Rusia: Cuatro años de la ley de “agentes extranjeros” de Putin para encadenar y silenciar a las ONG

Más de un centenar de organizaciones han visto su financiación reducida, su reputación enturbiada y a su personal intimidado a causa de la draconiana ley rusa sobre “agentes extranjeros”. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en vísperas del cuarto aniversario de la entrada en vigor, el 21 de noviembre de 2012, de esta ley.

Un nuevo informe, titulado ‘Agents of the people’: Four years of “foreign agents” law in Russia, destaca el elevado precio que la sociedad rusa ha pagado a medida que las organizaciones no gubernamentales que mostraban una actitud crítica se han visto obligadas a cerrar, se han restringido servicios valiosos y se ha silenciado el escrutinio de la política gubernamental en una amplia diversidad de ámbitos, en lo que constituye una agresión calculada a la libertad de expresión.

La ley de agentes extranjeros fue concebida para encadenar, estigmatizar y, en última instancia, silenciar a las ONG que mostraban una actitud crítica.
Sergei Nikitin, director de Amnistía Internacional Rusia

“La ley de agentes extranjeros fue concebida para encadenar, estigmatizar y, en última instancia, silenciar a las ONG que mostraban una actitud crítica. Ha atrapado en sus redes a una amplia diversidad de ONG y ha tenido un coste considerable para los derechos individuales y la calidad del debate cívico en Rusia. Quien finalmente ha salido perdiendo no han sido sólo las ONG, sino la sociedad rusa”, ha manifestado Sergei Nikitin, director de Amnistía Internacional Rusia.

En los últimos cuatro años se ha incluido en la lista de “agentes extranjeros” a 148 organizaciones, de las que 27 han cerrado del todo. Estas ONG han realizado una importante labor en la protección de los derechos de la población común. En muchos casos, proporcionaban servicios que el Estado no ha proporcionado, como asistencia letrada o apoyo psicológico a las víctimas de discriminación o violencia, o vigilancia medioambiental.

Estas contribuciones esenciales al bienestar de la población rusa están ahora bloqueadas o amenazadas porque las ONG se arriesgan a ser consideradas –o lo han sido ya– participantes en “actividades políticas” y calificadas de “agentes extranjeros” en virtud de la ley de 2012.

Las reformas a la ley aprobadas en junio de este año sólo han servido para aumentar la extraordinaria amplitud de las “actividades políticas” prohibidas, e incluir prácticamente cualquier tipo de comentario sobre la política pública o sobre las acciones de las autoridades públicas.

Amnistía Internacional examinó los casos de más de una decena de ONG incluidas en la lista de agentes extranjeros”, y realizó entrevistas a sus dirigentes y su personal. Entre ellas había organizaciones que trabajaban sobre una amplia diversidad de cuestiones, como por ejemplo la discriminación, la protección de los derechos de las mujeres y las personas LGBTI, la preservación de la memoria histórica, la investigación académica, la reforma del sistema de justicia penal y del sistema penitenciario, los derechos de los consumidores y cuestiones medioambientales. El tema común es que todas las organizaciones trataban de involucrar a la gente en la evaluación crítica de la política gubernamental.

Aunque la financiación en Rusia siempre ha sido limitada, acceder a ella se ha vuelto aún más difícil tras la agresiva demonización de las ONG llevada a cabo por los medios de comunicación rusos. La ley de “agentes extranjeros” ha tenido como efecto convertir la financiación desde fuera del país –la única alternativa a disposición de las ONG– en una fuente de fondos insegura que entraña un considerable riesgo tanto legal como para la reputación de la organización. Toda ONG que cuente con financiación extranjera y participe en lo que se considera actividad política se puede convertir en víctima de esa ley.

Está bastante claro que el objetivo principal de las autoridades rusas ha sido sofocar el crecimiento de una sociedad civil críticamente implicada y sustituirla por otra compuesta por simpatizantes, dóciles y dependientes, de la política gubernamental. Este enfoque de ‘tierra arrasada’ aplicado a la sociedad civil no beneficiará a Rusia a largo plazo.
Sergei Nikitin

Aunque la ley dispone claramente que “las actividades para proteger el mundo vegetal y animal” no deben ser consideradas “políticas”, se ha incluido al menos a 21 organizaciones medioambientales en el registro de “agentes extranjeros”.

Cuando el centro medioambiental Dront, con sede en Nizhnii Novgorod (centro de Rusia), solicito que lo sacaran de la lista, su solicitud fue denegada alegando que el centro había recibido financiación extranjera. Las tres fuentes de financiación citadas eran: 500 rublos (8 dólares estadounidenses) de Bellona-Murmansk para suscribirse al periódico de Dront, Bereginja; un préstamo de otra ONG medioambiental incluida en la lista de “agentes extranjeros”; y, lo más sorprendente, una subvención de Sorabotnichestvo, una fundación gestionada por la Iglesia Ortodoxa Rusa.

“Resultó que [la Iglesia] recibe cierta ayuda económica de Chipre, y por eso nuestro Ministerio de Justicia regional (de estricta conformidad con la ley, eso sí) consideró este dinero como ‘extranjero’. Es una situación rara, surrealista”, declaró el presidente de Dront, Ashkat Kaiumov.

Después de que se ordenara a Dront pagar una multa de 300.000 rublos (unos 4.800 dólares estadounidenses), el 1 de febrero de 2016 los dirigentes de la organización decidieron suspender temporalmente sus actividades hasta que se la retirara de la lista de “agentes extranjeros”. Mientras tanto, la organización seguirá trabajando como un movimiento público no inscrito en registro que no necesita autorización oficial.

Si el caso de Dront sirve de ejemplo del lento estrangulamiento de una organización, el ataque a la Unión de Mujeres del Don muestra la persistente persecución a una ONG. La Unión de Mujeres fue una de las primeras organizaciones a las que se aplicó la ley de “agentes extranjeros” en 2014, cuando al Ministerio de Justicia se le otorgaron facultades para incluir obligatoriamente a organizaciones en su lista. Como respuesta, sus activistas crearon una nueva organización, la Fundación de Mujeres del Don, para continuar con su trabajo. Sin embargo, en octubre de 2015 también ésta fue declarada “agente extranjero”.

El 24 de junio de 2016, a su directora, Valentina Cherevatenko, la informaron de que se había abierto contra ella una causa penal, en virtud del artículo 330.1 del Código Penal ruso, por “eludir deliberadamente responsabilidades” según la ley de “agentes extranjeros”. Si es declarada culpable, Valentina podría ser condenada a hasta dos años de prisión.

Amnistía Internacional pide a las autoridades rusas que deroguen la ley de “agentes extranjeros” y levanten las restricciones arbitrarias al trabajo de las ONG.

“Las autoridades rusas deberían ser lo suficientemente fuertes como para aceptar la crítica constructiva de los grupos de la sociedad civil y aprender a trabajar con ellos, no contra ellos. El primer paso en esa dirección es derogar la ley de ‘agentes extranjeros’ y levantar otras restricciones a la labor de las ONG”, ha manifestado Sergei Nikitin.