República Centroafricana: Atrocidades contra civiles en Basse-Kotto; la protección de la ONU resulta ineficaz

Una oleada de brutales ataques en la República Centroafricana, incluida la violación sistemática y el asesinato de civiles, pone de manifiesto la urgente necesidad de una acción más firme de la ONU para proteger a la población civil. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

La investigación sobre el terreno llevada a cabo por la organización en agosto de 2017 desveló también un aterrador aumento de la tortura, los saqueos y los desplazamientos forzados a manos de una rama de Seleka, la Unión por la Paz en África Central.

“Las comunidades que viven en Basse-Kotto han quedado a merced de la Unión por la Paz. Se ha violado a mujeres, se ha asesinado a hombres, se han destruido pueblos y las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU han demostrado ser ineficaces para erradicar estos abusos”, ha manifestado Joanne Mariner, asesora general sobre respuesta a las crisis de Amnistía Internacional.

Se ha violado a mujeres, se ha asesinado a hombres, se han destruido pueblos y las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU han demostrado ser ineficaces para erradicar estos abusos.
Joanne Mariner, asesora general sobre respuesta a las crisis de Amnistía Internacional.

“La población civil no es una víctima accidental en este conflicto: es un blanco directo. Para que el mandato de la ONU en la República Centroafricana tenga algún significado, es necesario proteger mejor a la población civil.”

En sus dos semanas de visita al país, Amnistía Internacional entrevistó a 30 personas que durante los últimos meses habían huido de ataques violentos contra civiles en la prefectura de Basse-Kotto; esos ataques incluían una masacre en la localidad de Alindao el 8 de mayo en el que se cree que murieron al menos 130 personas.

Las personas entrevistadas dieron los nombres e información identificativa sobre 47 personas muertas a manos de la Unión por la Paz en estos ataques. Se desconoce la cifra exacta de personas fallecidas, pero fuentes fidedignas calculan que el número de víctimas es de varios centenares.

Ataques sectarios a civiles

Testigos oculares contaron a Amnistía Internacional recientes atrocidades en Basse-Kotto. © Amnesty International

A finales de 2013 y principios de 2014, cuando cientos de miles de musulmanes fueron expulsados violentamente del oeste del país, el carácter sectario del conflicto armado no internacional quedó cada vez más patente.

La Unión por la Paz en África Central, mayoritariamente musulmana, atacó localidades cristianas y a sus habitantes, de quienes consideraba que apoyaban a grupos armados opuestos a su dominio, mientras que los grupos armados de “autodefensa” antibalaka de mayoría cristiana han atacado implacablemente a civiles musulmanes.

Una figura religiosa de Alindao, una de las localidades más afectadas de la región, dijo a Amnistía Internacional: “El problema ahora es el de la población musulmana contra la población cristiana [...] No queremos un conflicto religioso, lo rechazamos de plano, pero existe un conflicto intercomunitario muy claro”.

Los abusos que se están cometiendo son espantosos. Annie, de 36 años, describió cómo unos combatientes de la Unión por la Paz los capturaron a ella y a su esposo en Alindao el 10 de mayo. Cuando su esposo trató de huir, le dispararon en las piernas.

Vamos a hace a los cristianos algo que no se olvidará durante muchas generaciones. Después de violar a mi esposo, le disparó en la cabeza.
Annie, 36 años, residente de Alindao.

Según su relato, los hombres les dijeron: “Vamos a hace a los cristianos algo que no se olvidará durante muchas generaciones”, antes de que un combatiente la violara y otro violara a su esposo.

“Después de violar a mi esposo, le disparó en la cabeza”, contó Annie a Amnistía Internacional. Las violaciones y el homicidio se llevaron a cabo delante de sus cinco hijos.

De las 25 mujeres que Amnistía Internacional entrevistó en la región, 20 habían sido violadas, y casi todas habían presenciado cómo mataban a hombres de su familia.

Una viuda, de 28 años, sollozaba mientras describía cómo había perdido a su esposo, su padre y su hijo de cinco años.

