Una nueva ley aprobada anoche por el Parlamento y que confiere al presidente la facultad de nombrar a los cargos superiores del sistema de justicia podría menoscabar aún más la independencia del poder judicial en Egipto, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
Si el presidente Abdel Fatah al Sisi la ratifica, la ley podría conferirle poderes para seleccionar a los presidentes de los órganos judiciales, incluido el Tribunal de Casación, el Consejo de Estado, la Fiscalía Administrativa y la Fiscalía del Estado.
“Esta ley tiene el potencial de menoscabar la independencia del ya amenazado poder judicial del Estado, por lo que, si el presidente la ratifica, podría representar un grave retroceso para la justicia en Egipto. Conferiría al presidente egipcio la facultad de seleccionar a los presidentes de los máximos órganos judiciales del país y podría debilitar importantes medidas de control y equilibrio del ya injusto sistema existente”, ha señalado Najia Bounaim, directora de campañas de Amnistía Internacional para el Norte de África.
“Por medio de esta ley, el Estado intenta consolidar aún más su control del poder y neutralizar a dos de los tribunales principales que han tomado alguna vez medidas para poner freno al poder ejecutivo.”
Hasta ahora, los consejos judiciales de Egipto tenían la facultad de designar a los presidentes de las distintas partes del sistema de justicia. El nombre del candidato seleccionado se comunicaba entonces al presidente, que dictaba un decreto para confirmar el nombramiento oficialmente, aunque este paso era solo una formalidad, pues en la practica la decisión final recaía aún en los consejos judiciales. Con las reformas propuestas, el presidente tendrá la facultad de seleccionar a los presidentes de los órganos judiciales de entre un grupo de tres jueces superiores presentados por sus iguales de entre los siete miembros de mayor rango de cada órgano judicial.
El proyecto de ley se aprobó el 26 de abril, tras votar en favor de las reformas dos terceras partes del Parlamento. Varios órganos judiciales, como el Consejo de Estado, el Consejo Supremo del Poder Judicial y la Fiscalía del Estado, habían registrado formalmente su oposición antes de la votación en el Parlamento.
Esta ley tiene el potencial de menoscabar la independencia del ya amenazado poder judicial del Estado, por lo que, si el presidente la ratifica, podría representar un grave retroceso para la justicia en Egipto.
Najia Bounaim, directora adjunta de Campañas de la Oficina Regional de Amnistía Internacional en Túnez capital
Hasta ahora, los consejos judiciales de Egipto tenían la facultad de designar a los presidentes de las distintas partes del sistema de justicia. El nombre del candidato seleccionado se comunicaba entonces al presidente, que dictaba un decreto para confirmar el nombramiento oficialmente, aunque este paso era solo una formalidad, pues en la practica la decisión final recaía aún en los consejos judiciales. Con las reformas propuestas, el presidente tendrá la facultad de seleccionar a los presidentes de los órganos judiciales de entre un grupo de tres jueces superiores presentados por sus iguales de entre los siete miembros de mayor rango de cada órgano judicial.
El proyecto de ley se aprobó el 26 de abril, tras votar en favor de las reformas dos terceras partes del Parlamento. Varios órganos judiciales, como el Consejo de Estado, el Consejo Supremo del Poder Judicial y la Fiscalía del Estado, habían registrado formalmente su oposición antes de la votación en el Parlamento.
Tras la aprobación de las reformas, la Asociación de Jueces de Egipto emitió una declaración en la que instaba al presidente a no ratificarlas y convocaba a los jueces a una asamblea general urgente que se celebrará el 5 de mayo para protestar contra ellas. La Asociación de Jueces del Consejo de Estado también hizo una declaración en contra de la nueva ley y escribió una carta al presidente instándolo a no aceptarla porque menoscaba la independencia del poder judicial y el principio de separación de poderes.
Dos de las máximas instancias judiciales del país, el Tribunal de Casación y el Tribunal Administrativo Supremo, se verán especialmente afectadas por la nueva ley. Buena parte de la comunidad judicial de Egipto las consideraba la última esperanza de mantener bajo control la injusticia que caracteriza el poder judicial desde hace años.
El Tribunal de Casación ha anulado varias condenas masivas de muerte por considerar que los tribunales de primera instancia no establecieron la responsabilidad penal individual y que, dada su dependencia exclusiva de las investigaciones de la Agencia de Seguridad Nacional, no había pruebas suficientes.
El Tribunal Administrativo Supremo, que se ocupa entre otras cosas de revisar la actuación y la política del poder ejecutivo en casos relacionados con violaciones de derechos humanos, ha tomado varias decisiones independientes desafiando al gobierno. En enero de 2017 anuló un acuerdo gubernamental por el que se cedía a Arabia Saudí la propiedad de dos islas del mar Rojo.
Desde julio de 2013, las autoridades egipcias han tomado varias medidas que han menoscabado la independencia del poder judicial, con intención de convertir los tribunales en instrumentos de represión de quienes critican al gobierno. Entre tales medidas figuran la celebración de juicios e interrogatorios en lugares controlados por el Ministerio del Interior, como prisiones, comisarías y academias de policía y bases de las fuerzas de seguridad. En 2014, la Asamblea General de los Tribunales de Apelación de El Cairo estableció salas especiales para enjuiciar a personas implicadas en protestas no autorizadas o actos de violencia. Estas salas han condenado a centenares de personas a muerte o cadena perpetua en procesos colectivos que no han cumplido siquiera las normas mínimas sobre juicios justos.
Durante años, los sucesivos gobiernos de Egipto han intentado interferir en la labor del poder judicial promoviendo o sancionando a sus miembros. El ministro de Justicia, que es miembro del poder ejecutivo, también goza de amplios poderes para someter a los jueces a medidas disciplinarias.
En los últimos tres años se han tomado medidas disciplinarias contra varios jueces por criticar pacíficamente al gobierno. Muchos jueces se han visto obligados a jubilarse tras ser acusados de participación en actividades políticas, prohibida por el artículo 73 de la Ley de Autoridad Judicial
En marzo de 2017, el ministro de Justicia remitió a dos jueces, Hisham Raouf y Assem Abdelgabar, a una junta disciplinaria por participar con un grupo egipcio de derechos humanos en un taller sobre la elaboración de una ley contra la tortura. El 28 de marzo de 2016, una junta disciplinaria suprema obligó a jubilarse a 32 jueces que, el 24 de julio de 2013, habían firmado una declaración en contra del derrocamiento del ex presidente Mohamed Morsi.
Las medidas disciplinarias contra los jueces parecen haberse aplicado de manera discriminatoria con los que han expresado opiniones en favor del gobierno, que han eludido el castigo.