La decisión de Israel de negar a un miembro del personal de Amnistía Internacional Estados Unidos la entrada a la Cisjordania ocupada, al parecer como represalia contra el trabajo de derechos humanos de la organización, es un peligroso indicio de la creciente intolerancia de las autoridades israelíes respecto a las voces críticas. Así lo ha manifestado la organización hoy.
A Raed Jarrar, director de Captación de Apoyos para Oriente Medio y el Norte de África en Amnistía Internacional Estados Unidos, le dieron ayer el alto en el paso de Allenby/Rey Hussein entre Jordania y la Cisjordania ocupada por Israel, cuando realizaba un viaje personal para visitar a su familia en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) tras la reciente muerte de su padre. Los funcionarios israelíes le preguntaron por los motivos de su visita, su familia en los TPO, su trabajo en Amnistía Internacional y, en particular el trabajo de la organización denunciando los asentamientos israelíes en Cisjordania, antes de negarle la entrada y devolverlo a Jordania. Amnistía Internacional pedirá a las autoridades israelíes una aclaración oficial de por qué se le negó la entrada.
“El hecho de que se haya impedido la entrada a Raed Jarrar después de interrogarlo sobre su trabajo en Amnistía Internacional parece sugerir que esta decisión se tomó como represalia por el trabajo de la organización sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en los TPO”, ha manifestado Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia para Oriente Medio y el Norte de África en Amnistía Internacional.
“Esta parece ser otra ominosa señal de la determinación de las autoridades israelíes de silenciar a las organizaciones de derechos humanos y a los y las activistas que critican al gobierno de Israel. Contradice las reiteradas afirmaciones del gobierno de que Israel es un Estado tolerante, que respeta los derechos humanos.”
Esta decisión contradice las reiteradas afirmaciones del gobierno de que Israel es un Estado tolerante, que respeta los derechos humanos.
Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia para Oriente Medio y el Norte de África
Raed Jarrar viajaba con Alli McCracken, responsable de campañas sobre Norteamérica de Amnistía Internacional. También a ella la interrogaron sobre sus visitas anteriores a Cisjordania. No le negaron la entrada, pero ella decidió no entrar sin Raed Jarrar.
Durante su interrogatorio, a Raed Jarrar le pidieron que explicara el trabajo de Amnistía Internacional y la naturaleza de su propia función en la organización. En un momento dado, los funcionarios le preguntaron: ¿“Por qué tiene Amnistía Internacional un problema con Israel?”. Cuando él respondió que no tenía constancia de que hubiera un problema, los funcionarios se refirieron al trabajo de la organización sobre los “asentamientos de Cisjordania”, una aparente referencia a la reciente campaña de Amnistía Internacional para pedir a los Estados que prohíban la importación de productos procedentes de asentamientos israelíes. Los funcionarios mencionaron más tarde que habían leído acerca del trabajo de la organización sobre los asentamientos en el sitio web de Amnistía Internacional. A Raed Jarrar también le pidieron que diera nombres de personal de la Sección israelí de Amnistía Internacional en Tel Aviv y de la rama del Secretariado Internacional en Jerusalén.
Tras su interrogatorio, a Raed Jarrar le entregaron un documento que confirmaba que se le negaba la entrada en virtud de la Ley de Entrada a Israel por razones de “seguridad pública” u “orden público”, así como para “prevenir la inmigración ilegal”. Cuando él pidió que se lo aclararan, le dijeron que se le aplicaban los motivos de seguridad pública y orden público, pero no le dieron más explicaciones.
“Negar la entrada a un activista de derechos humanos por el hecho de que trabaje para una organización que ha criticado las violaciones de derechos humanos cometidas por Israel constituye un ataque flagrante a la libertad de expresión”, ha manifestado Philip Luther.
Negar la entrada a un activista de derechos humanos por el hecho de que trabaje para una organización que ha criticado las violaciones de derechos humanos cometidas por Israel constituye un ataque flagrante a la libertad de expresión.
Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia para Oriente Medio y el Norte de África
El mes pasado, la prensa publicó información según la cual el Ministerio de Economía israelí planea emprender acciones contra Amnistía Internacional en virtud de la controvertida ley antiboicot de 2011 por su campaña de junio de 2017 sobre los asentamientos. La organización pidió aclaración a las autoridades israelíes, pero aún no ha recibido respuesta oficial.
La campaña pide a los Estados de todo el mundo que dejen de apoyar económicamente la abusiva e ilegal política de Israel sobre los asentamientos impidiendo que los productos procedentes de los asentamientos israelíes lleguen a sus mercados y que las empresas de sus países trabajen en los asentamientos. Existe un consenso internacional de que los asentamientos israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados son ilegales y violan el derecho internacional; también alimentan abusos masivos contra la población palestina. El llamamiento de Amnistía Internacional se basa en la obligación, contraída por los Estados en virtud del derecho internacional, de no reconocer ni ayudar a una situación ilegal como la creada por los asentamientos israelíes.
Información complementaria
Antes de unirse a Amnistía Internacional, Raed Jarrar había visitado los TPO en cuatro ocasiones y nunca le habían negado la entrada. Alli McCracken había ido a Cisjordania seis veces anteriormente, y ha participado en eventos solidarios como la recolección anual de aceitunas.
La “Ley Antiboicot” promulgada por Israel en 2011 convierte en infracción civil el hecho de que cualquier ciudadano/a o institución israelí pida un boicot a instituciones o empresas israelíes como respuesta a la ocupación por parte de Israel o a los asentamientos ilegales en los TPO, y la enmienda a la Ley de Entrada a Israel aprobada en marzo de 2017 niega la entrada a Israel y los TPO a toda persona que apoye o pida un boicot tal como se define en la “Ley Antiboicot”. Las dos leyes son contrarias a la obligación de Israel de respetar el derecho a la libertad de expresión y a no sufrir discriminación por motivos de opinión política.
Amnistía Internacional no adopta postura alguna sobre los boicots, pero apoya el derecho a defender el boicot como forma de activismo protegida por el derecho a la libertad de expresión.