La comunidad internacional debe ayudar a garantizar que ninguna persona refugiada rohingya es obligada a regresar a Myanmar mientras corra peligro de sufrir violaciones graves de derechos humanos tras la cruel campaña de limpieza étnica emprendida por el ejército. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
Esta semana, los gobiernos de Bangladesh y Myanmar anunciaron que han establecido un grupo de trabajo para debatir la repatriación de las personas refugiadas rohingyas. Más de 500.000 mujeres, hombres, niñas y niños rohingyas huyeron en poco más de un mes de una operación militar en el estado de Rajine.
Aunque es positivo que Myanmar y Bangladesh estén debatiendo opciones para el regreso seguro de las personas rohingyas a sus hogares, este debe ser un proceso voluntario, y no debe dar lugar a un esfuerzo apresurado e imprudente de obligar a la gente a regresar contra su voluntad. Nadie debe ser obligado a volver a una situación en la que seguirá enfrentándose a graves violaciones de derechos humanos y discriminación y segregación sistémicas.
Audrey Gaughran, directora de Asuntos Globales de Amnistía Internacional
“Aunque es positivo que Myanmar y Bangladesh estén debatiendo opciones para el regreso seguro de las personas rohingyas a sus hogares, este debe ser un proceso voluntario, y no debe dar lugar a un esfuerzo apresurado e imprudente de obligar a la gente a regresar contra su voluntad. Nadie debe ser obligado a volver a una situación en la que seguirá enfrentándose a graves violaciones de derechos humanos y discriminación y segregación sistémicas”, ha manifestado Audrey Gaughran, directora de Asuntos Globales de Amnistía Internacional.
“La atroz campaña del ejército de Myanmar contra los rohingyas en el estado de Rajine constituye crímenes de lesa humanidad. La primera e ineludible condición que se debe cumplir antes de que se haga realidad cualquier plan de repatriación es el final incondicional de la violencia. Pero no basta con eso: el gobierno de Myanmar también debe poner fin a la arraigada discriminación que ha atrapado desde hace décadas a los rohingyas en un círculo de privación y abusos.”
El 2 de octubre, en Dhaka, el ministro de Asuntos Exteriores de Bangladesh, AH Mahmood Ali, dijo que, tras una reunión entre autoridades de los dos países, Myanmar había “mostrado interés” en aceptar de vuelta a las personas refugiadas rohingyas. Los detalles de la propuesta aún no se han hecho públicos, y no está claro si sólo abarca las oleadas recientes de personas refugiadas o también a las que llevan décadas viviendo en Bangladesh.
En la década de 1990 y principios de la de 2000, decenas de miles de personas refugiadas rohingyas fueron devueltas de Bangladesh a Myanmar en una operación de repatriación en gran escala, con la ayuda del ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. Las personas que retornaron han seguido enfrentándose a una discriminación sistemática promovida por el gobierno y a oleadas de violencia en el estado de Rajine.
Por aquel entonces, los grupos de defensa de los derechos, incluida Amnistía Internacional, plantearon serios motivos de preocupación por el hecho de que se obligara a la gente a regresar contra su voluntad con una consulta mínima, y por que durante el proceso se estaba dejando al margen a las agencias internacionales, incluida la ONU.
El retorno forzoso de personas refugiadas viola el principio de no devolución (non-refoulement), la prohibición absoluta, plasmada en el derecho internacional y consuetudinario, de devolver a personas a un territorio en el que puedan enfrentarse a un peligro para su vida o a otras violaciones graves de derechos humanos. Para que cualquier proceso de retorno sea realmente voluntario, a los rohingyas deben proporcionárseles también alternativas al regreso, incluida la opción de pedir protección internacional.
“A las personas refugiadas rohingyas debe permitírseles regresar a sus hogares voluntariamente y de manera segura y digna. El gobierno de Myanmar debe hacer todos los esfuerzos posibles por reconstruir las comunidades y los pueblos destruidos por los combates, y para poner fin a la arraigada discriminación y segregación de la población rohingya que subyace en el centro de esta crisis”, ha manifestado Audrey Gaughran.
Las autoridades de Myanmar habían indicado anteriormente que todo retorno de personas refugiadas debería ser “verificado”, y que a dichas personas podría pedírseles que presentaran pruebas de su ciudadanía o residencia en Myanmar.
“Las autoridades de Myanmar llevan años negando la ciudadanía a los rohingyas y privándolos de otras formas de demostrar su identidad. No es razonable esperar que unas personas que huyen para salvar la vida se aseguren de llevar consigo los documentos necesarios como parte de un proceso de ‘verificación’”, ha manifestado Audrey Gaughran.
“También es realmente necesario que la comunidad internacional y la ONU supervisen todo proceso de repatriación. Bangladesh ha demostrado una generosidad excepcional al abrir sus fronteras y acoger a cientos de miles de personas que, en el último mes, han huido desesperadas. La comunidad internacional debe intervenir para ayudar a Dhaka a afrontar la crisis actual y sus secuelas.”
En las últimas semanas, las autoridades bangladeshíes han hablado también públicamente de la necesidad de establecer “zonas seguras” dentro de Myanmar. Sin embargo, esas “zonas seguras” tienen un historial de altibajos cuando se han establecido en otros conflictos. Por ejemplo, tanto en Bosnia y Herzegovina en 1993 como en Sri Lanka en 2009, las “zonas seguras” no previnieron los homicidios en masa y otros abusos contra los derechos humanos de las personas que huían.
“Las peticiones de zonas seguras, por bien intencionadas que sean, deben tratarse con una cautela extrema. La experiencia pasada demuestra que esas zonas no sólo pueden facilitar los abusos contra las personas desplazadas, sino que además pueden impedir que la gente huya para ponerse a salvo. En el estado de Rajine, esas zonas pueden asimismo afianzar aún más el aislamiento y la segregación de la comunidad rohingya”, ha manifestado Audrey Gaughran.
También resulta preocupante el anuncio realizado a principios de septiembre por las autoridades de Myanmar de que iban a establecer campos de desplazados y zonas de asentamiento en el norte del estado de Rajine.
Los campos de desplazados establecidos en Myanmar principalmente para la población rohingya tras las oleadas de violencia de 2012 han sido poco más que prisiones al aire libre en las que mujeres, hombres, niñas y niños vivían en condiciones deplorables, y a las que el gobierno restringía el acceso de las agencias de ayuda humanitaria. Esos campos han cimentado el aislamiento del mundo exterior de decenas de miles de rohingyas.
“La comunidad internacional debe transmitir un mensaje que indique claramente que no permitirá una repetición de lo sucedido en 2012. Los donantes deben establecer líneas rojas y dejar claro que no financiarán ninguna propuesta de ‘solución’ que conduzca a retornos forzados desde Bangladesh, o al desplazamiento y la segregación continuada de los rohingyas. Si no lo hacen, no sólo apoyarán la continuación de las violaciones de derechos humanos, sino que convertirán en cómplice de ellas a la comunidad internacional”, ha manifestado Audrey Gaughran.