A su esposo lo mataron en Alindao el 8 de mayo, y al día siguiente el resto de la familia fue atrapada por la Unión por la Paz mientras se escondían en una cabaña en la selva. Según contó, los combatientes de la Unión por la Paz mataron a su padre, las violaron en grupo a ella y a su madre de 62 años, y mataron a su hijo golpeándole la cabeza contra el suelo de la cabaña.

“Después de que me violaran tres de ellos perdí la consciencia. Cuando volví en mí, estaba atada a un árbol”, dijo a Amnistía Internacional. “Mi madre me desató y huimos. Yo estaba histérica.”

“El uso, por parte de la Unión por la Paz, de la violación como arma de guerra, y como medio de humillar violentamente y degradar a sus víctimas, parece ser sistemático”, ha manifestado Balkissa Ide Siddo, investigadora de Amnistía Internacional sobre África Central. 

El uso, por parte de la Unión por la Paz, de la violación como arma de guerra, y como medio de humillar violentamente y degradar a sus víctimas, parece ser sistemático.
Balkissa Ide Siddo, investigadora de Amnistía Internacional sobre África Central

“No obstante, el aspecto más preocupante de la actual crisis es quizá el carácter cada vez más sectario de estos ataques.”

El Observatorio Centroafricano de los Derechos Humanos (Observatoire Centrafricain des Droits de l’Homme, OCDH) ha registrado más de 100 víctimas de violencia sexual que han huido de la región rumbo a la capital, Bangui, en los últimos meses, una cifra que sin duda no es más que una fracción del total. Muchas de las víctimas, si no la mayoría, fueron violadas por grupos de hombres.

Las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU, incapaces de proteger a la población civil

La Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA), fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU, no ha evitado estos abusos. Compuesta por 12.870 miembros uniformados de personal en el país, de los que 10.750 son personal militar, la fuerza no consigue abarcar numerosas zonas.

Según la declaración de testigos, las tropas de la MINUSCA no llegaron a la localidad de Alindao hasta al menos un día después de que estallara la violencia e, incluso entonces, su número era insuficiente para poner fin a los abusos. En lugar de llevar a cabo patrullas de forma proactiva, las tropas se centraron en proteger el hospital y el lugar para personas desplazadas gestionado por la iglesia católica.

“Tenemos miedo de que, si se produce un ataque [en un lugar para personas desplazadas en Alindao], la MINUSCA se retirará a su base, y habrá una masacre”, ha declarado un líder local.

Amnistía Internacional ha pedido que se revise la capacidad de la MINUSCA para llevar a cabo su mandato; esa revisión debe incluir factores tales como la formación, el equipo, la coordinación y el número de efectivos uniformados y personal civil.

“Aunque las tropas de la MINUSCA han salvado muchas vidas en la República Centroafricana, sus deficiencias amenazan con destruir la confianza de la población en la misión de mantenimiento de la paz, y están poniendo a miles de personas en peligro”, ha declarado Joanne Mariner. 

Aunque las tropas de la MINUSCA han salvado muchas vidas en la República Centroafricana, sus deficiencias amenazan con destruir la confianza de la población en la misión de mantenimiento de la paz, y están poniendo a miles de personas en peligro.
Joanne Mariner

“Muchas personas de África Central están expresando cada vez más su escepticismo respecto a la voluntad y la capacidad de la MINUSCA para restaurar el orden, y sobre la capacidad de la misión de adaptarse incluso a un mandato limitado de protección de la población civil.”

Los delitos de derecho internacional cometidos contra civiles en la República Centroafricana quedan dentro de la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI), el recientemente establecido Tribunal Penal Especializado (de carácter híbrido) y el sistema de justicia nacional. No obstante, las tres instituciones tienen puntos débiles.

La investigación en curso emprendida por la CPI, que comenzó en septiembre de 2014, probablemente se centrará sólo en unos pocos sospechosos. El Tribunal Penal Especializado aún no está funcionando, aunque ya cuenta con un fiscal y cierta financiación. Mientras tanto, el sistema de justicia nacional, ya de por sí frágil, se ha visto debilitado por el conflicto y debe ser reconstruido casi en su totalidad.

