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África Occidental y Central: Los ataques a activistas de derechos humanos alcanzan niveles peligrosos

Amnistía Internacional lanza su nueva campaña global, Valiente, para detener la oleada de ataques que sufren quienes defienden los derechos humanos.

Desde 2014, en África Occidental se ha detenido arbitrariamente, al menos, a 87 defensores y defensoras de los derechos humanos y 48 periodistas.

Cada cinco días muere una persona en una manifestación.

Los Estados de toda la región recurren a homicidios ilegítimos, detenciones, vigilancia y sanciones administrativas para frenar el trabajo de derechos humanos.

En su nueva campaña global, contra la oleada de ataques que sufren quienes tienen la valentía de enfrentarse a la injusticia, Amnistía Internacional ha resaltado hoy los niveles cada vez mayores de persecución, intimidación y violencia que soportan, en África Occidental y Central, defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y manifestantes.

Esta campaña, titulada Valiente, insta a los Estados de la región a reconocer la legitimidad de los defensores y defensoras de los derechos humanos, y a respetar su trabajo, crear un espacio que les permita llevarlo a cabo y protegerlos de amenazas. A fin de lograr esos objetivos, los Estados deben tomar medidas concretas, entre ellas la adopción de sólidas leyes de protección y la reforma o revocación de leyes utilizadas para atacar a los defensores y defensoras de los derechos humanos.

“Los Estados de la región han puesto en marcha un abanico de tácticas, cada vez más sofisticadas, para impedir que la población luche contra la injusticia e imponerle la autocensura”, ha declarado Alioune Tine, director regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central.

“Muchos gobiernos han lanzado una ofensiva frontal contra los defensores y defensoras de los derechos humanos, eliminando el derecho de protesta, vigilando a los activistas e intimidándolos con amenazas y agresiones físicas”.

En el documento Shut down for speaking out: Human Rights Defenders under attack in West and Central Africa, publicado hoy, la organización documenta el creciente peligro al que se enfrentan en la región quienes defienden los derechos humanos.https://exdocs.amnesty.org/Documents/ACT3061702017ENGLISH.PDF

 

Los Estados de la región han puesto en marcha un abanico de tácticas, cada vez más sofisticadas, para impedir que la población luche contra la injusticia e imponerle la autocensura.
Alioune Tine, director regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central

La combinación de vigilancia masiva, nuevas tecnologías, uso indebido de las leyes y represión de protestas pacíficas expone a los defensores y defensoras a un elevado grado de peligro, advierte el documento.

En casi todos los países de África Occidental y Central, se han reprimido protestas pacíficas, prohibiéndolas expresamente o utilizando fuerza innecesaria o excesiva contra quienes participaban en ellas.

Desde enero de 2014, Amnistía Internacional ha documentado 271 muertes de manifestantes (uno cada cinco días) y miles de lesiones en actos de protesta celebrados en toda la región, aunque probablemente la cifra real sea superior. La inmensa mayoría de estos homicidios y lesiones fueron obra de las fuerzas de seguridad, que emplearon gases lacrimógenos, porras y munición real contra manifestantes, o incluso los arrollaron con vehículos armados, aunque los actos de protesta fueran pacíficos. Si acaso, en contadas ocasiones se han rendido cuentas por esta despiadada represión.

Detenciones y reclusiones arbitrarias y medidas administrativas

Desde enero de 2014 Amnistía Internacional ha documentado la detención arbitraria de, al menos, 87 defensores y defensoras de los derechos humanos en África Occidental y Central. Sólo en 2016, 13 activistas contra la esclavitud fueron juzgados por cargos falsos en Mauritania, y condenados a entre 3 y 15 años de prisión. En noviembre de ese mismo año, un tribunal de apelación absolvió a tres de ellos, y redujo la condena de los demás.

En Chad, entre marzo y abril de 2016, cuatro activistas en favor de la democracia fueron detenidos en Yamena por organizar manifestaciones pacíficas contra la intención del actual presidente de presentarse por quinta vez a las elecciones. Tras haber pasado más de dos semanas detenidos, fueron declarados culpables de “incitación a una concentración no armada”, y condenados a penas de prisión condicionales.

