en el estado, alegando que las estructuras ilegales sirven de guarida a delincuentes.
En abril de 2017, el Ministerio de Justicia del estado afirmó que el gobierno había desalojado por la fuerza a miles de habitantes de Otodo-Gbame porque tenía razones para pensar que había “extremistas que se escondían entre la población en Otodo-Gbame y que estaban perfeccionando sus planes para atacar los entornos de Lekki y de la isla Victoria, empleando como base ese asentamiento”.
“Aunque es posible que el estado tenga que abordar problemas ambientales y de seguridad, destruir los hogares de la población y desalojar por la fuerza a miles de personas que viven a orillas del agua en Lagos es una respuesta totalmente desproporcionada y no resuelve nada. Los desalojos forzosos están totalmente prohibidos por el derecho internacional y nunca están justificados”, señaló Ojigho.
Falta de salvaguardias y necesidad de una investigación
Todos los desalojos forzosos en las comunidades de Ilubirin y Otodo-Gbame se produjeron sin consultar verdaderamente a la población afectada, sin dar a esas personas un aviso previo adecuado, sin indemnizarlas ni facilitarles viviendas alternativas, en contra de las obligaciones de Nigeria en virtud del derecho internacional. Como consecuencia de eso, muchas de las personas desalojadas están sin hogar y han perdido sus fuentes de ingresos.
“El gobierno de Lagos debe crear una comisión de investigación para indagar sobre los desalojos forzosos y los ataques perpetrados en Ilubirin y Otodo-Gbame. Todas las personas responsables de actos delictivos, incluidos los agentes estatales, deben responder ante la justicia en juicios justos”, señaló Ojigho.
Debe haber una moratoria de los desalojos masivos hasta que el gobierno estatal de Lagos tenga vigente una reglamentación que garantice que los desalojos cumplan las normas internacionales.
“Por último, las autoridades deben poner urgentemente en marcha una investigación sobre el paradero de todas las personas cuya desaparición se ha denunciado tras los desalojos forzosos de Ilubirin y Otodo-Gbame.”
Información complementaria
Las conclusiones del informe de Amnistía Internacional se basan en 18 investigaciones de campo realizadas por investigadores, que incluyeron entrevistas con 124 personas y el análisis de fotos, videos y documentos como expedientes hospitalarios y sentencias judiciales.
Se celebraron ocho reuniones con representantes gubernamentales, y se entrevistó a 17 autoridades del gobierno del estado de Lagos y de la policía nigeriana. Los peritos forenses analizaron fotos de cadáveres de personas desalojadas, casquillos de bala y recipientes de gas lacrimógeno hallados en la comunidad de Otodo-Gbame después de los desalojos forzosos.
El informe documenta asimismo al menos tres casos entre el 9 de noviembre de 2016 y el 9 de abril de 2017 en los que la población de Otodo-Gbame fue atacada por hombres armados a los que identificó como procedentes de la comunidad vecina de Ikate Elegushi. Al menos 15 personas sufrieron lesiones de diversa consideración y una persona murió en esos ataques. Además, el 16 de febrero de 2015, la comunidad de Ilubirin fue atacada por hombres armados, y desaparecieron dos niños (con lo que asciende a 17 el total de personas cuya desaparición se ha denunciado en las dos comunidades).
Amnistía Internacional compartió sus conclusiones con las autoridades del estado de Lagos, pero no ha recibido respuesta.
Entre 2000 y 2009, las autoridades nigerianas desalojaron por la fuerza a más de dos millones de personas. En febrero de 2013, las autoridades del estado de Lagos desalojaron por la fuerza a al menos 9.000 personas de Badia East para hacer sitio a un proyecto de construcción gubernamental. En septiembre de 2015, alrededor de 10.000 personas fueron desalojadas de Badia West y de las partes restantes de Badia East.
Nigeria es Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y en otros tratados internacionales y regionales de derechos humanos en virtud de los cuales debe hacer efectivo el derecho a una vivienda adecuada, además de otros derechos económicos y sociales, y no llevar a cabo desalojos forzosos, sino prevenirlos.