Familias desintegradas y ataque a la libertad de expresión en el conflicto político del Golfo

Arabia Saudí, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos (EAU) están jugando con la vida de miles de residentes en el Golfo Pérsico en su disputa con Qatar, separando familias y destruyendo los medios de vida y la educación de la gente, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

Personal de investigación de la organización ha entrevistado a decenas de personas cuyos derechos humanos se han visto afectados por una serie de medidas radicales impuestas de manera arbitraria por los tres países del Golfo en su disputa con Qatar.

“Las medidas impuestas a raíz de esta disputa política significarán sufrimiento, angustia y temor para tal vez miles de personas en todo el Golfo Pérsico”, ha dicho James Lynch, director adjunto del Programa sobre Asuntos Globales de Amnistía Internacional, que estuvo en Doha la semana pasada.

“Estas drásticas medidas ya están teniendo un brutal efecto, separando a padres e hijos y a matrimonios. Personas de toda la región —no sólo de Qatar, sino también de los Estados que aplican las medidas— corren el peligro de perder sus trabajos y de que su educación se interrumpa. Todos los Estados implicados en la disputa deben garantizar que sus acciones no conducen a violaciones de derechos humanos.”

Todos los Estados implicados en la disputa deben garantizar que sus acciones no conducen a violaciones de derechos humanos.
James Lynch, director adjunto del Programa sobre Asuntos Globales de Amnistía Internacional

Si bien Amnistía Internacional no se pronuncia sobre la disputa política en sí, en la que están implicados otros países, como Egipto, Jordania y Yemen, a la organización le preocupa mucho el impacto de algunas de estas medidas en los derechos a la familia y la educación.

En un nuevo golpe a la libertad de expresión en el Golfo Pérsico, en Bahréin, Arabia Saudí y EAU también se ha amenazado con duras penas a las personas que se atrevan a criticar estas medidas.

El 5 de junio, los tres Estados dieron a los ciudadanos de Qatar un plazo de 14 días para salir de sus territorios, y anunciaron que todos sus ciudadanos tenían que regresar de Qatar, amenazando con aplicar penas a quien no lo hiciera en plazo. Según el Comité Nacional de Derechos Humanos de Qatar, en este país viven más de 11.000 ciudadanos de Bahréin, Arabia Saudí y EAU, y a su vez muchos qataríes viven en Bahréin, Arabia Saudí y EAU. Todas estas personas pueden verse afectadas por las medidas.

Las personas que tienen familiares de otros Estados del Golfo corren especial peligro. Amnistía Internacional ha documentado varios casos de personas a las que se ha separado de sus padres, hijos y cónyuges como consecuencia de ellas.

Un qatarí que lleva más de 10 años viviendo en EAU con su familia no pudo entrar al país y lo enviaron de nuevo a Qatar cuando intentó regresar a su casa en Dubai desde Doha, justo después del anuncio de las medidas, el 5 de junio. Su esposa es ciudadana emiratí y por tanto tiene prohibida la entrada a Qatar, mientras que sus hijos son ciudadanos de Qatar y deben salir de EAU. El hombre, que ahora está separado de su familia y no sabe cuándo volverá a verla,

contó a Amnistía Internacional que su esposa había rogado al funcionario encargado ver una última vez a su marido y que éste le había dicho: “Ni hablar, retírese”.

El hombre también dijo a Amnistía Internacional que temía que su empresa en EAU lo despidiera porque no puede regresar y por su nacionalidad.

Un saudí que vive en Doha con su esposa qatarí, dijo a Amnistía Internacional que no puede ir a ver a su madre, hospitalizada gravemente enferma en Arabia Saudí, porque si lo hace no podrá regresar a Qatar con su esposa e hijos.

“Si voy a casa, no puedo volver a ver a mi esposa. Si me quedo aquí, no puedo ver a mi madre.”

Si voy a casa, no puedo volver a ver a mi esposa. Si me quedo aquí, no puedo ver a mi madre.
Ciudadano saudí afectado por las medidas recién anunciadas.

