Órganos de derechos humanos de Bahréin auspiciados por Reino Unido no cumplen las promesas de reforma de 2011

Cinco años después del levantamiento de Bahréin de 2011, cuando se golpeó, disparó y mató en la calle a manifestantes pacíficos, las importantes reformas introducidas para abordar las violaciones de derechos humanos de las fuerzas de seguridad no han servido aún para hacer justicia a la gran mayoría de las víctimas y sus familias. Así lo explica Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.

El informe Window-dressing or pioneers of change? An assessment of Bahrain’s human rights oversight bodies pone de manifiesto graves deficiencias de dos instituciones con respaldo británico que las autoridades de bahreiníes y británicas preconizan de manera reiterada como prueba de los avances del país en materia de derechos humanos.

“No se puede negar que Bahréin tomó la dirección correcta al establecer instituciones para para investigar las violaciones de derechos humanos y hacer rendir cuentas a los presuntos responsables. Pero, lamentablemente, esas reformas no han sido adecuadas. La tortura y otros malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad persisten, en un sistema de impunidad arraigado, caracterizado por la falta de independencia del poder judicial”, ha afirmado Lynn Maalouf, directora adjunta de Investigación de la Oficina Regional de Beirut de Amnistía Internacional.

“Para ser verdadero, el cambio no puede quedarse en lo superficial. Las autoridades bahreiníes no pueden continuar engañando al mundo con una mera reforma superficial, cuando apenas ha habido rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos y a las personas que se muestran críticas y a los defensores y defensoras de los derechos humanos se los sigue deteniendo arbitrariamente para someterlos a juicios injustos, declararlos culpables y encarcelarlos; se les prohíbe viajar al extranjero, y se les retira la nacionalidad.

Las autoridades bahreiníes no pueden continuar engañando al mundo con una mera reforma superficial.
Lynn Maalouf, directora adjunta de Investigación de la Oficina Regional de Beirut de Amnistía Internacional

La represión brutal del gobierno bahreiní durante el levantamiento de 2011 causó indignación internacional. Por recomendación de la Comisión Independiente de Investigación de Bahréin, establecida por el rey Hamad bin Isa al Jalifa, las autoridades respondieron reformando varias leyes y creando diversas instituciones para vigilar, investigar y procesar a los presuntos responsables de violaciones de derechos humanos.

Entre tales instituciones figuraban el Defensor del Pueblo del Ministerio del Interior y la Unidad de Investigaciones Especiales del Ministerio Público, establecidas en 2012. Ambas se beneficiaron de programas de formación y fomento de la capacidad del Reino Unido, aliado fiel de Bahréin.

Aunque estas dos instituciones han tenido algunos logros, el informe de Amnistía Internacional pone de relieve que hasta ahora no han conseguido impedir de manera significativa las violaciones de derechos humanos.

“El retrato modélico que hace el gobierno británico del Defensor del Pueblo y la Unidad de Investigaciones Especiales es totalmente falso, dadas las deficiencias puestas de relieve en este informe. En vez de contar al mundo medias verdades sobre el progreso de Bahréin, el Reino Unido y otros aliados internacionales del país deben dejar de dar prioridad a la cooperación en materia de defensa y seguridad a costa de los derechos humanos”, ha añadido Lynn Maalouf.

En vez de contar al mundo medias verdades sobre el progreso de Bahréin, el Reino Unido y otros aliados internacionales del país deben dejar de dar prioridad a la cooperación en materia de defensa y seguridad a costa de los derechos humanos.
Lynn Maalouf, directora adjunta de Investigación de la Oficina Regional de Beirut de Amnistía Internacional

El Defensor del Pueblo ha sido en general eficaz en lo que respecta a remitir las denuncias de tortura y otras violaciones graves de derechos humanos a la Unidad de Investigaciones Especiales para su investigación. No obstante, en algunos casos no ha tomado medidas con prontitud para proteger a detenidos contra la tortura y otros malos tratos, investigar de manera efectiva sus denuncias o garantizar su acceso a servicios médicos.

Por ejemplo, a pesar de haber advertido Amnistía Internacional de que Hussain Jawad, defensor bahreiní de los derechos humanos, corría riesgo de tortura tras su detención el 16 de febrero de 2015, el Defensor del Pueblo no realizó de inmediato una visita para comprobar sus condiciones de reclusión y garantizar que no sufría tortura. Posteriormente, Hussain Jawad explicó que le habían vendado los ojos, esposado con las manos a la espalda y amenazado con abusos sexuales para obligarlo a hacer una “confesión”.

