Bahréin avanza hacia la “supresión total” de los derechos humanos con la prohibición de grupo laico de oposición

Con la prohibición de los principales grupos de oposición, Bahréin avanza ya hacia la supresión total de los derechos humanos.
Lynn Maalouf, directora de Investigación de la oficina regional de Amnistía Internacional en Beirut

La disolución en Bahréin de una importante asociación política de oposición es la preocupante medida más reciente de su flagrante campaña para acabar con todas las críticas al gobierno, ha declarado Amnistía Internacional.

La Sociedad de Acción Democrática Nacional (Waad), de carácter laico, ha sido disuelta hoy después de que emitiera una declaración en febrero en la que afirmaba que Bahréin sufría una “crisis política constitucional” en un contexto de continuas violaciones de derechos humanos. Posteriormente, la asociación fue acusada de “propugnar la violencia, apoyar el terrorismo e incitar a fomentar la delincuencia y el desgobierno”.

“Con la prohibición de los principales grupos de oposición, Bahréin avanza ya hacia la supresión total de los derechos humanos”, ha declarado Lynn Maalouf, directora de investigación de la oficina regional de Amnistía Internacional en Beirut. “La suspensión de Waad es un ataque flagrante contra la libertad de expresión y de asociación, y una prueba más de que las autoridades no tienen ninguna intención de cumplir las promesas sobre el avance de los derechos humanos.”

A petición del Ministerio de Justicia, un tribunal bahreiní disolvió Waad tras una declaración que hizo la asociación el 14 de febrero de 2017, aniversario del levantamiento de 2011 en el país, en la que criticaba la Constitución de Bahréin. El tribunal también ordenó liquidar sus fondos. El 6 de marzo, el Ministerio de Justicia demandó a Waad por vulnerar la Ley de Asociaciones Políticas. Waad tuvo conocimiento de la demanda por los medios de comunicación y recibió la notificación oficial el 7 de marzo. Waad está también enjuiciada por su apoyo al principal partido de la oposición, Al Wefaq, que fue disuelto por cargos infundados en julio de 2016, y cuyo secretario general, Sheikh Ali Salman, se encuentra encarcelado como preso de conciencia.

La asociación está acusada asimismo de elegir a Ebrahim Sharif, ex preso de conciencia, miembro de su Comité Central a pesar de que había “perdido sus derechos civiles y políticos” al ser enjuiciado en 2011. El Ministerio de Justicia acusó a Waad de “propugnar e incitar al terrorismo” después de que el grupo condenara la ejecución de tres hombres el 15 de enero —calificándolos de “mártires”— y de llamara “mártires” a otros hombres que fallecieron o murieron a manos de las fuerzas de seguridad en febrero.

“Las acusaciones formuladas por el Ministerio de Justicia contra Waad y sus dirigentes son infundadas y absurdas”, ha afirmado Lynn Maalouf. “Su único ‘delito’ es ejercer su derecho a la libertad de expresión y de asociación.”

Waad y sus líderes han manifestado en reiteradas ocasiones su oposición a la violencia y su compromiso con medios pacíficos, y han negado los cargos. Además, la organización firmó la Declaración Nacional de Principios de No Violencia en 2012 y ha condenado en reiteradas ocasiones los llamamientos a favor de la violencia, así como los actos de violencia contra las fuerzas de seguridad.

Información complementaria

Esta no es la primera vez que el Ministerio de Justicia de Bahréin ha emprendido acciones judiciales contra Waad o ha amenazado con emprenderlas, o que suspende o disuelve una asociación política.

En agosto de 2014, el ministro de Justicia demandó ante los tribunales a Waad por haber elegido secretario general a Ebrahim Sharif en octubre de 2012. La demanda se sobreseyó en noviembre de 2014 para reducir las tensiones en el periodo previo a las elecciones de ese mes, y después de que Waad accediera a celebrar nuevas elecciones internas. Al Wefaq, el principal partido de la oposición de Bahréin, fue disuelto en julio de 2016, un mes después de que un tribunal hubiera ordenado la suspensión de sus actividades, el cierre de sus oficinas y de su sede principal, y la confiscación de sus cuentas y activos. Sheikh Ali Salman, secretario general de Al Wefaq, y Fadhel Abbas Mahdi Mohamed, ex secretario general de Al Wahdawi —otra asociación política— fueron también encarcelados como presos de conciencia.

La suspensión de Waad se produce en medio de una represión general de los derechos humanos que se intensificó a principios de 2017. Entre las medidas adoptadas figuran el juicio del destacado defensor de los derechos humanos y preso de conciencia Nabeel Rajab, la aprobación de una reforma constitucional que permite que las personas civiles sean juzgadas por un tribunal militar, la restitución de las facultades de detención e interrogatorio a la Agencia de Seguridad Nacional y el uso de fuerza excesiva contra manifestantes.

 

 

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