Irán: La profanación de una fosa común podría destruir importantes pruebas periciales

La profanación de una fosa común en Ahvaz, en el sur de Irán, que contiene restos de al menos 44 personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente, destruiría pruebas periciales vitales y frustraría la oportunidad de obtener justicia por las masacres de presos que tuvieron lugar en todo el país en 1988, afirmaron Amnistía Internacional y Justicia por Irán.

Fotos e imágenes de vídeo obtenidas por la ONG Justicia por Irán y examinadas por Amnistía Internacional muestran excavadoras que están trabajando en un proyecto de construcción junto a la fosa de Ahvaz, así como montones de basura y escombros en sus alrededores. A pesar de que las autoridades no han hecho ningún anuncio oficial sobre Ahvaz, las familias han sabido a través de un trabajador de la construcción que, en última instancia, el plan es demoler el bloque de cemento de la fosa y construir en la zona.

“En su intento de destruir la fosa común de Ahvaz, parece que las autoridades iraníes se embarcan en un esfuerzo siniestro y deliberado para destruir pruebas cruciales de sus crímenes pasados, y privar a las familias de las víctimas de las masacres de presos de 1988 de su derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Es un ataque alarmante contra la justicia que debe detenerse de inmediato”, ha dicho Magdalena Mughrabi-Talhami, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

En su intento de destruir la fosa común de Ahvaz, parece que las autoridades iraníes se embarcan en un esfuerzo siniestro y deliberado para destruir pruebas cruciales de sus crímenes pasados
Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África

“Durante años, las autoridades han causado un sufrimiento terrible a las familias de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales de 1988. Les han negado su derecho a dar una sepultura digna a sus seres queridos y les han obligado a caminar entre montañas de basura para visitar a sus muertos. Ahora piensan destruir su lugar de descanso final e intentan borrar su memoria de la historia”, Shadi Sadr, director ejecutivo de Justicia por Irán.

Las fosas comunes son escenas de crímenes para los que se necesitan peritos forenses que realicen trabajos de exhumación y garanticen la conservación de pruebas y la correcta identificación de los cuerpos. Al profanar el lugar, las autoridades destruirán pruebas vitales que podrían usarse algún día para aclarar el número y la identidad de las personas que murieron bajo custodia.

La fosa común de Ahvaz está situada en una tierra baldía, aproximadamente a 3 kilómetros al este del cementerio de Behesht Abad. Se cree que en ella se encuentran los cuerpos de decenas de personas de los varios millares de presos políticos que murieron en una oleada de ejecuciones extrajudiciales en todo Irán durante el verano de 1988. Se concentraba a los presos y se los sometía a desaparición forzada para después matarlos en secreto. Luego, sus cuerpos eran arrojados a zanjas excavadas de un día para otro.

En Ahvaz, las autoridades vertieron cemento sobre la fosa común inmediatamente después de enterrarlos, al parecer para evitar que los familiares excavaran y recuperaran los cuerpos de sus seres queridos.

Recientemente, a mediados de mayo, un trabajador de la construcción dijo a un miembro de una de las familias que había ido a visitar el lugar que, con las obras de ampliación que se estaban realizando, la carretera que pasa junto a la fosa común llegaría muy cerca de ella y que en la próxima fase de las obras se demolería por completo la estructura de cemento para despejar el área y destinarla a “zona verde” o para construir un centro comercial.

“En lugar de intentar borrar la memoria de los que murieron y obstaculizar el curso de la justicia, las autoridades iraníes deben garantizar que las fosas comunes de las masacres de 1988 se preservan y protegen hasta que se puedan llevar a cabo investigaciones adecuadas e independientes. Las familias tienen derecho a saber que les sucedió a sus seres queridos y a darles un entierro digno”, dijo Magdalena Mughrabi.

En lugar de intentar borrar la memoria de los que murieron y obstaculizar el curso de la justicia, las autoridades iraníes deben garantizar que las fosas comunes de las masacres de 1988 se preservan y protegen hasta que se puedan llevar a cabo investigaciones adecuadas e independientes
Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África

Esta no es la única fosa común de las masacres de 1988 que corre peligro de destrucción. Justicia por Irán ha tenido conocimiento de intentos evidentes de alterar otra fosa en la ciudad nororiental de Mashhad, en la provincia de Khorasan Razavi, donde se cree que están enterrados hasta 170 presos políticos.

Familiares en duelo que en marzo de 2017 visitaron el sitio adyacente al cementerio Behesht Reza, en Mashhad, se encontraron con que la zona que previamente era llana se había cubierto con tierra para levantar un montículo encima de la fosa. A pesar de que el motivo de esta actuación sigue sin estar claro, suscita una preocupación parecida por que las autoridades estén intentando borrar todo rastro de sus ejecuciones extrajudiciales.

Durante los últimos 30 años, el trato irrespetuoso de las autoridades con los restos de las victimas ha agravado el sufrimiento de las familias en duelo. Las autoridades a menudo insultan a los muertos y atormentan a sus familiares al referirse a las fosas comunes como la’nat abad (la tierra maldita) y en repetidas ocasiones han dicho a las familias que sus seres queridos eran “delincuentes” que no merecen un entierro digno o una lápida. Se prohíbe a las familias celebrar reuniones conmemorativas o decorar las fosas comunes con mensajes dedicados a las víctimas.

Información complementaria

Las ejecuciones extrajudiciales de presos políticos de 1988, conocida como “masacres penitenciarias”, empezó tras una incursión armada fallida llevada a cabo por la Organización Muyahidín del Pueblo de Irán, con base en Irak, en julio de ese año. Hubo represalias contra los presos políticos en todo el país y se los recluyó en régimen de aislamiento, sin que nadie supiera nada de ellos durante meses. Entre los familiares circularon noticias de que los presos estaban siendo ejecutados en grupos y enterrados en fosas comunes o sin señalizar.

A las familias se les dijo verbalmente que sus familiares habían muerto, pero no se les devolvieron los cuerpos y no se informó de la mayoría de los lugares donde habían sido enterrados.

La mayoría de las personas que murieron habían pasado años en prisión, a menudo por ejercer de forma pacífica sus derechos, como distribuir periódicos y folletos, participar en manifestaciones pacíficas contra el gobierno o estar o parecer estar afiliadas a diversos grupos políticos de oposición. Algunas habían cumplido ya su condena, pero no habían sido puestas en libertad por negarse a “arrepentirse”.

Hasta la fecha, ninguna autoridad iraní ha sido investigada y llevada ante la justicia por las ejecuciones extrajudiciales. Algunos de los presuntos autores continúan ocupando cargos políticos y otros cargos influyentes, incluido en el poder judicial.