“Sin un sistema efectivo de rendición de cuentas para llevar a los responsables de estos horrendos crímenes ante la justicia, hay pocas esperanzas de poner fin al círculo de violencia en la República Centroafricana”, ha manifestado Balkissa Ide Siddo.

“El Tribunal Penal Especializado debe financiarse para que empiece a ser operativo cuanto antes.”

Más de un millón de personas desplazadas por el conflicto

Más 100.000 personas se han visto desplazadas a causa del conflicto desde abril. Al menos 600.000 están desplazadas dentro del país, y otras 438.700 están refugiadas en países vecinos (principalmente Camerún, Chad y la República Democrática del Congo).

Decenas de miles han huido de las localidades más afectadas por los combates, como Alindao, Mingala, Nzangba y Mobaye (en la frontera con la República Democrática del Congo), así como en innumerables poblaciones más pequeñas de la región, y se han dirigido a Bambari, Bangui y la República Democrática del Congo. Otras personas desplazadas sobreviven en condiciones espantosas en la selva, algunas de ellas en pequeñas islas del río Ubangi, en la frontera de la República Democrática del Congo.

Al parecer, algunas localidades y poblaciones de la región de Basse-Kotto están casi vacías, y la escasa población civil que queda se ha refugiado en recintos de la iglesia que se han convertido en centros improvisados de personas desplazadas.

El OCDH ha informado de que la violencia en la región continúa; los enfrentamientos documentados más recientemente tuvieron lugar en la localidad de Kongbo el 23 de agosto, y a Bangui siguen llegando personas desplazadas.

La prefectura de Basse-Kotto es una de las regiones en las que estalló el conflicto en 2017, a medida que la situación de seguridad en el país se fue deteriorando. En la actualidad, el gobierno elegido democráticamente en el país apenas tiene poder fuera de la capital, y gran parte de las zonas rurales están bajo el control de hecho de una diversidad de grupos armados.

Información general sobre el conflicto de Basse-Kotto

Cuando Michel Djotodia abandonó la presidencia de la República Centroafricana en enero de 2014, los combatientes armados pertenecientes a la coalición de Seleka se retiraron del tercio occidental del país, pero consolidaron su control sobre las regiones del centro y el este. La coalición se dividió en varias facciones, cada una de las cuales afirmaba su autoridad de hecho sobre distintas partes del país.

La Unión para la Paz de África Central, encabezada por el general Ali Darassa Mahamat, controló durante más de dos años la ciudad de Bambari y una gran parte de la prefectura de Ouaka. Compuesta principalmente de miembros de etnia peulh (Darassa es peulh), la Unión para la Paz lanzó una serie de crueles ataques contra civiles de quienes creía que apoyaban a los combatientes antibalaka mayoritariamente cristianos organizados contra ella.

En febrero de 2017, como parte del esfuerzo por desmilitarizar Bambari, la MINUSCA convenció a Darassa de que abandonara la localidad. Darassa trasladó sus cuarteles a Alindao, en Basse-Kotto, e inmediatamente empezó a reprimir a la población civil.

Los primeros cambios que los civiles percibieron fueron un incremento de los pagos bajo coacción –por ejemplo, el cobro de tarifas por pasar por controles de la Unión por la Paz– y una extorsión directa. Los residentes locales con una situación económica relativamente buena, como los propietarios de ganado, fueron blanco especial de estas medidas.

Amnistía Internacional entrevistó a un hombre de un pueblecito cerca de Nzangba que había sido hecho prisionero y torturado por la Unión para la Paz en marzo, con el fin de obligarle a entregar su ganado. Este hombre contó a Amnistía Internacional que unos combatientes de la Unión para la Paz se presentaron en su casa y le exigieron que les entregara sus 26 cabezas de ganado y todos sus bienes, por orden de Ali Darassa.

Permaneció detenido seis días, durante los cuales vio cómo mataban a cuatro de los que estaban detenidos con él.


El coste humano

La Unión por la Paz llevó a cabo una serie de violentos ataques en mayo: en Alindao el día 8, en Nzangba el 17 y en Mobaye el 25.

