Los terribles historiales de derechos humanos de los Estados del Golfo no deben barrerse bajo la alfombra cuando los miembros del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico (CCEAG) se reúnan en la capital de Bahréin, Manama, esta semana (6-7 de diciembre) para su cumbre anual. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
Los derechos humanos estarán llamativamente ausentes del orden del día de la reunión anual cuando los seis Estados del CCEAG –Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar– se reúnan para debatir sobre comercio y cooperación en materia de seguridad, sin hacer mención a la represión generalizada ejercida en la región en aras de la seguridad.
“En los últimos años, en todo el Golfo, hemos visto ataques sistemáticos, en nombre de la seguridad, contra activistas de derechos humanos, opositores políticos pacíficos y personas que critican al gobierno. Cientos de personas han sido acosadas, procesadas ilegalmente, privadas de su nacionalidad, detenidas arbitrariamente o, en algunos casos, encarceladas o incluso condenadas a muerte tras juicios injustos, como parte de un esfuerzo concertado por intimidar a la gente para que guarde silencio”, ha manifestado Randa Habib, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“El uso de esas crueles tácticas para pisotear los derechos de las personas en los Estados del CCEAG debe cesar ya.”
El uso de esas crueles tácticas para pisotear los derechos de las personas en los Estados del CCEAG debe cesar ya.
Randa Habib, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África
Se espera que la primera ministra británica, Theresa May, asista a la cumbre del CCEAG, donde tendrá una oportunidad única de exponer la preocupación por un patrón de violaciones recurrentes de derechos humanos en toda la región.
“Durante años, los Estados occidentales aliados del CCEAG, incluidos Reino Unido y Estados Unidos, se han mostrado reacios a denunciar las flagrantes violaciones de derechos humanos cometidas en el Golfo. Al hacerlo, dan la espalda a innumerables víctimas de violaciones de derechos humanos en toda la región. Es hora de que los aliados del CCEAG dejen de poner los negocios y la cooperación en materia de seguridad por delante de los derechos humanos, y Theresa May no debe desperdiciar esta oportunidad de plantear cuestiones clave relativas a los derechos”, ha manifestado Randa Habib.
En los años transcurridos desde los levantamientos de 2011 en todo el mundo árabe, varios países del Golfo han introducido leyes represivas sobre antiterrorismo, delitos cibernéticos y reuniones pacíficas, en un intento de restringir la libertad de expresión y castigar a quienes critican las políticas gubernamentales, a sus propios líderes o a los de otros Estados del CCEAG.
En los Estados del CCEAG ha emergido un patrón claro: basarse en leyes de seguridad nacional amplias y vagamente redactadas para condenar, tras juicios flagrantemente injustos, a activistas pacíficos y a personas que critican al gobierno.
“Tras el ascenso del grupo armado autodenominado Estado Islámico y el riesgo de ataques mortales, la tensión es alta en toda la región, pero esto no es excusa para contraatacar aplastando toda señal de disidencia pacífica. Los gobiernos de los Estados del CCEAG deben dejar de utilizar la seguridad como excusa para castigar la represión”, ha manifestado Randa Habib.
Entre quienes han sido blanco de la implacable represión se encontraban activistas de derechos humanos, líderes de la oposición, periodistas, abogados e intelectuales, entre otros.
Uno de ellos es el abogado y defensor de los derechos humanos saudí Waleed Abu al Khair, cuyo caso es un ejemplo ilustrativo de cómo se ha utilizado la draconiana ley antiterrorista como herramienta para castigar a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión. En la actualidad, Waleed Abu al Khair cumple una pena de 15 años de prisión tras haber sido declarado culpable en un juicio injusto, en virtud de la ley antiterrorista de 2014, de una serie de delitos relacionados con su trabajo de derechos humanos, y por una conducta que, para empezar, no debería criminalizarse. Este abogado y defensor de los derechos humanos ha defendido a numerosos activistas pacíficos y ha criticado enérgicamente el terrible historial de derechos humanos de Arabia Saudí.
Tan sólo la semana pasada, en apelación, el tribunal antiterrorista de Riad, tras un juicio injusto, incrementó la pena de Issa al Hamed, defensor de los derechos humanos saudí, de 9 a 11 años de prisión.
En un caso emblemático de Emiratos Árabes Unidos, el abogado de derechos humanos Mohammed al Roken cumple una pena de 10 años de prisión tras haber sido declarado culpable de cargos relativos a la seguridad nacional tras un juicio colectivo flagrantemente injusto celebrado contra 94 personas, conocido ampliamente como el juicio de los “94 de EAU”.
En toda la región, la gente se encuentra también cumpliendo largas penas de prisión sencillamente por atreverse a expresar libremente sus opiniones en las redes sociales.
El destacado activista bahreiní Nabeel Rajab es uno de los activistas de los Estados del CCEAG que han sido procesados ilegalmente por comentarios publicados en Twitter.
En Kuwait, Abdallah Fairouz, activista de derechos humanos detenido en noviembre de 2013, cumple un total de cinco años y medio de prisión por tuits en los que expresaba su opinión de que nadie debería gozar de inmunidad procesal por residir en un palacio real. Abdallah Fairouz es preso de conciencia.
El hablar libremente para criticar las políticas gubernamentales y pedir reformas pacíficas también hizo que Sheikh Ali Salman, líder del principal partido de oposición de Bahréin, la Sociedad Nacional Islámica al Wefaq, fuera condenado a nueve años de prisión en lo que constituyó un escandaloso ataque a la libertad de expresión. Además, el partido Al Wefaq fue clausurado.
Los Estados del CCEAG deben dejar de catalogar como delincuentes a los activistas independientes de derechos humanos y a las personas que ejercen la crítica pacífica.
Randa Habib, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África
En Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, cientos de personas han sido privadas ilegalmente de su nacionalidad en los últimos años, lo que en muchos casos las ha convertido en apátridas y las ha privado de derechos fundamentales, hasta el punto de convertir en alarmante tendencia regional el uso de esta táctica para castigar la disidencia.
“Hoy día, en los Estados del CCEAG, ejercer tu derecho fundamental a expresar tus opiniones libremente puede llevarte fácilmente a la cárcel. Los Estados del CCEAG deben dejar de catalogar como delincuentes a los activistas independientes de derechos humanos y a las personas que ejercen la crítica pacífica. En lugar de encerrar a esas personas durante largos periodos con el falso pretexto de defender la seguridad nacional, deberían agradecer el escrutinio de su historial de derechos humanos”, ha manifestado Randa Habib.
Información complementaria
Las violaciones de derechos humanos cometidas en los Estados del CCEAG van más allá de reprimir la libertad de expresión, y abarcan cuestiones como las detenciones arbitrarias, la tortura y otros malos tratos bajo custodia, los juicios injustos, la falta de protección adecuada de los derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes, y el uso de la pena de muerte. La coalición encabezada por Arabia Saudí que incluye a varios Estados del CCEAG ha lanzado también en Yemen una serie de ataques ilegítimos, algunos de los cuales pueden constituir crímenes de guerra.