Túnez: Periodistas procesados por criticar la conducta de las fuerzas de seguridad

Los fallos condenatorios dictados contra dos periodistas por criticar una violenta incursión de las fuerzas de seguridad en el domicilio de su familia en Tozeur deben ser anulados; así lo ha afirmado Amnistía Internacional con antelación a la vista de su apelación, que se celebrará mañana.

Ambos periodistas han sufrido hostigamiento constante por parte de las fuerzas de seguridad, que cada cierto tiempo registran su vivienda, teóricamente en busca de su hermano, que es sospechoso de tener ideas religiosas extremas.

Salam Malik, presidente de la Unión Tunecina de Medios de Comunicación Asociados y director de la emisora de radio “Djerid FM”, fue condenado a seis meses de prisión por un tribunal de Tozeur el miércoles, 10 de mayo. A su hermana, Salwa Malik, directora de programación de la emisora, le fue impuesta el mismo día una condena condicional de seis meses.

“Se está castigando a Salam y Salwa Malik por criticar la conducta de las fuerzas de seguridad. Expresar pacíficamente oposición al acoso y la intimidación de las fuerzas de seguridad no es un delito. Estas sentencias condenatorias tienen que ser anuladas”, ha manifestado Heba Morayef, directora de Investigación de Amnistía Internacional para el Norte de África.

“Las autoridades tunecinas tienen un historial de hostigamiento a familiares de sospechosos y de irrupción violenta en sus domicilios. En vez de reaccionar contra las víctimas que presentan denuncia, las autoridades deberían centrar sus esfuerzos en investigar estos abusos.”

Expresar pacíficamente oposición al acoso y la intimidación de las fuerzas de seguridad no es un delito.
Heba Morayef, directora de Investigación de Amnistía Internacional para el Norte de África

El mediodía del 7 de febrero de 2017, seis miembros armados de las fuerzas de seguridad irrumpieron en el domicilio familiar de Salam y Salwa Malik; buscaban a su hermano, de quien la policía sospecha que pertenece a grupos extremistas religiosos. Salwa Malik, su madre y un sobrino de 11 años estaban en la casa cuando se presentaron los agentes. Salwa explicó a Amnistía Internacional que había protestado por la agresiva conducta de las fuerzas de seguridad después de que uno de los agentes de policía amenazara a su sobrino con una pistola cuando el joven intentaba grabar la actuación policial con su tableta. “Si no bajas eso, lo hago saltar en pedazos”, dijo el agente, aterrorizando a su sobrino.

Salam Malik llegó en plena operación, cuando había seis agentes registrando la casa, y también empezó a quejarse a los agentes por la violencia con que estaban realizando el registro y por el acoso reiterado de la familia por parte de las fuerzas de seguridad.

Ese mismo día, los agentes de policía que habían practicado el registro presentaron una denuncia contra Salam y Salwa Malik en la que aseguraban que habían obstaculizado su trabajo y los habían insultado. Posteriormente, la pareja fue declarada culpable de “insultos a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones”, delito punible con hasta un año de cárcel y una multa de 120 dinares tunecinos (49 dólares estadounidenses).

Los agentes que habían llevado a cabo el registro en su domicilio y presentado la denuncia fueron los mismos que posteriormente lo citaron para interrogarlo en relación con este caso.

Su hermano fue detenido en noviembre de 2014 y permaneció 16 meses privado de libertad sin cargos; finalmente quedó en libertad en febrero de 2016 sin haber sido juzgado. Desde entonces, las fuerzas de seguridad han registrado repetidamente el domicilio de Malik.

Salwa Malik contó que la policía había llevado a cabo reiterados registros en su casa en los últimos meses, y que en todas las ocasiones se había ido sin encontrar nada. Dijo que las recurrentes operaciones de registro ejercen una presión tremenda sobre la familia y estigmatizan a sus miembros. “Estamos hartos de este acoso, queremos que paren los abusos”, ha afirmado.

En su informe de febrero de 2017, Amnistía Internacional documentaba un patrón recurrente de abusos por parte de las fuerzas de seguridad que incluía detención arbitraria, tortura, uso innecesario y excesivo de la fuerza en registros domiciliarios, restricciones arbitrarias para viajar y acoso a familiares de sospechosos.

“No debe permitirse que las fuerzas de seguridad de Tozeur sigan intimidando a familiares presentando cargos contra las mismas personas a las que acosan y usando los tribunales para encubrir sus actividades. Las víctimas necesitan saber que el sistema de justicia les procurará resarcimiento de alguna clase”, ha dicho Heba Morayef.