El baño de sangre en Alindao se precipitó con un ataque de madrugada, por parte de fuerzas antibalaka, en un barrio llamado París-Congo, en el sureste de la localidad. Tras derrotar a los antibalaka, la Unión por la Paz desató toda su fuerza contra la población cristiana de la localidad.

Judith, de 29 años, del barrio de París-Congo, se separó de su esposo cuando huyó junto con sus hijos después de que estallara un tiroteo cerca de su casa. En la selva se encontraron con combatientes de la Unión por la Paz, que mataron a los hombres de su grupo y violaron a las mujeres.

“Nos dijeron que nos tumbáramos en el suelo [...] Éramos un grupo de mujeres [...] Yo no me tumbé deprisa, así que un combatiente me arrojó al suelo y me desgarró la ropa interior para tener relaciones sexuales conmigo delante de todo el mundo [...] Tras violarme, me pateó dos veces [...] Otros combatientes violaban a otras mujeres. Mis cuatro hijos estaban allí, y lloraban.”

A Marie, de 33 años, la capturaron junto con su esposo en los campos que rodean Alindao el 10 de mayo. Describió cómo los combatientes de Unión por la Paz mataron a tiros a su esposo por negarse a entregarles su ganado, y luego la violaron varios de ellos delante de sus hijos.

Florida, de 27 años, huyó a la selva con su familia el 8 de mayo, pero regresó dos semanas después por las malas condiciones que soportaban allí. La noche que la familia regresó, los combatientes de la Unión por la Paz se presentaron en su casa y echaron la puerta abajo.

“Ataron [a mi esposo] a un árbol delante de la casa. Me vendaron los ojos con un trapo negro y me desnudaron. Dijeron que mi marido iba a ver cómo trataban a su esposa. Dos de ellos me violaron delante de él. Los niños lloraban. Después de eso, dispararon a mi esposo en la garganta.”

Guilaine, de 30 años, vivía junto con su padre, de 60, y dos hijos en el centro de Alindao. Tres combatientes de la Unión por la Paz entraron en el barrio y ataron a su padre a un árbol. Cuando, al ver a su padre indefenso, ella empezó a llorar, los combatientes le dijeron que le iban a enseñar lo que eran capaces de hacer, y le cortaron la garganta a su padre.

“Los tres soldados me violaron delante de los niños, y luego me golpearon en la espalda con la culata de un rifle. Huí con mis hijos, pero apenas podía caminar.”

No se sabe exactamente cuánta gente murió durante el ataque de Alindao, pero la Cruz Roja Centroafricana informó de que había recogido más de 130 cadáveres el 14 de mayo, después de seis días de violencia. Además de los homicidios y las violaciones, la Unión por la Paz también llevó a cabo saqueos en gran escala de hogares civiles.

Ahora Alindao es como una ciudad fantasma, con las calles vacías. Aunque algunos musulmanes permanecen en sus casas y gestionan un pequeño mercado, la mayoría de la población cristiana ha huido. Unos 20.000 cristianos se han refugiados en lugares preparados para personas desplazadas por la iglesia católica y otras iglesias.

Therèse, de 43 años, vio cómo mataban a su esposo y su hijo cuando la Unión por la Paz atacó la localidad de Nzangba el 17 de mayo.

“Tres selekas entraron en nuestro recinto [...] Llevaban uniformes militares. Por gestos, le dijeron a mi esposo que se tumbara en el suelo. Él se negó. Inmediatamente, un peulh le disparó. Mi esposo cayó al suelo. Mi hijo mayor se echó entonces llorando sobre su cadáver. Otro [combatiente] le disparó. Él también murió [...] Luego los tres me violaron [...] delante de mis hijos.”

Princia, de 20 años, que vivía con sus padres, huyó a la selva cuando llegaron los combatientes de la Unión por la Paz, y luego regresó a su casa cuando la familia creyó que los hombres armados se habían marchado.

“Llegaron y echaron la puerta abajo. Mataron a mi padre y nos violaron a mis hermanas y a mí. Nos ataron con cuerdas. Mientras me violaban me desmayé. Cuando se marcharon, huimos a la selva.”