Hungría: El sombrío plan de etiquetar a las ONG recuerda la “ley de agentes extranjeros” rusa

Un anteproyecto de ley filtrado a los medios de comunicación amenaza con desacreditar y menoscabar a las organizaciones no gubernamentales (ONG) de Hungría que reciben fondos extranjeros –incluso si se trata de apoyo directo de la Unión Europea–, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

Este anteproyecto de ley recuerda la draconiana “ley de agentes extranjeros” rusa y es un ominoso plan de agresión inminente contra la sociedad civil húngara.
John Dalhuisen, Amnistía Internacional

Las propuestas del anteproyecto de “Ley de la transparencia de las organizaciones financiadas desde el extranjero” obligarían a las ONG que reciban más de 24.000 euros al año a registrase de nuevo como “organización cívica financiada desde el extranjero” y poner esta etiqueta estigmatizadora en todas sus publicaciones.

“Este anteproyecto de ley, así como la retórica del gobierno sobre él, recuerda alarmantemente la draconiana ‘ley de agentes extranjeros’ rusa y es un ominoso plan de agresión inminente contra la sociedad civil húngara”, ha señalado John Dalhuisen, director de Amnistía Internacional para Europa.

“Apenas disfrazada de intento de proteger los intereses húngaros, esta ley tendría el efecto contrario, al desacreditar e intimidar a las ONG y menoscabar su capacidad para proteger los derechos humanos y prestar valiosos servicios al pueblo húngaro.”

El gobierno húngaro ha intentado justificarla presentándola como una iniciativa para luchar contra el blanqueo de dinero y el terrorismo internacional. Pero esta explicación es un endeble intento de legitimar el verdadero objetivo de la autoridades, que es denunciar a ONG que llevan a cabo labores esenciales, como promover el Estado de derecho, proteger los derechos de las personas refugiadas y migrantes y de otros grupos marginados, y prestar servicios sociales y jurídicos que el Estado no ofrece.

Apenas disfrazada de intento de proteger los intereses húngaros, esta ley tendría el efecto contrario.
John Dalhuisen, Amnistía Internacional

Con su formulación actual, la ley introduciría nuevos y selectivos requisitos de “transparencia” de la financiación de las ONG y les impondría innecesariamente más cargas administrativas. Las ONG tienen que ya que informar públicamente de los fondos extranjeros que reciben todos los años, y las autoridades pueden hacerles una auditoría en cualquier momento. Una ley general, aprobada por el mismo gobierno en 2011, contiene abundantes requisitos, como la presentación de informes detallados sobre la financiación para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de las ONG.

La ley infringiría probablemente los reglamentos de la UE sobre la libre circulación de capital y podría ser también discriminatoria según la legislación de la UE, pues sólo se aplica a determinados tipos de ONG. Según el anteproyecto de ley, las organizaciones que no cumplan estas nuevas reglas recibirán advertencias, multas y, a la larga, la suspensión de su derecho a desarrollar actividades en Hungría.

Al obligar a las ONG a ponerse la etiqueta de entidad “financiada desde el extranjero”, el gobierno húngaro intenta desacreditar su labor y volver a la población contra ellas. La justificación de las propuestas da a entender que las ONG financiadas desde el extranjero podrían servir a “intereses extranjeros” y que su financiación puede contribuir a “poner en peligro la soberanía y la seguridad de Hungría”.

Este proyecto de ley no tiene nada que ver con la transparencia, sino con poner obstáculos y desacreditar a la voces de la sociedad civil críticas.
John Dalhuisen, Amnistía Internacional

Las propuestas recuerdan la “ley de agentes extranjeros” de Rusia, como consecuencia de la cual se ha visto empañada la reputación de centenares de organizaciones creíbles, se ha intimidado a su personal y se ha paralizado su labor con requisitos administrativos. Desde que entró en vigor en 2012, la financiación extranjera entraña en la práctica riesgos demasiado grandes para las ONG desde el punto de vista jurídico y de su reputación.

“Este proyecto de ley no tiene nada que ver con la transparencia, sino con poner obstáculos y desacreditar a la voces de la sociedad civil críticas. Sería un considerable avance en la marcha de Viktor Orbán hacia la “democracia iliberal” y debería encontrar una fuerte oposición de los demás Estados miembros de la EU”, ha explicado John Dalhuisen.

“Centenares de ONG de Hungría se están agrupando para pronunciarse con una sola voz y rechazar esta agresión calculada contra el derecho a la libertad de expresión y de asociación. El gobierno de Viktor Orbán debe tomar nota y adoptar medidas para garantizar que este anteproyecto de ley no llega nunca a presentarse. Desde luego, Amnistía Internacional no estará sola a la hora de oponerse a esta ley si es que alguna vez llega a examinarse.”

Información complementaria

La Ley CLXXV de 2011 sobre el derecho de asociación, la condición de beneficio público y la administración y apoyo de organizaciones de la sociedad civil (apartados 20, 29-30) prescribe detallados requisitos de presentación de informes para las organizaciones de la sociedad civil.

Véase el informe de 2015 de Amnistía Internacional sobre la presión ejercida sobre la sociedad civil en Hungría https://www.amnesty.org/en/documents/eur27/0001/2015/en/