La detención, hoy, de Azza Soliman, fundadora del Centro de Asistencia Jurídica para Mujeres Egipcias, ONG dedicada a prevenir la violencia contra las mujeres, es una clara señal de que las autoridades egipcias están intensificando la represión del activismo de derechos humanos, ha manifestado Amnistía Internacional.
Unos agentes de policía se han presentado esta mañana en casa de Azza Soliman y, tras mostrarle una orden de detención, se la han llevado a la comisaría de Masr el Gedida, a las afueras de El Cairo, para trasladarla después a un juzgado de instrucción de El Cairo Nuevo a fin de interrogarla.
La detención de Azza Soliman es el más reciente ejemplo de la terrible persecución sistemática emprendida por las autoridades egipcias contra los defensores y defensoras independientes de los derechos humanos.
Najia Bounaim, directora adjunta de campañas de la oficina regional de Amnistía Internacional en Túnez capital.
“La detención de Azza Soliman es un escalofriante ejemplo más de la persecución sistemática emprendida por las autoridades egipcias contra los defensores y defensoras independientes de los derechos humanos. Creemos que la han detenido por su trabajo legítimo de derechos humanos y que debe ser puesta en libertad de inmediato y sin condiciones. Es preciso poner fin a las intimidaciones y los actos de hostigamiento contra activistas de los derechos humanos”, ha señalado Najia Bounaim, directora adjunta de campañas de la oficina regional de Amnistía Internacional en Túnez capital.
La detención se produce unas tres semanas después de que las autoridades congelaran los activos personales y de trabajo de Azza Soliman sin vista judicial previa y de que, el 19 de noviembre, le impidieran por orden judicial viajar a Jordania para participar en una sesión de capacitación sobre los derechos de las mujeres en el islam.
La orden de detención estaba firmada por uno de los jueces que supervisan la investigación de las ONG egipcias de derechos humanos en el marco de la denominada Causa 173, de 2011. Azza Soliman será interrogada por el juez de instrucción, que decidirá si debe continuar detenida o quedar en libertad con fianza.
“Junto con otros defensores y defensoras de los derechos humanos, está sometida ya a la prohibición arbitraria de viajar y la congelación de sus activos. Su detención es indicativa de la intensificación del uso de una serie de tácticas represivas que tienen o objeto intimidar tanto a ella como a otras voces críticas para hacerles callar”, ha explicado Najia Bounaim.
“Existe una amenaza real de que sea señal de un rápido aumento de la represión y corran también riesgo inminente de detención muchos otros defensores y defensoras de los derechos humanos objeto de la misma investigación.”
En junio de 2014 se condenó a entre uno y cinco años de prisión a 43 personas que trabajaban en ONG egipcias y se cerraron varias ONG internacionales, entre ellas Freedom House y el Centro Internacional de Periodistas, en relación con la Causa 173.
En el último año ha aumentado la presión de los jueces de instrucción sobre los grupos de derechos humanos por medio de imposiciones arbitrarias de la prohibición de viajar y congelaciones de activos, que tienen como fin amordazar la libertad de expresión, asociación y reunión en un esfuerzo orquestado por desmantelar el movimiento de derechos humanos del país y sofocar hasta el más pequeño signo de disidencia.
El presidente Abdel Fattah al Sisi se dispone además a promulgar una draconiana ley de asociaciones que conferirá al gobierno y al aparato de seguridad extraordinarios poderes para controlar las ONG.
Azza Soliman formaba también parte de un grupo de 17 testigos que fueron detenidos tras presentarse para prestar declaración sobre el homicidio de Shaimaa al-Sabbagh, activista muerta por disparos durante la disolución de una marcha pacífica en enero de 2015. Fue acusada de manifestarse sin haberlo notificado a las autoridades y de alterar el orden público, pero al final resultó absuelta en el juicio, en mayo de 2015, y en la vista de apelación, en octubre de 2015.