Las ejecuciones secretas no pueden ocultar el hecho de que Japón va a contracorriente en lo que a la pena de muerte se refiere, ha manifestado Amnistía Internacional tras el ahorcamiento de un condenado a muerte el viernes.
El gobierno no puede ocultar el hecho de que va a contracorriente de la mayoría de los Estados del mundo, que han vuelto la espalda a la pena capital.
Hiroka Shoji, investigador de Amnistía Internacional sobre Asia oriental.
Kenichi Tajiri, de 45 años, fue ejecutado en el Centro de Detención de Fukuoka la madrugada del viernes. Había sido condenado a muerte en 2012 por dos asesinatos, cometidos en 2004 y 2011.
“La pena de muerte nunca hace justicia; es un acto cruel e inhumano. El gobierno no puede ocultar el hecho de que va a contracorriente de la mayoría de los Estados del mundo, que han vuelto la espalda a la pena de muerte.”
Esta ejecución es la tercera que se lleva a cabo en Japón en 2016 y la decimoséptima del gobierno del primer ministro Abe.
El ahorcamiento se produce un mes después de que la Federación de Colegios de Abogados de Japón adoptara formalmente una política en la que se pide el fin de la pena capital. Entre otras cosas, la Federación pone de relieve el riesgo de condenar a inocentes y la falta de pruebas de que la pena de muerte reduzca la delincuencia.
“En vez de firmar más órdenes de ejecución, el ministro de Justicia, Katsutoshi Kaneda, debe escuchar las numerosas voces contrarias a la pena de muerte, como las Naciones Unidas y esta respetable asociación de abogados, y esforzarse por poner fin a su uso en Japón”, ha añadido Hiroka Shoji.
Ejecuciones secretas
Las ejecuciones están envueltas en secreto en Japón, donde es habitual avisar a los condenados sólo unas horas antes o no advertírselo siquiera en algunos casos. Normalmente no se notifica la ejecución a sus familiares y abogados ni se hace tampoco pública hasta que se ha producido.
Las ejecuciones secretas contravienen las normas internacionales sobre el uso de la pena de muerte. Su existencia, así como la falta de otras salvaguardias jurídicas adecuadas para las personas condenadas a muerte en Japón, ha sido ampliamente criticada por expertos de la ONU.
Entre otras cosas, se niega a los acusados la debida asistencia letrada, y no existe un procedimiento preceptivo de apelación en los casos de pena capital. Se sabe asimismo que varios presos con discapacidad mental o intelectual han sido ejecutados o permanecen en espera de ejecución.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito; la culpabilidad, inocencia u otras características del acusado, y el método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. La pena de muerte viola el derecho a la vida y es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante.