Las autoridades de Singapur deben detener la ejecución inminente de un ciudadano malasio declarado culpable de importar drogas ante los graves motivos de preocupación relativos a la imparcialidad del juicio, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
La ejecución de Prabagaran Srivijayan está prevista para este viernes, 14 de julio de 2017, según su familia, que fue informada la semana pasada. Prabagaran Srivijayan fue declarado culpable de tráfico de drogas y se le impuso la pena de muerte preceptiva en 2012, tras encontrarse 22,24 gramos de diamorfina en el apoyabrazos de un automóvil que había tomado prestado. Srivijayan ha mantenido en todo momento su inocencia.
Sólo quedan cuatro días para salvar la vida de Prabagaran Srivijayan antes de que sea llevado cruelmente hasta la horca. Las autoridades de Singapur deben detener de inmediato su ejecución antes de que otra persona sufra este castigo inhumano e irreversible.
James Gomez, director de Amnistía Internacional para el Sudeste Asiático y Oceanía
“Sólo quedan cuatro días para salvar la vida de Prabagaran Srivijayan antes de que sea llevado cruelmente hasta la horca. Las autoridades de Singapur deben detener de inmediato su ejecución antes de que otra persona sufra este castigo inhumano e irreversible”, ha afirmado James Gomez, director de Amnistía Internacional para el Sudeste Asiático y Oceanía.
El equipo jurídico de Prabagaran Srivijayan ha planteado su grave preocupación en relación con la imparcialidad de su juicio, como el hecho de que no se hayan seguido pistas y no se haya citado a testigos clave que habrían corroborado su versión de los hechos.
Sus representantes legales también iniciaron un procedimiento en Malasia en marzo de 2017 para instar al país a solicitar la intervención de la Corte Internacional de Justicia, y el Tribunal de Apelación está examinando todavía un recurso sobre el asunto. Las salvaguardias internacionales para las personas condenadas a muerte afirman con claridad que la pena de muerte no debe llevarse a cabo mientras haya recursos pendientes de resolución.
“La pena de muerte es siempre una violación del derecho humano a la vida, y las circunstancias que concurren en este caso hacen más inquietante si cabe el afán de las autoridades de Singapur de seguir adelante con la ejecución”, ha manifestado James Gomez.
“No sólo el equipo jurídico de Prabagaran Srivijayan ha puesto de relieve graves deficiencias en su juicio, sino que además hay un recurso sobre su caso pendiente de resolución en Malasia. Singapur vulneraría el derecho internacional si esta ejecución se lleva a cabo.”
Información complementaria
En virtud de la legislación de Singapur, cuando hay presunción de posesión y tráfico de drogas, la carga de la prueba no recae en el fiscal, sino en el acusado. Esta práctica viola el derecho a un juicio justo consagrado en el derecho internacional de los derechos humanos, al obligar al acusado a demostrar su inocencia.
Los delitos relacionados con drogas no alcanzan el umbral de los “más graves delitos” a los que debe limitarse el uso de la pena de muerte según el derecho y las normas internacionales, que también prohíben la imposición de la pena de muerte como castigo preceptivo.
Desde que Singapur puso fin a la suspensión de las ejecuciones en 2014, las autoridades han ejecutado a un mínimo de 10 personas, 7 de ellas por tráfico de drogas. En 2016, 4 personas fueron ejecutadas —2 por asesinato y 2 por tráfico de drogas—, y se tiene constancia de que al menos 38 personas estaban en espera de ejecución al terminar el año.
Amnistía Internacional se opone por completo a la pena de muerte, con independencia del delito cometido. A día de hoy, 103 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos y 141 son abolicionistas en la ley o la práctica.
Para más información, véase: https://www.amnesty.org/es/documents/asa36/6687/2017/es/