Sudán del Sur: Espiral de violencia

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Sudán del Sur, el país más joven del mundo, logró la independencia el 9 de julio de 2011 tras varios decenios de guerra, largas negociaciones y un referéndum sobre la secesión respecto a Sudán. Sin embargo, la alegría por la recién adquirida libertad resultó efímera y las disensiones internas han enturbiado gran parte de su corta vida como Estado independiente. El conflicto armado que estalló en diciembre de 2013 persiste en la actualidad y tiene un efecto devastador para millones de civiles.

El conflicto enfrenta al presidente Salva Kiir y sus aliados contra su ex vicepresidente Riek Machar y las fuerzas leales a éste, acusadas de planear un golpe de Estado en Juba, la capital, a finales de 2013. Diversas milicias y grupos armados de oposición también se unieron a la contienda en varias zonas del país. Las cesaciones del fuego y los intentos de conseguir un acuerdo de paz han fracasado, dando siempre lugar a la reanudación de los enfrentamientos.

Los combates han tenido efectos devastadores en la población civil, incluida la amenaza de hambruna, violencia política y alertas de posible genocidio. También ha dado lugar a la mayor crisis de refugiados de África, la que más rápidamente crece y la tercera mayor del mundo tras las de Siria y Afganistán.

Amnistía Internacional ha visitado Sudán del Sur en varias ocasiones durante el conflicto y, a mediados de 2017, sus investigadores regresaron a dos de las regiones actualmente más afectadas por los nuevos enfrentamientos: el Alto Nilo, en el norte y Ecuatoria, en el sur. Los invetigadores también visitaron asentamientos de refugiados al otro lado de la frontera, en Uganda, que tiene dificultades para lidiar con la afluencia masiva de personas que huyen de Sudán del Sur.

Moussa Faki Mahamat, presidente de la Comisión de la Unión Africana.
En Sudán del Sur vi mujeres a las que no les quedaban más lágrimas que derramar. Lo que vi en sus ojos me atormenta. ¡Debemos hacer callar las armas!
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Stephen O’Brien, secretario general adjunto ONU Asuntos Humanitarios.
La inseguridad alimentaria y las necesidades humanitarias se han deteriorado a pesar de algunas mejoras en el estado de Unity (Alto Nilo occidental). En Sudán del Sur hay más personas al borde de la hambruna que en febrero.
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La dimensión étnica

El conflicto armado que comenzó en diciembre de 2013 ha ido adquiriendo de manera creciente una dimensión étnica; los líderes de las dos principales facciones enfrentadas pertenecen a los dos grupos étnicos más numerosos —el presidente Salva Kiir es dinka y el ex vicepresidente es nuer— y la mayor parte del apoyo lo reciben de los miembros de sus propios grupos étnicos. Está cada vez más extendida la percepción de que el gobierno emplea las Fuerzas Armadas —el Movimiento/Ejército de Liberación Popular de Sudán (SPLA/M)— para aplicar un plan etnocéntrico que favorezca a los dinka, incluso mediante la utilización de milicias dinka. La oposición armada, conocida como Movimiento/Ejército de Liberación Popular de Sudán en la Oposición (SPLM-IO), un movimiento mayoritariamente nuer, ha tratado de ampliar su base de apoyo con la inclusión de otros grupos étnicos.

Todas las partes en el conflicto han cometido atrocidades, incluidos crímenes de guerra. Han torturado y matado a civiles, secuestrado y violado a mujeres, destruido y saqueado bienes civiles y atacado deliberadamente a cooperantes. Decenas de miles de personas han sido asesinadas o resultado gravemente heridas, millones de personas han sido desplazadas, y la violencia ha provocado inseguridad alimentaria y la masiva pérdida de sustentos.

Embargo de armas

Amnistía Internacional ha ejercido presión durante años en favor de un embargo total de armas para detener el flujo de armas hacia Sudán del Sur. Debería ser muy fácil para la comunidad internacional suspender la entrada de armas a los lugares donde éstas se están empleando reiteradamente para cometer crímenes de guerra y violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos y abusos.

En enero de 2016, un grupo de expertos del Consejo de Seguridad de la ONU convino y concluyó que: “las dos partes han seguido tratando de armar a sus fuerzas, incluso después de la firma del acuerdo de paz... La continua entrada de armas ha tenido un impacto devastador en la población civil y en el conjunto de la situación de la seguridad del país...”

A pesar de ello, en diciembre de 2016, el Consejo de Seguridad de la ONU fue de nuevo incapaz de aprobar una resolución que hubiera impuesto un embargo de armas.

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Millones de personas desarraigadas y en peligro

La población civil se lleva la peor parte en el brutal conflicto de Sudán del Sur, con más de dos millones de personas arrancadas de sus hogares y sus medios de vida.

A junio de 2017, más de 1,9 millones de personas han huido para buscar refugio en todos los países vecinos de Sudán del Sur —Sudán, Etiopía, Kenia, Uganda, República Democrática del Congo y República Centroafricana—, muchos de los cuales también están en situaciones de conflicto armado interno. Uganda, en el sur, ha recibido la mayor afluencia: unas 950.000 personas refugiadas sursudanesas, aproximadamente la mitad del total, han acabado allí. A principios de 2017, cada día cruzaban la frontera más de 2.000 refugiados para entrar en Uganda, y en febrero se registraron hasta 6.000 en un solo día. Al menos el 86% de estos nuevos refugiados son mujeres y niños y niñas, pero la falta de financiación hace que muchos de ellos no reciban ayuda humanitaria básica como alimentos, agua y cobijo.

Una tragedia cruel de esta guerra es que el granero de Sudán del Sur –una región que hace un año podía alimentar a millones de personas– se ha convertido en traicioneros campos de la muerte que han obligado a cerca de un millón de personas a huir en busca de seguridad.
Asesora general sobre respuesta a las crisis de Amnistía Internacional

La situación es extremadamente penosa para muchos civiles que se han quedado en Sudán del Sur. Alrededor de 220.000 temen por sus vidas y han buscado protección en campamentos patrullados por tropas de mantenimiento de la paz de la ONU, que a veces tienen dificultades incluso para brindarles seguridad.

En todo el país, más de 5,5 millones de personas dependen de la ayuda humanitaria simplemente para sobrevivir, la malnutrición es cada vez más generalizada y amplios sectores del país afectados por el conflicto siguen siendo expuestos a sufrir hambrunas.

El camino a la justicia

Como Sudán del Sur no es Estado parte en la Corte Penal Internacional (CPI), ésta carece de jurisdicción sobre los delitos cometidos durante el conflicto en curso.

El acuerdo de paz firmado por ambas partes en agosto de 2015 prevé la creación de un tribunal especial para investigar y enjuiciar a los responsables de atrocidades. Desgraciadamente, se ha avanzado muy poco en el establecimiento de dicho tribunal.

El denominado Tribunal Híbrido para Sudán del Sur —que combinará elementos del derecho nacional e internacional y estará compuesto por juristas expertos de Sudán del Sur y otros países— representa actualmente la opción más viable para garantizar la rendición de cuentas por los delitos cometidos durante el conflicto, y para disuadir de la comisión de nuevos abusos. La Comisión de la Unión Africana debería incrementar sus esfuerzos para garantizar el pronto establecimiento del tribunal híbrido.

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