Arabia Saudí: La imposición masiva de penas de muerte en el “juicio de los espías” es una parodia de la justicia

La condena a muerte hoy de 15 hombres por el Tribunal Penal Especializado, tras un juicio manifiestamente injusto, es una parodia de la justicia y una violación grave de derechos humanos, ha declarado Amnistía Internacional.

Los condenados formaban parte de un grupo de 32 personas detenidas en Arabia Saudí en 2013 y 2014 que fueron acusadas de espiar para Irán. Otras 15 personas fueron condenadas a penas de entre seis meses y 25 años de prisión, y dos resultaron absueltas.

Los procesados fueron acusados de una serie de delitos, como “alta traición”, y en algunos casos, de varios cargos absurdos más que no deberían ser considerados delito, como “apoyar protestas”, “difundir la fe chií” y “posesión de libros y vídeos prohibidos”.

“Condenar a muerte a 15 personas tras un juicio farsa en el que se violaron las normas básicas sobre imparcialidad es una bofetada a la justicia. Una y otra vez, el sistema de justicia de Arabia Saudí demuestra su incapacidad para garantizar imparcialidad y justicia”, afirmó Samah Hadid, directora adjunta de campañas de la oficina regional de Amnistía Internacional en Beirut.

“La pena de muerte es cruel, inhumana y degradante en todas las circunstancias, pero es aún más escandalosa cuando la condena se impone tras juicios manifiestamente injustos. Estas condenas a muerte deben anularse inmediatamente y los acusados deben ser sometidos a un nuevo juicio con arreglo a las normas internacionales sin recurso a la pena de muerte o puestos en libertad.”

Condenar a muerte a 15 personas tras un juicio farsa en el que se violaron las normas básicas sobre imparcialidad es una bofetada a la justicia.
Samah Hadid, directora adjunta de campañas de la oficina regional de Amnistía Internacional en Beirut

Todos los procesados declarados culpables en el juicio eran ciudadanos saudíes, salvo un iraní, que fue condenado a cuatro años de prisión. Uno de los dos hombres absueltos era afgano.

Según Taha al Hajji, uno de los abogados que representó a la mayoría de los acusados, los 32 detenidos fueron arrestados sin orden judicial y estuvieron casi tres meses recluidos en régimen de incomunicación, periodo en el que se los interrogó en reiteradas ocasiones sin abogado, lo que aumentó el riesgo de que fueran sometidos a tortura y otros malos tratos. En muchos casos no supieron el motivo de su detención hasta que fueron interrogados.

Algunos declararon ante el tribunal que los habían amenazado con recluirlos en régimen de aislamiento y con prohibirles tener contacto con sus familias si no firmaban documentos de “confesión”. Afirmaron que les habían dicho que si se negaban a firmar estas “confesiones”, encarcelarían a sus familias y las encerrarían en las celdas vecinas.

Tras casi tres años de reclusión sin cargos ni juicio, los procesados fueron llevados inesperadamente ante el Tribunal Penal Especializado en Riad,
el hermético tribunal saudí de seguridad y antiterrorismo, en febrero de 2016. La mayoría de ellos asistió a la primera vista judicial sin abogado y el resto conoció a los suyos brevemente y por primera vez en esa ocasión. Algunos de los procesados tuvieron que preparar ellos mismos su defensa.

“Todas las actuaciones judiciales de este caso han sido una parodia de la justicia. El hecho de que los hombres estuvieran tres meses incomunicados, de que se les negara el acceso a un abogado durante los interrogatorios y de que el tribunal no investigase adecuadamente sus denuncias de que habían sido coaccionados para ‘confesar’ lo convierte en poco más que un simulacro de juicio”, prosiguió Samah Hadid.

Todas las actuaciones judiciales de este caso han sido una parodia de la justicia.
Samah Hadid, directora adjunta de campañas de la oficina regional de Amnistía Internacional en Beirut

Mientras el fiscal general tuvo casi tres años para sustanciar la causa contra los 32 procesados, los abogados de éstos dispusieron de menos de un mes para preparar su defensa después de la primera vista; además se les negó información crucial para preparar una defensa adecuada.

Los abogados pidieron más tiempo, alegando que era un caso muy complejo con 32 encausados, pero el juez ignoró la solicitud. En un principio se les negó el acceso a documentos judiciales y pruebas clave en las que se basaron las sentencias condenatorias, incluidas las confesiones forzadas de los hombres.

Durante la primera vista, en febrero de 2016, se entregó a los 32 procesados una lista de cargos de casi 100 páginas de extensión. La mayoría de ellos fueron acusados de delitos como “alta traición” por crear una célula de espías o incorporarse a ella, o por reunirse con agentes de inteligencia iraníes y entregarles información militar o de seguridad.

Sin embargo, algunos de los demás cargos de la lista, como “apoyar protestas”, “difundir la fe chií”, por ejemplo con la creación de un centro chií en La Meca, “posesión de libros y vídeos prohibidos” o “incitar a la opinión pública a quebrantar la lealtad al gobernante y dañar la reputación de la familia real”, no eran delitos comunes reconocibles según las normas internacionales.

Uno de los condenados a muerte fue acusado incluso de estar en posesión de artículos escritos por Mikhlif al Shammari, destacado defensor de los derechos humanos y de la comunidad musulmana chií en Arabia Saudí que fue condenado a prisión y a 200 latigazos por su activismo.

No es la primera vez que un tribunal saudí dicta condenas a muerte tras un juicio injusto masivo. El 1 de junio de 2016, el Tribunal Penal Especializado condenó a muerte a 14 hombres musulmanes chiíes tras un juicio basado en “confesiones” obtenidas mediante tortura por diversos delitos, como participar en protestas violentas en las Provincias Orientales en 2012.

Los juicios ante el Tribunal Penal Especializado están envueltos en el hermetismo. Dada la opacidad de sus actuaciones, en algunos casos el mero hecho de ser llevado a juicio parece motivo suficiente para que los jueces declaren culpable al acusado.

En una carta presentada ante el Tribunal Penal Especializado en la segunda vista, varios de los abogados declararon su intención de boicotear el juicio como protesta por la forma en que se estaba llevando a cabo, incluido el hecho de que no se les permitiera visitar a sus clientes, ver pruebas ni preparar adecuadamente su defensa. Los letrados también pusieron reparos a la “guerra mediática” que se estaba librando contra los procesados. Las autoridades saudíes no permiten la existencia en el reino de ningún medio de comunicación crítico o independiente.