República Centroafricana: Nueva campaña exige justicia por los crímenes cometidos durante el conflicto armado

• Miembros de grupos armados que cometieron violaciones y homicidios siguen en libertad • La ciudadanía de la República Centroafricana exige que se rindan cuentas por los crímenes
• Amnistía Internacional y la sociedad civil de la República Centroafricana piden justicia y reparación para las víctimas en la campaña #CARJustice

Amnistía Internacional y organizaciones de la sociedad civil de la República Centroafricana (RCA) presentan hoy una campaña nacional para exigir a las autoridades del país que aborden la arraigada cultura de impunidad que impide que se haga justicia para miles de víctimas de abusos contra los derechos humanos y crímenes de derecho internacional.

La campaña ¡Justicia ya! Hacia una paz duradera en la República Centroafricana pide a las autoridades que se comprometan a adoptar una postura más firme contra la impunidad haciendo que los responsables de delitos graves rindan cuentas y que los socios técnicos y económicos del país respalden los esfuerzos del gobierno, lo que incluye la financiación del nuevo Tribunal Penal Especial del país.

“Las organizaciones de la sociedad civil se han unido para asegurarse de que las autoridades de la República Centroafricana no hacen oídos sordos a la enorme escala de sufrimiento y dolor humanos de los que han sido víctimas miles y miles de personas durante este conflicto. Los perpetradores de crímenes horrendos, como violaciones y homicidios, llevan demasiado tiempo en libertad. Deben rendir cuentas si las autoridades quieren pasar de las palabras a los hechos”, ha declarado Olivia Tchamba, responsable de campañas sobre África Central de Amnistía Internacional.

“A pesar de medidas positivas como el nombramiento del fiscal especial del Tribunal Penal Especial y de jueces nacionales e internacionales y la organización de dos procesos penales en Bangui, sigue habiendo demasiados obstáculos para que las víctimas del conflicto obtengan justicia.”

Los perpetradores de crímenes horrendos, como violaciones y homicidios, llevan demasiado tiempo en libertad. Deben rendir cuentas si las autoridades quieren pasar de las palabras a los hechos.

Olivia Tchamba, responsable de campañas sobre África Central de Amnistía Internacional

La campaña que se inicia hoy durará hasta noviembre de 2018, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil local como Réseau des ONG de Promotion et Défense des Droits de l’Homme en République Centrafricaine (RONGDH) y la Coordination des Organisations Musulmanes de Centrafrique (COMUC),

que aunarán fuerzas para entablar relaciones institucionales con las autoridades del país, organizar conferencias para subrayar la necesidad de justicia, interactuar con el recién creado Tribunal Penal Especial y recibir formación en la observación, documentación y elaboración de informes sobre violaciones de derechos humanos.

Desde que volvió a estallar la violencia en la República Centroafricana en 2013, Amnistía Internacional ha documentado crímenes de derecho internacional en todo el país cometidos por todas las partes del conflicto, en su mayor parte por los grupos armados antibalaka y ex Seleka.

Desde entonces han perdido la vida en la violencia intensificada más de 5.000 personas, lo que ha causado una crisis humanitaria sin precedentes. En marzo de 2017, más de 460.000 personas habían huido para convertirse en refugiadas en países vecinos como Chad, Camerún y la República Democrática del Congo, y había alrededor de 426.000 desplazadas internas.

La rendición de cuentas por crímenes cometidos durante el conflicto armado, incluidas violaciones y homicidios, es una exigencia constante de la población del país. En mayo de 2015, los participantes del Foro de Bangui reiteraron esta petición rechazando las reivindicaciones de inmunidad y amnistía para los presuntos responsables de crímenes de derecho internacional.

Clarisse, viuda de 57 años que fue violada junto con Naomi, su hija de 19, contó la trágica secuencia de acontecimientos que cambió sus vidas la noche del 23 de diciembre de 2013, cuando 11 hombres antibalaka armados atacaron su casa en la capital, Bangui:

“Nos amenazaron y nos insultaron. Minutos después, algunos de los antibalakas me arrojaron al suelo y dos de ellos empezaron a desgarrarme la ropa y a violarme. Me desmayé. Cuando desperté me dijeron que [las fuerzas antibalaka] habían violado también a mi hija Naomi.”

Unas semanas después diagnosticaron a Naomi, que había quedado embarazada como consecuencia de la violación, como VHI positiva. Dio a luz a una niña que también es seropositiva.

Clarisse dijo a Amnistía Internacional:

“Quiero que los perpetradores sean juzgados por lo que nos han hecho a mi hija y a mí. Quiero que me compensen por todo lo que he perdido.”

Elisée es uno de los 14 hombres que murieron por disparos de combatientes ex Seleka en el patio de un hospital de Bangui el 5 de diciembre de 2013. Su hermana Delphine presentó una denuncia ante el Tribunal Superior de Bangui, pero hasta la fecha ni el fiscal ni las autoridades judiciales han tomado ninguna medida al respecto.

Contó a Amnistía Internacional: “Un día me llamarán y la justicia hará su trabajo.”

Quiero que los perpetradores sean juzgados por lo que nos han hecho a mi hija y a mí. Quiero que me compensen por todo lo que he perdido.

Clarisse, 57 años, víctima del conflicto en la RCA

Amnistía Internacional y sus socios locales piden a las autoridades de la República Centroafricana que:

• Garanticen unas investigaciones rigurosas, independientes e imparciales sobre las graves acusaciones de crímenes de derecho internacional y otros abusos contra los derechos humanos. • Garanticen que el sistema judicial nacional, el Tribunal Penal Especial o el Tribunal Penal Internacional investigan y enjuician a los perpetradores en juicios justos sin recurrir a la pena de muerte.
• Aumenten el presupuesto del Ministerio de Justicia y asignen recursos adecuados para garantizar su funcionamiento eficaz y su buena gestión.
• En colaboración con los socios técnicos y económicos de la República Centroafricana, refuercen la capacidad de la policía y la gendarmería para realizar investigaciones, incluida la recogida de pruebas materiales, y presten apoyo material a estos organismos.
• Continúen e intensifiquen los progresos realizados en la contratación de jueces nacionales e internacionales, así como de otros miembros del personal del Tribunal Penal Especial.

Las organizaciones piden también a los donantes internacionales de la República Centroafricana que garanticen una financiación sostenible para asegurar el funcionamiento adecuado del Tribunal Penal Especial, así como que cumplan los compromisos realizados durante la Conferencia Internacional de Donantes celebrada en Bruselas en noviembre de 2016. Estos compromisos incluyen destinar específicamente 105 millones de dólares estadounidenses del plan de recuperación nacional y consolidación de la paz a reforzar el sistema judicial.

Información complementaria

#CARJustice es la campaña de Amnistía Internacional para alcanzar la verdad y justicia para todas las personas que han sido víctimas de la violencia desde el conflicto armado de 2012/2013. Esto deberá lograrse reforzando el sistema de justicia nacional, lo que incluye garantizar el funcionamiento efectivo de las jurisdicciones nacionales para romper el ciclo de impunidad, y garantizando el apoyo al Tribunal Penal Especial y al Tribunal Penal Internacional para permitir que las víctimas obtengan justicia.