República Centroafricana: Los donantes de la Unión Europea deben priorizar la rendición de cuentas

Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y todos los donantes que participarán el 17 de noviembre en la Conferencia de Bruselas sobre República Centroafricana deben tomar medidas concretas para poner fin a la impunidad en ese país, visto el deterioro en la situación de seguridad que amenaza con sumirlo en una espiral de violencia aún más letal, dijo hoy Amnistía Internacional.

Hay un clima de impunidad en República Centroafricana, donde miembros de grupos armados y milicias que presuntamente han cometido graves abusos contra los derechos humanos y crímenes de derecho internacional se mueven con libertad por el país y continúan incitando a la violencia.
Ilaria Allegrozzi, investigadora de Amnistía Internacional sobre África Central

“Si no hay rendición de cuentas por los crímenes pasados y presentes, el panorama de conflicto continuará en República Centroafricana. Los líderes de los Estados miembros de la UE deben prestar un fuerte apoyo político y económico para luchar contra la impunidad, en particular mediante el fortalecimiento del Tribunal Penal Especial y la reconstrucción del sistema nacional de justicia.”

Un abogado de la capital, Bangui, dijo a Amnistía Internacional en octubre que el nivel de impunidad había “llegado casi a un punto de no retorno”.

A pesar de que en diciembre de 2015 y febrero de 2016 se celebraron elecciones pacíficas, la situación de seguridad se ha deteriorado notablemente desde septiembre de 2016. Grupos armados han llevado a cabo numerosos ataques que han provocado la muerte de decenas de civiles en Bangui y en todo el país, incluidas personas desplazadas internamente bajo la protección de las Naciones Unidas.

Los ataques también han limitado el suministro de servicios básicos, tales como alimentación, cobijo y salud, prestados por organizaciones humanitarias a decenas de miles de personas. Uno de los ataques más serios tuvo lugar en la ciudad norteña de Kaga Bandoro el 12 de octubre, cuando ex combatientes de como mínimo dos fracciones diferentes de la Seleka mataron al menos a 37 civiles, hirieron a otros 60 e incendiaron un campo de refugiados.

El Foro de Bangui en mayo de 2015, en el que participaron dirigentes centroafricanos del gobierno de transición y algunos otros grupos, formuló recomendaciones firmes sobre la importancia de luchar contra la impunidad, entre otras formas mediante el establecimiento de un Tribunal Penal Especial.

Los delegados rechazaron cualquier petición de inmunidad o amnistías para los presuntos responsables de crímenes de derecho internacional y firmaron un acuerdo de desarme, desmovilización y reintegración. Aunque se han adoptado algunas medidas para aplicar estas recomendaciones, aún queda mucho por hacer.

Fuera de Bangui la justicia es casi inexistente, y siete tribunales superiores de un total de 24, así como uno de los tres tribunales de apelación, no están en funcionamiento. Existe una necesidad urgente de reconstruir el sistema de justicia penal de República Centroafricana para subsanar la falta de personal judicial, la escasez de recursos materiales y económicos con los que cuenta el poder judicial y la falta de medidas de protección para víctimas y testigos.

Ésta es una oportunidad crucial para que la UE se comprometa a abordar las causas profundas del sangriento e intrincado conflicto que sufre República Centroafricana.
Ilaria Allegrozzi

Estas y otras deficiencias estructurales del sistema de justicia de República Centroafricana quedaron de manifiesto durante la última sesión del proceso penal celebrado en Bangui entre agosto y septiembre de 2016. Sólo una víctima prestó testimonio, una consecuencia clara de la falta de medidas de protección para las víctimas y los testigos. En esa misma sesión, varios de los perpetradores acusados en casos relacionados con el conflicto fueron absueltos o condenados por cargos menores y puestos en libertad después de aplicárseles una compensación por el tiempo cumplido.

A corto plazo, y hasta que el sistema nacional de justicia se pueda restablecer adecuadamente, Amnistía Internacional considera que fortalecer el Tribunal Penal Especial debe ser una prioridad para el gobierno de República Centroafricana y los Estados donantes de la UE y otras regiones del mundo.

“Ésta es una oportunidad crucial para que la UE se comprometa a abordar las causas profundas del sangriento e intrincado conflicto que sufre República Centroafricana. Aunque se han producido avances positivos en los últimos meses, como la celebración de elecciones en un clima generalmente pacífico, República Centroafricana no podrá avanzar hacia la paz hasta que no haya rendición de cuentas por crímenes de derecho internacional,” dijo Ilaria Allegrozzi.

Amnistía Internacional también pide a los donantes internacionales que aborden otras iniciativas, tales como la reforma del sector de la seguridad, comisiones de la verdad y la reconciliación, programas de desarme, desmovilización, reintegración y repatriación de los grupos armados y las milicias y la inversión en la promoción del desarrollo económico y social.

Información complementaria

República Centroafricana vive un conflicto armado interno desde finales de 2012, cuando la Seleka, coalición armada de mayoría musulmana, tomó el poder, cometiendo abusos graves y sumiendo al país en una crisis. En respuesta, las milicias antibalaka, de mayoría cristiana y animista, se movilizaron y llevaron a cabo horribles ataques contra la población civil, incluida la musulmana.

En julio de 2014 Amnistía Internacional publicó el informe Time for Accountability, en el que se nombraba a 21 personas de todas las partes en conflicto que la organización consideraba que debían ser investigadas por crímenes de derecho internacional, incluidos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y, si hubiese pruebas suficientes, debían ser detenidas y procesadas. Trascurridos más de dos años, la inmensa mayoría de esas personas siguen todavía en libertad.

En junio de 2015, el presidente de transición de República Centroafricana promulgó una ley por la que se creaba un Tribunal Penal Especial en el sistema judicial nacional, integrado por jueces nacionales e internacionales, para investigar y enjuiciar los crímenes más graves cometidos en el país desde 2003, incluidos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Se prevé el nombramiento del fiscal especial del tribunal antes de que acabe el año.