Irán debe detener de inmediato la ejecución de 12 hombres declarados culpables de delitos de drogas, prevista para el 14 de enero en la prisión central de Karaj, han manifestado Human Rights Watch y Amnistía Internacional hoy. Las organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por que, a pesar de las reiteradas promesas del gobierno, Irán no haya hecho avances tangibles en la reducción de su alarmante índice de ejecuciones.
El domingo 8 de enero de 2017, las autoridades de la prisión, situada en la provincia de Alborz, al oeste de Teherán, recluyeron al menos a 12 hombres condenados a muerte por cargos de drogas en régimen de aislamiento y les notificaron que su ejecución era inminente. Sin embargo, las ejecuciones se aplazaron debido a la muerte del ex presidente iraní Ali Akbar Hashemí Rafsanyaní. Human Rights Watch y Amnistía Internacional han podido confirmar la identidad de cuatro de los condenados: Ali Mohammad Lorestani, Mohammad Soleimani, Ali Ebadi y Majid Badrlou. Fuentes que conocen bien los casos han dicho que estos hombres no tuvieron acceso a un abogado durante sus interrogatorios y que las sentencias contra Lorestani, Soleimani y Ebadi se basaron en confesiones de otros presos.
“Las autoridades iraníes deben poner fin a todas la ejecuciones y proscribir el uso de la pena de muerte por delitos de drogas, que no cumple las normas jurídicas internacionales”, ha señalado Sarah Leah Whitson, directora de Human Rights Watch para Oriente Medio. “Llenar las prisiones de personas acusadas de delitos de drogas y condenarlas precipitadamente a muerte, sin el debido proceso y en juicios donde abundan las irregularidades, no hará más que empeorar los problemas de Irán en materia de justicia, sin servir en absoluto, además, para solucionar los problemas de drogas del país.”
La legislación sobre drogas de Irán prescribe la pena de muerte por tráfico, posesión o venta de tan sólo 30 gramos de drogas sintéticas, como heroína, morfina, cocaína o sus derivados químicos. Irán ejecutó a centenares de personas en 2016, en la mayoría de los casos por delitos de drogas. Según Hassan Noroozi, miembro del Parlamento, hay 5,000 personas condenadas a muerte por delitos de drogas en Irán, y la mayoría tienen entre 20 y 30 años.
Las autoridades iraníes detuvieron a Mohammad Soleimani, que es de la ciudad de Kermanshah y tiene tres hijos, en Karaj, en marzo de 2015, por presunta posesión de entre 700 y 800 gramos de heroína. Human Rights Watch y Amnistía Internacional se han comunicado con una fuente bien informada que afirma que Soleimani no estaba en posesión de ninguna droga en el momento de su detención. Según la fuente, su condena se basó en las confesiones de dos hombres que lo implicaron en el delito tras ser detenidos estando ellos en posesión de drogas.
En vez de condenar a estas 12 personas a la horca, Irán debe declarar de inmediato una suspensión oficial de las ejecuciones y centrarse en abolir definitivamente la pena capital en el país.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch
Otra fuente bien informada ha dicho que el Tribunal Supremo anuló la condena de muerte de Soleimani en julio de 2016 y ordenó que fuera sometido de nuevo a juicio. Sin embargo, volvieron a condenarlo a muerte en un nuevo juicio, sumario, pues consistió en una breve vista, ante un tribunal revolucionario de Karaj. En una segunda revisión de la causa contra Soleimani, el Tribunal Supremo rechazó su recurso y confirmó la condena de muerte.
Fuentes próximas a Ali Mohammad Lorestani han contado a Human Rights Watch que las autoridades de la provincia de Alborz lo detuvieron en octubre de 2012 y que lo tuvieron recluido durante al menos 18 días en un centro de detención policial y lo interrogaron sin que tuviera acceso a un abogado. “Su familia no tenía ni idea de adónde lo habían llevado las autoridades”, ha explicado una fuente. “Cuando lo trasladaron a la prisión tenía un dedo roto.”
Las autoridades detuvieron a Majid Badrlou, taxista de 29 años, el 15 de julio de 2011, cuando decomisaron 990 gramos de heroína en su vehículo. Una fuente que conoce su caso ha dicho a Human Rights Watch que Badrlou no representó ningún recurso porque temía que empeorara el resultado del juicio. Ha explicado también que “las autoridades golpearon brutalmente a Badrlou cuando estuvo recluido con fines de integración en el centro de detención de la Oficina de Control de Drogas”.
“La pena de muerte es una condena cruel, inhumana y degradante y viola el derecho a la vida. Su uso es detestable en todas las circunstancias, pero llevar a cabo estas ejecuciones sería especialmente trágico ahora que en el Parlamento iraní se ha entablado un debate que podría comportar la abolición de la pena de muerte para los delitos de drogas no violentos”, ha afirmado Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“En vez de condenar a estas 12 personas a la horca, Irán debe declarar de inmediato una suspensión oficial de las ejecuciones y centrarse en abolir definitivamente la pena de muerte en el país”, han manifestado Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
En diciembre de 2015, miembros del Parlamento formularon una propuesta de eliminación de la pena de muerte para los delitos de drogas, excepto en el caso de contrabando armado, pero no prosperó. El 23 de noviembre de 2016, 100 parlamentarios presentaron un nuevo anteproyecto de ley que es de menor alcance que la propuesta de 2015, pues sólo prohíbe el uso de la pena de muerte en el caso de los delitos de drogas no violentos y mantiene varias tipos de delitos de drogas que comportan todavía la pena de muerte. El nuevo anteproyecto de ley se está examinando en la actualidad en varias comisiones parlamentarias.
Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado reiteradamente graves incumplimientos del debido proceso y de las garantías de juicio justo –como uso de tortura y otros malos tratos y juicio sumario– en causas por delitos de drogas punibles con la muerte en Irán.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha establecido que las condenas a muerte impuestas tras unas actuaciones injustas vulneran tanto el derecho a la vida como la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Incluso en los países que mantienen la pena de muerte, el derecho internacional de los derechos humanos dispone que su uso debe estar limitado a los “más graves delitos” –los que implican homicidio intencional–, entre los que no figuran los delitos de drogas. Human Rights Watch y Amnistía Internacional se oponen a la pena de muerte en todas las circunstancias, porque es irreversible por naturaleza y es la forma extrema de pena cruel, inhumana y degradante.
Irán debe anular las condenas de muerte de estos 12 hombres y abolir definitivamente la pena capital, han afirmado Human Rights Watch y Amnistía Internacional.