Gambia: El estado de excepción no es una licencia para la represión

Se detiene arbitrariamente a soldados mientras la crisis política se intensifica

El estado de excepción declarado por el presidente Yahya Jammeh en Gambia no sirve de justificación para reprimir la disidencia pacífica en torno al plazo límite del 19 de enero de 2017 para que el nuevo gobierno ocupe su cargo. Así lo han manifestado hoy Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Desde el 15 de enero, las fuerzas de seguridad leales al presidente Jammeh han detenido arbitrariamente al menos a cinco oficiales y soldados sospechosos de oponerse al intento de Jammeh de mantenerse en el cargo. Desde que, el 9 de diciembre de 2016, Jammeh rechazó los resultados de las elecciones celebradas el día 1 de ese mismo mes, las autoridades de Gambia han detenido arbitrariamente a simpatizantes de la oposición y han cerrado cuatro emisoras de radio independientes. El estado de excepción hace temer que aumente la represión contra los simpatizantes de la oposición en torno al 19 de enero, fecha prevista para la toma de posesión del presidente electo Adama Barrow. Muchas personas han huido del país ante el temor por su seguridad.

“El respeto por los derechos humanos no debe ser una víctima de la actual crisis política”, ha manifestado Steve Cockburn, director adjunto de Amnistía Internacional para África Occidental y Central. “El estado de excepción declarado no debe utilizarse como pretexto para reprimir la disidencia pacífica.”

El respeto por los derechos humanos no debe ser una víctima de la actual crisis política. El estado de excepción declarado no debe utilizarse como pretexto para reprimir la disidencia pacífica.
Steve Cockburn, director adjunto de Amnistía Internacional para África Occidental y Central

Jammeh y la Asamblea Nacional de Gambia, controlada por su partido, declararon el 17 de enero un estado de excepción de 90 días de duración. Si la Asamblea Nacional lo autoriza, esto facultaría a Jammeh para suspender ciertos derechos básicos de proceso debido, entre ellos la prohibición de detener a personas sin cargos.

Al anunciar el estado de excepción en la televisión estatal, Jammeh declaró que “las libertades civiles serán plenamente respetadas” pero que quedaban prohibidos “los actos destinados a alterar el orden público y la paz”.

Varios líderes de organizaciones juveniles de Gambia dijeron a Amnistía Internacional y Human Rights Watch que preveían que la población gambiana se echaría a las calles el 19 de enero para celebrar la toma de posesión de Barrow. “Ya no tenemos miedo”, dijo uno. “Sólo queremos que esto termine.” Un activista gambiano contó que unos agentes de inteligencia lo habían detenido y golpeado el 10 de enero, y aseguró que le habían dicho: “Si intentáis hacer algo el 19 de enero, os aplastaremos como a chinches”.

Desde el 15 de enero, las autoridades han detenido y recluido en régimen de incomunicación al menos a cinco miembros de las fuerzas armadas –entre ellos el capitán Babucarr Bah, el capitán Demba Baldeh y el teniente coronel Hena Sambou– por apoyar o planear apoyar a Barrow. Según fuentes, se cree que los soldados están detenidos en la Agencia Nacional de Inteligencia y no tienen contacto con su familia.

Las detenciones contradicen la orden ejecutiva anunciada por Jammeh el 10 de enero, según la cual no habría detenciones hasta el 31 de enero.

La Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO) ha anunciado que está preparando una fuerza militar, encabezada por Senegal y Nigeria, para una posible intervención si se impide a Barrow asumir la presidencia. Si se produce una intervención de la CEDEAO, habrá que tomar todas las medidas para garantizar la protección de la población civil y el respeto por los derechos humanos, han manifestado Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

El presidente Jammeh admitió públicamente su derrota al día siguiente de las elecciones del 1 de diciembre, pero luego, el 9 de diciembre, rechazó los resultados. Su negativa a aceptar esos resultados ha recibido una condena internacional generalizada, incluso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Unión Africana y la CEDEAO.

El 13 de enero, la Unión Africana declaró que dejaría de reconocer a Jammeh como presidente legítimo de Gambia el 19 de enero, y le advirtió de que habría “graves consecuencias” si sus acciones conducían a “desórdenes políticos” o a un “desastre de derechos humanos”. Barrow se encuentra actualmente en el vecino Senegal por su protección, pero los planes para que sea investido presidente el 19 de enero siguen adelante.

La protección de los derechos humanos debe ocupar un lugar central en toda solución a la crisis política de Gambia. Si la CEDEAO despliega fuerza militar, todas las partes tendrán que garantizar la seguridad de la población civil.
Corinne Dufka, directora para África Occidental de Human Rights Watch

“La protección de los derechos humanos debe ocupar un lugar central en toda solución a la crisis política de Gambia”, ha manifestado Corinne Dufka, directora para África Occidental de Human Rights Watch. “Si la CEDEAO despliega fuerza militar, todas las partes tendrán que garantizar la seguridad de la población civil.”