El gobierno de Hong Kong debe suspender los enjuiciamientos que tienen por objeto disuadir a las personas de ejercer la libertad de expresión en la ciudad; así lo ha manifestado Amnistía Internacional cuando va a cumplirse el tercer aniversario del Movimiento de los Paraguas de 2014 en favor de la democracia.
Una nube de incertidumbre se cierne sobre Hong Kong. La postura del gobierno está teniendo un efecto disuasorio sobre las libertades de expresión y reunión pacífica.
Mabel Au, directora de Amnistía Internacional Hong Kong.
Han pasado tres años desde que, a finales de 2014, arrancó la protesta sin precedentes de 79 días de duración, y decenas de manifestantes que fueron detenidos por su participación en manifestaciones en gran medida pacíficas todavía están en un limbo jurídico, sin saber con seguridad si se presentarán cargos en su contra.
“Tres años después de las manifestaciones del Movimiento de los Paraguas, una nube de incertidumbre se cierne sobre Hong Kong. La postura del gobierno está teniendo un efecto disuasorio sobre las libertades de expresión y reunión pacífica”, ha afirmado Mabel Au, directora de Amnistía Internacional Hong Kong.
“El gobierno debe suspender los enjuiciamientos que tienen el efecto de disuadir a las personas de participar en manifestaciones pacíficas, especialmente las relacionadas con asuntos delicados como la autonomía y la democracia de Hong Kong. El persistente oscurantismo de las autoridades ha sumido a los manifestantes en un limbo jurídico y tiene consecuencias perniciosas para los derechos humanos en Hong Kong.”
Efecto disuasorio
Según datos del gobierno, 955 personas fueron detenidas durante el Movimiento de los Paraguas. El gobierno detuvo a 48 personas más con posterioridad a las manifestaciones, en su mayoría personas clave implicadas en las protestas en favor de la democracia. Fueron detenidas por delitos muy diversos, entre ellos los de “reunión ilegal” y ”reunión no autorizada”.
Muchas quedaron en libertad tras el arresto, pero la policía les notificó que había investigaciones criminales en curso y que volverían a ser detenidas y acusadas formalmente si se hallaban pruebas suficientes para procesarlas.
Entre los 48 activistas prominentes que fueron detenidos con posterioridad a las manifestaciones del Movimiento de los Paraguas estaban el profesor adjunto Benny Tai, el reverendo Chu Yiu-ming y Chan Kin-man, detenidos por “reunión ilegal” en 2015. En marzo de 2017 se cambió el cargo contra ellos por el de “alteración del orden público”, de ambigua definición y que conlleva una pena máxima de siete años de prisión.
Amnistía Internacional ha escrito este mes al secretario de Justicia de Hong Kong, Rimsky Yuen, para pedirle aclaración sobre la situación jurídica de todos estos detenidos. En su respuesta, el Departamento de Justicia declara que 225 de las personas detenidas ya habían sido enjuiciadas o lo estaban siendo a fecha de 31 de agosto.
Asimismo subraya que, en dos casos de procesamiento por “reunión ilegal”, no fue una reunión pacífica sino que implicó violencia. Aunque Amnistía Internacional reconoce que hubo episodios aislados de violencia de pequeñas proporciones, las manifestaciones fueron abrumadoramente pacíficas. La presencia en una reunión pública de grupos más reducidos que recurren a la violencia no es razón suficiente para que la policía restrinja, prohíba o disuelva la reunión al completo.
Muchas de las acusaciones formuladas contra los activistas tienen que ver con acciones que formaban parte de unas manifestaciones en gran medida pacíficas, amparadas por el derecho internacional de los derechos humanos y que supuestamente están protegidas por la legislación de Hong Kong.
Cargos imprecisos
El cargo de “reunión ilegal” y otras disposiciones imprecisas contenidas en la Ordenanza de Orden Público de Hong Kong, y su aplicación, han recibido reiteradas críticas del Comité de Derechos Humanos de la ONU por no cumplir íntegramente el derecho internacional de los derechos humanos en lo referente al derecho de reunión pacífica.
En agosto, los dirigentes estudiantiles Joshua Wong, Alex Chow y Nathan Law fueron declarados culpables de estos delitos imprecisos por su papel en una manifestación que había contribuido a poner en marcha el Movimiento de los Paraguas, y condenados a cumplir entre seis y ocho meses de cárcel. En un principio el tribunal les había impuesto servicios comunitarios o condenas condicionales, pero el recurso presentado por la fiscalía, que pedía penas más severas, prosperó.
“Las detenciones arbitrarias y los enjuiciamientos de personas que participaron en el Movimiento de los Paraguas recurriendo a cargos amplios e imprecisos sin duda obedecen a motivaciones políticas y persiguen silenciar a quienes promueven la democracia en Hong Kong”, ha afirmado Mabel Au.
Información complementaria
El Comité de Derechos Humanos de la ONU vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado internacional vinculante para Hong Kong y proclamado en su Ley Fundamental.