Varios Estados, como Camerún, Chad, Guinea, Nigeria, Senegal y Togo, han aprobado leyes que —con frecuencia en aras de la lucha contra el terrorismo y la ciberdelincuencia— pueden utilizarse para impedir el trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos, de la prensa y de las personas que denuncian irregularidades.
En las regiones de habla inglesa de Camerún, se han utilizado leyes antiterroristas, destinadas inicialmente a garantizar la seguridad frente a las amenazas de Boko Haram, para silenciar a los líderes de la sociedad civil que convocaban actos de protesta contra la discriminación.

Asimismo, para impedir la defensa de los derechos humanos, se ha recurrido también a medidas administrativas, como retrasar o negar la inscripción de las ONG en los registros o restringir su financiación. Por ejemplo, en Togo, las autoridades se negaron a expedir el certificado de inscripción en el registro de asociaciones a un grupo LGBTI, porque “contravenía normas culturales y sociales”.

“Los defensores y defensoras de los derechos humanos no son enemigos del Estado, sino personas que luchan contra la injusticia y emprenden acciones pacíficas para mejorar la situación de los derechos humanos. Sin su valentía, el mundo es menos justo e igualitario”, ha afirmado Alioune Tine.

Restricciones en Internet y en las redes sociales

Entre las nuevas tendencias está el uso de las nuevas tecnologías y la vigilancia selectiva, incluso a través de Internet, para amenazar y silenciar a los activistas.

En toda la región se restringe, cada vez más, el uso de Internet. En 2016, antes y después de las elecciones presidenciales, se suspendió el acceso a Internet en Gabón, Gambia y República del Congo durante lapsos de entre dos y cinco días, mientras que en Chad se restringió el acceso a las redes sociales durante el periodo electoral. Hasta la fecha, las restricciones más duras han sido las impuestas en las regiones de habla inglesa de Camerún, donde se cortó el acceso a Internet desde enero hasta abril del presente año, tras las manifestaciones celebradas en ese territorio contra el uso de la lengua francesa en los tribunales y las escuelas y en demanda de mayor autonomía.

Numerosos Estados han aprobado leyes que restringen el acceso a Internet y someten a los defensores y defensoras de los derechos humanos a vigilancia en la Red. Por ejemplo, en Senegal se ha reformado el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal para permitir a las autoridades restringir el acceso a “contenido ilegal” y acceder a ordenadores personales sin autorización judicial.


En Nigeria, la Ley de Delitos Cibernéticos obliga a los proveedores de servicios de Internet a guardar durante dos años los datos de navegación de los usuarios y otra información conexa, y a facilitárselos a los organismos encargados de hacer cumplir la ley que los soliciten.

Si es que no recurren a amenazarlos y hostigarlos abiertamente, los gobiernos intentan alimentar una franca hostilidad contra los defensores y defensoras de los derechos humanos, difundiendo un discurso en el que se los presenta como amenazas para la seguridad nacional.
Alioune Tine

Amnistía Internacional insta a las autoridades de África Occidental y Central a abstenerse de utilizar discursos que denigran a los defensores y defensoras de los derechos humanos, como aquellos que los califican de “criminales”, “agentes extranjeros”, “terroristas”, o “indeseables”.

“Si es que no recurren a amenazarlos y hostigarlos abiertamente, los gobiernos intentan alimentar una franca hostilidad contra los defensores y defensoras de los derechos humanos, difundiendo un discurso en el que se los presenta como amenazas para la seguridad nacional”, ha explicado Alioune Tine.

“Éste es un tributo a los hombres y mujeres de la región que, pese a esta constante represión, continúan luchando por la justicia. Pedimos a los Estados que reconozcan y protejan el trabajo legítimo de quienes luchan por la dignidad intrínseca de todas las personas y por la igualdad de derechos”.