Sudán debe acabar con los ataques por motivos políticos contra estudiantes de Darfur

El gobierno de Sudán debe terminar con los ataques por motivos políticos –en ocasiones letales– contra estudiantes de Darfur en las universidades de todo el país, ha dicho hoy Amnistía Internacional en la presentación de un informe sobre la oleada de ataques, que dura tres años.

“Decenas de estudiantes han perdido la vida, han resultado heridos y han sido expulsados de sus universidades desde 2014 por organizarse y protestar por las violaciones de derechos humanos en Darfur”, ha declarado Muthoni Wanyeki, directora regional de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos.

“Así continúa una terrible práctica por la que, desde que estalló el conflicto en Darfur en 2003, se somete a estudiantes darfuríes a arresto, detención y también a tortura y otros malos tratos, a menudo comprometiendo que puedan seguir accediendo a la educación superior.”

“Estos ataques deliberados y vergonzosos contra estudiantes son totalmente inaceptables y deben acabar sin tardanza.”

Según el informe, los ataques suelen ser perpetrados sobre todo por agentes del Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional de Sudán (NISS), y por estudiantes simpatizantes del Partido del Congreso Nacional, el partido gobernante, también denominados a veces “Unidades Yihad”.

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El 31 de enero de 2016, el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional, en colaboración con estudiantes afiliados al partido gobernante, interrumpió violentamente un seminario pacífico en la Universidad El Geneina, organizado por estudiantes vinculados con el grupo armado de oposición Movimiento de Liberación de Sudán/Abdul Wahid Al Nur (SLM/AW). Un estudiante, Salah al Din Qamar Ibrahim, resultó muerto, y varios más fueron gravemente heridos. Según un testigo, Qamar, estudiante de cuarto curso de Economía, murió tras un golpe en la cabeza que le asestó un agente de seguridad con una barra de hierro y la culata de un rifle.

Por otro lado, Salma (nombre ficticio), miembro de la Asociación de Mujeres Estudiantes de Darfur de la Universidad de Jartum, fue detenida dos veces en 2014 por hacer campaña contra el desalojo forzoso de las estudiantes de Darfur de la residencia universitaria. La primera vez que la detuvieron e interrogaron, en marzo, la insultaron, la golpearon con porras, con la culata de un rifle y con mangueras y palos, y la torturaron aplicándole descargas eléctricas. La segunda vez, cuatro agentes de inteligencia la drogaron y la violaron en sus oficinas de Jartum.

“Cuando me desperté estaba tendida en la cama desnuda. Los cuatro agentes de seguridad estaban mirándome, y uno de ellos me mostró un vídeo en el que se veía cómo me violaban”, dijo a Amnistía Internacional desde el exilio.

Otro estudiante, Abdel, fue detenido cuando unos agentes de seguridad y estudiantes progubernamentales, armados con navajas, barras de hierro y ametralladoras, disolvieron una protesta pacífica de estudiantes de Darfur en la Universidad de El Geneina en enero de 2016. Abdel contó: “Me golpearon sin piedad con una tubería de plástico por todo el cuerpo, en la espalda desnuda y en los pies descalzos.”

<UMBRACO_MACRO macroAlias="Quote" quoteText="Esta represión de los derechos de los estudiantes de Darfur a la libertad de expresión y asociación, así como la interrupción de su educación, no puede tolerarse." quoteAuthor="Muthoni Wanyeki, directora regional de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos" />

Los investigadores de Amnistía Internacional realizaron 84 entrevistas entre octubre de 2015 y octubre de 2016 para el informe, con 52 estudiantes de 14 universidades de todo Sudán, 32 abogados, activistas, periodistas e intelectuales.

La mayoría de los estudiantes fueron entrevistados en el exilio, pues habían huido para seguir con sus estudios tras ser expulsados o sometidos a otras formas de persecución en Sudán.

Algunos dijeron a Amnistía Internacional que sus atacantes los habían acusado de apoyar a grupos armados que combatían al gobierno, algo que niegan. Otros afirmaron que los habían atacado por exigir que se aplique plenamente la política de exención de tasas universitarias a los estudiantes de Darfur a la que se comprometió el gobierno sudanés durante las conversaciones de paz con los grupos armados darfuríes en 2006 y 2011.

“Esta represión de los derechos de los estudiantes de Darfur a la libertad de expresión y asociación, así como la interrupción de su educación, no puede tolerarse. El gobierno debe investigar plenamente y exigir que los responsables rindan cuentas, además de garantizar un remedio efectivo a las víctimas, entre otras cosas asegurándoles pleno acceso a reparaciones”, ha dicho Muthoni Wanyeki.

“El gobierno debe también tomar medidas para reducir las ilimitadas facultades de arresto y detención del organismo de inteligencia, y establecer un mecanismo judicial para supervisarlo, a fin de que terminen estos flagrantes excesos.”

El informe se hace público sólo días después de que el gobierno estadounidense emitiese una orden por la que se rebajaban las sanciones contra el gobierno sudanés.

“Por el hecho de que Estados Unidos haya emitido esa orden de rebajar las sanciones contra Sudán, la comunidad internacional no debe ahora permitir que el gobierno eluda rendir cuentas por su espantoso historial de derechos humanos, que incluye, por ejemplo, los terribles abusos contra estudiantes y el uso de armas químicas de los que informamos en septiembre.

El silencio de la comunidad internacional en torno a los abusos contra los derechos humanos en Sudán sería como decir que la población sudanesa no es importante en el contexto más amplio de la lucha contra el terrorismo”, ha declarado Muthoni Wanyeki.

Información complementaria

Después de 13 años desde el estallido del conflicto en Darfur, en 2003, las fuerzas de seguridad siguen cometiendo graves violaciones de derechos humanos en la región.

En una nueva ofensiva lanzada en 2016 contra los grupos armados de oposición en la región de Darfur de Jebel Marra, las fuerzas gubernamentales han hecho uso de fuerza excesiva, llegando a utilizar lo que parecen armas químicas. Además, han cometido numerosos homicidios y obligado a más de 160.000 personas a desplazarse de sus hogares.

La situación en Darfur fue remitida a la Corte Penal Internacional por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2005, y en 2009 se dictó orden de detención contra el presidente Omar Al Bashir por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, pero más de siete años después aún continúa en libertad.

Los agentes de seguridad han atacado particularmente a estudiantes de Darfur, utilizando el conflicto armado para excusar y ocultar las violaciones de derechos humanos.