Crimea: A oscuras. Silenciar la disidencia

La comunidad tártara de Crimea está sometida a persecución sistemática por las autoridades rusas desde que la Federación Rusa ocupó y se anexionó ilegalmente Crimea, afirma Amnistía Internacional en un informe que ha hecho público hoy.

In the Dark:The silencing of dissent (A oscuras: Silenciar la disidencia) expone las tácticas represivas que han utilizado las autoridades rusas contra la comunidad tártara crimea y otras voces disidentes en los dos años y medio que llevan controlando la península de Crimea.

“Como grupo más visible y unido de Crimea contrario a la ocupación rusa, las personas tártaras crimeas son atacadas deliberadamente por las autoridades locales y rusas de facto en una oleada de represión encaminada a silenciar su disidencia y garantizar el sometimiento de todas las personas de Crimea a la anexión”, afirmó John Dalhuisen, director del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.

“Mediante la adopción total del represivo marco legal ruso en Crimea, lo que fue en sí mismo una violación del derecho internacional, las autoridades rusas han enjuiciado y forzado a exiliarse prácticamente a todas las voces disidentes, incluidos líderes clave y activistas de la comunidad tártara crimea.”

“Además de usarlo como herramienta contra la minoría tártara crimea, este marco legal ha tenido consecuencias desastrosas en general para la libertad de reunión y para los medios de comunicación libres de Crimea.”

Rusia impuso su legislación de forma total en el territorio crimeo —medida contraria al derecho internacional—, lo que ha permitido que las autoridades persigan a figuras clave de la comunidad tártara con cargos falsos contra el extremismo y de otra índole En el informe se documentan varios de estos casos individuales. La principal organización representativa de la comunidad tártara crimea, el Meijlis, ha sido asimismo prohibida arbitrariamente como “organización extremista” y toda relación con ella está penalizada.

“Por popular que pueda ser la anexión de Crimea para muchos de los habitantes de la península, no se puede pasar por alto que ha sido a costa de un precio altísimo para quienes se oponen a ella”, prosiguió John Dalhuisen.

“Deben levantarse todas las restricciones impuestas al Meijlis y cesar las actuaciones penales concebidas para hostigar e intimidar a sus miembros y a otras personas que se oponen pacíficamente a la ocupación y la anexión rusas.”

Incluso antes de la prohibición del Meijlis, las autoridades locales y rusas de facto persiguieron a destacadas personalidades de la organización. Su presidente, Refat Chubarov, se vio obligado a exiliarse de Crimea, al igual que su antecesor, Mustafa Dzhemiliev, tártaro crimeo veterano activista por los derechos humanos y destacado opositor a la ocupación. Tras la prohibición del Mejlis, las autoridades centraron su atención en los miembros destacados de la organización que seguían en Crimea, como el vicepresidente Ilmi Umerov.

Los casos que se documentan en este informe muestran la crueldad de las autoridades rusas al no permitir absolutamente ninguna disidencia con su régimen en Crimea.
John Dalhuisen, Amnistía Internacional

Después de aparecer en una entrevista en televisión en la que insistió en que Rusia debía salir de Crimea, agentes del Servicio Federal de Seguridad ruso detuvieron a Ilmi Umerov para ser interrogado y le informaron de que se lo investigaba por “amenazar la soberanía territorial de la Federación Rusa.”

Tras varios meses de investigación, fue recluido forzosamente en una institución psiquiátrica y, con el fin de someterlo a un “examen psiquiátrico”, lo encerraron en una dependencia cerrada para pacientes graves.

Otro vicepresidente del Mejlis, Akhtem Chiygoz, fue detenido en enero de 2015, acusado de haber organizado “disturbios masivos” tras los enfrentamientos callejeros entre partidarios de Ucrania y de Rusia de febrero de 2014. Según imágenes de los medios de comunicación y relatos de testigos presenciales, fue una de las personas que trató de separar a la multitud para prevenir los actos de violencia. Después de más de 15 meses de reclusión, su juicio comenzó en agosto. No se le permite asistir a las actuaciones judiciales, y participa en ellas a través de una precaria conexión por Skype, lo que le impide oír todo lo que se dice en la sala y consultar con su abogado en privado. El juicio está en curso.

Ervin Ibragimov, activista tártaro crimeo, desapareció el 24 de mayo. Había formado parte de una organización cuyo propósito es promover los derechos de las personas tártaras de Crimea y su patrimonio cultural tras la anexión. Poco antes de desaparecer, había dicho a unos amigos que lo estaban siguiendo.

Rusia también ha utilizado su legislación antiterrorista contra las personas tártaras crimeas. Diecinueve hombres, entre ellos el defensor de los derechos humanos Emir Usein Kuku, han sido detenidos y pueden ser enjuiciados por el cargo de pertenecer al grupo terrorista prohibido Hizb ut Tahrir. Amnistía Internacional cree que los cargos presentados contra Emir Usein Kuku y posiblemente contra otros son infundados.

“Los casos que se documentan en este informe muestran la crueldad de las autoridades rusas al no permitir absolutamente ninguna disidencia con su régimen en Crimea,” concluyó John Dalhuisen.

“Puede que la comunidad internacional tenga pocas herramientas para abordar la política subyacente, pero debe pronunciarse a favor de quienes son intimidados y hostigados para que guarden silencio.”