Pakistán: Cómo las leyes sobre la blasfemia dan pie al abuso

Con frecuencia, las leyes sobre la blasfemia de Pakistán se utilizan contra las minorías religiosas y otras personas que son objeto de falsas acusaciones, al tiempo que envalentonan a quienes están dispuestos a tomarse la justicia por su mano y amenazar o matar a los acusados; así lo afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.

“Hay pruebas abrumadoras de que las leyes sobre la blasfemia de Pakistán violan los derechos humanos y alientan a las personas a tomarse la justicia por su mano. Cuando se acusa a una persona, esta queda atrapada en un sistema que le ofrece pocas garantías, la presupone culpable y no la protege de personas dispuestas a utilizar la violencia”, ha afirmado Audrey Gaughran, directora de Asuntos Temáticos Globales.

El informe, “As good as dead”: The impact of the blasphemy laws in Pakistan, muestra cómo las personas acusadas de blasfemia se enfrentan a una dura lucha para demostrar su inocencia. Aunque una persona sea absuelta de los cargos en su contra y liberada, generalmente con mucho retraso, todavía puede afrontar amenazas contra su vida.

Hay pruebas abrumadoras de que las leyes sobre la blasfemia de Pakistán violan los derechos humanos y alientan a las personas a tomarse la justicia por su mano.
Audrey Gaughran, directora de Asuntos Temáticos Globales en Amnistía Internacional

Cuando se ha formulado una acusación de blasfemia, la policía puede detener a la persona acusada, sin siquiera verificar si los cargos tienen sentido. Cediendo a la presión social de multitudes enfurecidas, compuestas —entre otras personas— por clérigos y sus seguidores, las causas se remiten con frecuencia a la fiscalía sin examinar las pruebas. Y una vez que una persona ha sido acusada, puede ver denegada la libertad con fianza y tener que enfrentarse a un juicio prolongado y sin las debidas garantías.

La amenaza de la violencia acompaña a muchas personas acusadas de blasfemia, ya que hay grupos o personas que se toman la justicia por su mano para amenazarlas o matarlas a ellas o a otras personas relacionadas con ellas, incluidos sus abogados y miembros de su familia o de su comunidad.

El informe de Amnistía Internacional muestra que las personas que trabajan en el sistema de justicia penal de Pakistán viven en el miedo, lo que impide que abogados, policía, fiscales y jueces realicen su trabajo con eficacia e imparcialidad y sin miedo.

En el texto se revela el modo en que las leyes sobre la blasfemia dan pie al abuso e incumplen las obligaciones jurídicas internacionales de respetar y proteger una serie de derechos humanos, como la libertad de religión o credo y de opinión y expresión, contraídas por Pakistán. Amnistía Internacional pide la derogación de estas leyes y que cualquier nueva legislación respete plenamente el derecho y las normas internacionales.

Además, el informe detalla la forma en que se han utilizado las leyes para atacar a algunas de las personas más vulnerables de la sociedad, como los niños y las niñas, las personas con discapacidad mental, los miembros de las minorías religiosas y las personas pobres.

La Corte Suprema de Pakistán ha reconocido que “la mayoría de los casos de blasfemia se basan en acusaciones falsas”, impulsadas por otras motivaciones. Según el informe, las autoridades raramente examinan dichas motivaciones, que pueden ir desde la rivalidad profesional o las disputas personales o religiosas, hasta la búsqueda de un beneficio económico.

“Los casos descritos en el informe desvelan en detalle cómo las leyes ambiguas carecen de salvaguardias y dan pie a que se cometan abusos. Al permitir las acusaciones infundadas, favorecen al querellante y, al presumir la culpabilidad, ponen en peligro al acusado. Nuestro informe destaca una serie de medidas con las que las autoridades deberían derogar estas leyes, comenzando por aplicar inmediatamente salvaguardias para evitar enjuiciamientos sin garantías”, ha añadido Audrey Gaughran.

Acusaciones falsas contra una adolescente con discapacidad mental

Uno de los casos detallados en el informe es el de Rimsha Masih, una niña cristiana con discapacidad intelectual que tenía 14 años cuando un clérigo local la acusó de blasfemia por quemar unas páginas del Corán.

Fue detenida y acusada, a pesar de ser una adolescente con discapacidad mental.

Tras un calvario de tres meses bajo los focos de los medios de comunicación, el Tribunal Superior de Islamabad anuló los cargos, señalando que había sido falsamente implicada sin ninguna prueba y que un enjuiciamiento habría permitido que los tribunales sirvieran de instrumento para motivaciones ocultas.

Rimsha Masih y su familia volaron a Canadá, donde se les concedió asilo debido a las amenazas a las que se enfrentaban.

Abogado amenazado y asesinado

Rashid Rehman era un reconocido abogado de derechos humanos, uno de los pocos lo bastante valiente para representar a personas acusadas de blasfemia en los tribunales.

El 8 de mayo de 2014, Rashid Rehman fue asesinado a tiros en su oficina por dos hombres armados no identificados. El día después de su asesinato, se distribuyó un panfleto por los despachos de abogados en la céntrica ciudad pakistaní de Multan que decía que Rashid Rehman había encontrado su destino al tratar de “salvar a una persona blasfema”.

Apenas un mes antes de su asesinato, Rashid Rehman había sido amenazado en una sesión pública. “No vendrás al tribunal la próxima vez porque ya no existirás”, le advirtieron ante testigos. La policía que investigaba su asesinato nunca interrogó a las personas que lo habían amenazado.

Antes de su muerte, Rashid Rehman comparó una vez la defensa de las personas acusadas de blasfemia con “arrojarse a las fauces de la muerte”. Confrontados con los altos riesgos que esta labor entraña, muchos abogados declinan representar a las personas acusadas de blasfemia.

En otro caso, la familia de una persona acusada de blasfemia luchó por encontrar un abogado y recibió constantes negativas hasta que finalmente encontró a alguien dispuesto a representarla a cambio de unos honorarios elevados. En el tribunal, el abogado fue fue brutalmente agredido. Cortó el contacto con la familia y abandonó el caso.

Pareja cristiana asesinada por dinero

Shama y Shahzad Masih eran una pareja cristiana que vivía con sus tres hijos en el pueblo punyabí de Kot Radha Kishan. En condiciones duras, trabajaban largas jornadas en un horno de ladrillos cerca de su casa. Una jornada típica duraba 18 horas. Les pagaban apenas 6,60 dólares estadounidenses por cada 1.000 ladrillos fabricados.

Un día de noviembre de 2014, Shama Masih, embarazada de cinco meses, se hallaba quemando las pertenencias de su suegro fallecido. Debido a la falta de instalaciones sanitarias, esta es la forma en la que muchos lugareños eliminan los desechos.

Más tarde, un rumor que acusaba a Shama Masih de haber quemado páginas del Corán recorría la zona. Las acusaciones se intensificaron cuando a clérigos de pueblos cercanos les dio por usar los micrófonos de sus mezquitas para pedir que la pareja cristiana “fuera quemada de la misma manera que ellos habían quemado el [libro sagrado].”

Una multitud furiosa de cientos de personas se congregó rápidamente en el horno de ladrillos. Encontraron a Shama y Shahzad Masih encerrados en una pequeña habitación, donde los había confinado un prestamista que les había dejado dinero, y los arrastraron fuera.

Cinco policías estaban presentes, pero no intervinieron. Dijeron que estaban en inferioridad numérica y se enfrentaban a la violencia de una multitud incontrolable. La pareja fue golpeada repetidamente y después arrastrada hasta el horno, donde fue arrojada y quemada viva.

Según la familia de Shahzad Masih, la policía llegó más tarde y arrestó a más de 100 personas. El primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, denunció el asesinato, y su hermano, el ministro principal del Punyab, Shahbaz Sharif, visitó el pueblo para presentar sus condolencias a la familia doliente de la pareja.

El 23 de noviembre de 2016, un tribunal antiterrorista condenó a muerte a cinco hombres por su implicación en el asesinato. Si bien Amnistía Internacional pide que se rindan cuentas y se ponga fin a la impunidad frente a estos crímenes se opone a la pena de muerte en todos los casos.

La falta de intervención eficaz en este caso por parte de las autoridades antes de que la multitud se volviera violenta es una constante típica en todo el Punyab. Con frecuencia, la policía conoce las amenazas que están circulando contra determinadas minorías religiosas vulnerables, pero no actúa con determinación frente a una muchedumbre galvanizada por clérigos furiosos que exhortan al asesinato.