Cuando Francisca Ramírez vio a un grupo de hombres de negocios chinos en las proximidades de su casa en Nueva Guinea, una pequeña población a 400 kilómetros al este de Managua, custodiados por agentes de policía locales y portando instrumentos de medición, supo de inmediato que algo iba terriblemente mal.
Unos meses antes, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, había anunciado el comienzo de un grandioso proyecto que, según afirmó, sacaría al país de la pobreza. El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua es uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos de la historia. Con una longitud aproximada de 275 kilómetros, conectará el océano Atlántico y el océano Pacífico y dividirá en dos el país.
Francisca y sus vecinos se enteraron de la existencia del proyecto cuando vieron al presidente hablando del tema en la televisión. Afirma que nadie les preguntó si tenían algo que decir al respecto, lo cual es sorprendente si se tiene en cuenta que de hecho se quedarían sin hogar.
“¿Qué están haciendo aquí?”, recuerda Francisca que preguntó a los hombres.
“Esta tierra ya no les pertenece”, cuenta que le respondieron los hombres.
Y de este modo se inauguró un nuevo capítulo oscuro para la comunidad.
El presidente Ortega ha vendido la operación como una forma segura de sacar al país de la pobreza. Nicaragua es el país más pobre de América Central: casi el 30% de la población vive con menos de dos dólares al día.
El presidente ha prometido que el Canal creará miles de puestos de trabajo y atraerá inversiones extranjeras —la empresa HK-Nicaragua Canal Development Investment Co. Limited, constituida en Hong Kong, ha comenzado ya a hacerse cargo de una gran parte de la factura de 50.000 millones de dólares que requerirá la construcción—.
Pero un vistazo a la letra pequeña sugiere que estas promesas halagüeñas no tardarán en convertirse en algo mucho más siniestro.
La construcción del Canal fue aprobada mediante la Ley No. 840, adoptada por el Congreso de Nicaragua el 13 de junio de 2013. La ley también prevé una decena de subproyectos relacionados, entre ellos un aeropuerto, dos puertos, un oleoducto, una vía férrea y dos zonas de libre comercio.
Pero, tal como señalaba un informe reciente de Amnistía Internacional, la nueva ley, aprobada pese a no haberse consultado con las comunidades locales, abre de hecho la puerta a toda clase de proyectos futuros sin necesidad de pedir su opinión a quienes viven en las zonas afectadas. En la práctica, la ley significa que casi 120.000 personas corren el riesgo de perderlo todo. Su tierra, sus viviendas y sus medios de vida. La población de Nicaragua es de algo menos de seis millones de personas.
El coste medioambiental del proyecto podría ser también devastador, ya que es probable que kilómetros de tierras fértiles y gran parte del Gran Lago de Nicaragua, la mayor reserva de agua dulce de América Central, sufran daños irreversibles.
“Quitarnos la tierra es como quitarnos la vida”
Francisca nunca pensó que llegaría a ser una activista de los derechos humanos. Nacida en una familia de campesinos, ha dedicado su vida a trabajar su tierra y a vender sus productos en los mercados locales.
Pero ahora vive con la aterradora perspectiva de perder el hogar que construyó para sus cuatro hijos y la tierra que permite su subsistencia.
“Trabajo la tierra desde que tengo 12 años, no sé hacer otra cosa”, dijo Francisca con vehemencia cuando hablamos en Managua.
La comunidad de Francisca, La Fonseca, se halla en medio de una de las zonas más fértiles de Nicaragua. Unas 2.000 personas viven en la comunidad, casi la mitad de ellas menores de edad. Producen frijoles, malanga (un tipo de batata), maíz, trigo y queso.
Desde que nos enteramos de la construcción del Canal, la vida se nos ha convertido en algo terrible. Nuestra vida depende de la tierra. Quitarnos la tierra es como quitarnos la vida
Francisca Ramírez, Líder Indígena
“Desde que nos enteramos de la construcción del Canal, la vida se nos ha convertido en algo terrible. Nuestra vida depende de la tierra. Quitarnos la tierra es como quitarnos la vida”, dijo Francisca.
De modo que decidió defenderse. Francisca dedica ahora todo su tiempo de vigilia a luchar contra los intereses económicos y políticos más poderosos del país. No estaba dispuesta a renunciar a todo aquello que le había costado una vida construir.
“Empezamos primero hablando entre pocos y luego a organizarnos. Comenzamos a salir a las calles a protestar porque no respetan nuestros derechos, no nos consultan. Sólo nos dicen que vamos a ser desalojados”, dijo Francisca.
Comenzamos a salir a las calles a protestar porque no respetan nuestros derechos, no nos consultan. Sólo nos dicen que vamos a ser desalojados
Francisca Ramírez, Líder Indígena
Pero su campaña no ha sentado bien a las autoridades, que consideran a Francisca y su comunidad una amenaza.
Dirigentes comunitarios y defensores y defensoras de los derechos humanos como Francisca que expresan abiertamente su oposición al Canal han sido objeto de amenazas y hostigamiento.
Quienes se han atrevido a participar en alguna de las más de 90 manifestaciones organizadas en todo Nicaragua han sido brutalmente reprimidos.
Francisca también ha sufrido varios ataques. En 2015 la detuvieron, y también un año después. Ha sido objeto de amenazas y hostigamiento más veces de las que puede recordar.
“Desde el 2013, cuando sacaron la ley, nos han perseguido, atacado, nuestros derechos han sido violados completamente. Es una historia muy triste. Hace cuatro años que pedimos justicia y hace cuatro años que nadie nos escucha”, dijo Francisca.
“Un proyecto que viola los derechos de las personas y que no tiene en cuenta lo que piensan las personas no puede ser un proyecto de desarrollo. ¿Qué futuro podemos tener si no se preocupan por nuestras vidas? El gobierno está jugando con nuestras vidas.”
Un proyecto que viola los derechos de las personas y que no tiene en cuenta lo que piensan las personas no puede ser un proyecto de desarrollo. ¿Qué futuro podemos tener si no se preocupan por nuestras vidas? El gobierno está jugando con nuestras vidas
Francisca Ramírez, Líder Indígena
“El gobierno no nos ha ofrecido una alternativa. Hemos hecho de todo para que nos escuchen pero nos niegan todo. Este gobierno es ciego, sordo y mudo, no ven la realidad del pueblo.”
Es una lucha muy dura. “¿Y cómo lo hace?”, pregunté.
“Continúo porque abandonar la lucha es como comenzar a morir”, dijo Francisca mientras se disponía a atender una llamada desde su hogar. Su teléfono nunca deja de sonar.