Una qatarí recién casada contó a los investigadores que, cuando las medidas entraron en vigor, estaba en el proceso de trasladarse a Bahréin para vivir con su marido, bahreiní.

“Cuando me casé el año pasado estaba muy contenta [...] Antes de la prohibición, mientras buscaba trabajo en Bahréin, iba allí todos los fines de semana para ver a mi esposo, mi familia, mi casa. ¿No pensaron en las personas cuando hicieron esto?”

Amnistía Internacional entrevistó también a varios estudiantes qataríes preocupados por no poder seguir estudiando en EAU y Bahréin. Una de ellas dijo que el resto de sus clases en EAU habían sido canceladas con efecto inmediato.

La potestad de un Estado para regular y restringir la inmigración está limitada por el derecho internacional de los derechos humanos, y las diferencias en el trato que se da a las distintas categorías de extranjeros sólo pueden justificarse si son necesarias para lograr un objetivo legítimo. Separar arbitrariamente a las familias como política de inmigración viola el derecho a la vida familiar.

Prohibido expresar “simpatía”
A las persona residentes en Arabia Saudí, EAU o Bahréin se les ha advertido que podrían enfrentarse a duras penas si hacen comentarios en apoyo de Qatar.

Alegando deficientes disposiciones legales existentes, el fiscal general de EAU ha anunciado que las personas que expresen “simpatía” por Qatar podrían enfrentarse a hasta 15 años de cárcel, mientras que los medios de comunicación saudíes controlados por el Estado afirmaron que tal expresión podría considerarse ciberdelito. El Ministerio del Interior de Bahréin también ha amenazado a cualquier persona que muestre “simpatía o favoritismo” hacia las autoridades de Qatar, tanto en Internet como en persona, con penas de hasta cinco años de cárcel y multa en aplicación del Código Penal.

“Estas declaraciones de gobiernos que tienen un historial de represión de la expresión pacífica son un flagrante intento de silenciar las críticas hacia estas políticas arbitrarias. Procesar a alguien por este motivo sería una clara violación del derecho a la libertad de expresión. Ninguna persona debe ser castigada por expresar pacíficamente sus opiniones o criticar una decisión gubernamental”, ha dicho James Lynch.

Preocupación por los trabajadores migrantes en Arabia Saudí

Preocupa que los trabajadores y trabajadoras migrantes empleados por ciudadanos qataríes para cuidar sus propiedades en Arabia Saudí puedan quedar atrapados, sin poder regresar a Qatar, donde tienen permiso de residencia, y se conviertan en indocumentados, en peligro de sufrir explotación o detención y expulsión. Amnistía Internacional ha hablado con trabajadores en esta situación, que disponen de poca información sobre lo que podría ocurrirles.

Arabia Saudí y otros estados del Golfo deben proteger a cualquier trabajador o trabajadora empleado por ciudadanos qataríes, facilitando el regreso en condiciones de seguridad a los que quieran volver a sus países de origen y ayudando a los que deseen regresar a Qatar.

“Las disputas políticas entre Estados deben manejarse de forma respetuosa hacia los derechos humanos. No hay nada que justifique la disgregación de las familias, la supresión de la expresión pacífica y el abandono de los trabajadores y trabajadoras migrantes dejándolos en peligro. Las medidas arbitrarias deben suspenderse de inmediato”, ha dicho James Lynch.

Información complementaria

En virtud de las leyes sobre nacionalidad de los países implicados en esta disputa, las mujeres no transmiten la nacionalidad a sus hijos e hijas, que heredan la del padre. Esto ya es de por sí una violación de los derechos a la no discriminación y a la igualdad. Generalmente no está permitida la doble nacionalidad.

Amnistía Internacional entrevistó a 35 personas —nacionales de Arabia Saudí, Bahréin, Bangladesh, EAU y Qatar— afectadas por estas medidas. La mayoría de las entrevistas se realizaron en persona en Qatar. Otras personas, radicadas en Bahréin y en Arabia Saudí, fueron entrevistadas a distancia.