El Defensor del Pueblo tardó también dos años en investigar las denuncias de tortura de Mohamed Ramadhan –guardia de seguridad de aeropuerto que fue condenado a muerte tras ser declarado culpable de participar en un atentado con explosivos–, a pesar de habérselo comunicado su familia y una ONG internacional

Aunque la Unidad de Investigaciones Especiales ha hecho algunos avances desde el punto de vista de la rendición de cuentas y procesado a 93 miembros de las fuerzas de seguridad, sólo 15 agentes rasos han sido declarados culpables. Ninguno de los agentes de alto rango y oficiales que supervisaron las operaciones en que se cometieron las graves violaciones de derechos humanos durante el levantamiento de 2011 ha sido procesado jamás.

La gran mayoría de los casos de tortura y otros malos tratos, muerte bajo custodia y homicidio ilegítimo no han sido llevados siquiera a juicio por la Unidad de Investigaciones Especiales. De los casi 200 casos registrados por Amnistía Internacional desde el levantamiento de 2011, sólo se han llevado a los tribunales menos de 45.

Uno de esos casos es el de Ali Hussein Neama, niño de 16 años muerto por disparos de la policía en septiembre de 2012. Aunque hay pruebas fotográficas y en el certificado de defunción se indica que le dispararon por la espalda, la Unidad de Investigaciones Especiales determinó que el agente que había efectuado el disparo lo había hecho en legítima defensa y no debía ser procesado, porque la víctima y otro niño habían arrojado cócteles molotov.

La Unidad de Investigaciones Especiales ha sido también lenta a la hora de examinar las denuncias. En un caso, los investigadores tardaron más de dos años en tomar declaración a un preso de conciencia que había denunciado tortura, lo que supuso perder datos forenses y otras pruebas que podrían haber servido para demostrar la denuncia.

Además, ni el Defensor del Pueblo ni la Unidad de Investigaciones Especiales se han granjeado la confianza de la ciudadanía, debido en parte a su aparente falta de independencia e imparcialidad. Se considera que ambos son demasiado próximos al Ministerio del Interior y otras instituciones gubernamentales y no han mantenido

a las familias de las víctimas debidamente informadas de la marcha de sus investigaciones, lo que ha generado desconfianza.

Nazeeha Saeed, periodista, describió cómo le habían propinado golpes y patatas, humillado y aplicado descargas eléctricas cuando fue interrogada por las fuerzas de seguridad en mayo de 2011. Tres años más tarde, la Unidad de Investigaciones Especiales la llevó a la sala donde la habían torturado para que identificara a los torturadores, lo que la dejó traumatiza otra vez. Aunque identificó a cinco presuntos torturadores, no se hizo rendir cuentas a ninguno y se cerró el caso por “falta de pruebas”.

Un caso emblemático es el de Ali Isa al-Tajer, quien afirma que fue torturado bajo custodia durante 25 días. No recibió ayuda ni del Defensor del Pueblo, que no se aseguró de que estuviera recluido en un lugar donde no corriera riesgos y recibiera protección contra la tortura, ni de la Unidad de Investigaciones Especiales, que no abrió con prontitud una investigación exhaustiva sobre sus denuncias de tortura ni ordenó siquiera realizar sin demora un examen médico forense. Ninguna de las dos instituciones respondió tampoco con prontitud a las advertencias de que estaba siendo torturado ni informó debidamente a su familia de sus investigaciones.

El gobierno de Bahréin tomó una medida fundamental al establecer estas instituciones [...]. Ahora deben servir de ejemplo y mostrar que pueden superar los obstáculos políticos y judiciales para la rendición de cuentas en el país.
Lynn Maalouf, directora adjunta de Investigación de la Oficina Regional de Beirut de Amnistía Internacional

“El Defensor del Pueblo del Ministerio del Interior y la Unidad de Investigaciones Especiales tiene entre ambos la capacidad de provocar muchos de los cambios que es necesario hacer y mejorar la situación en general de los derechos humanos en Bahréin Pero, para ser verdaderamente efectivos, tienen que actuar con prontitud y con transparencia y que demostrar su independencia. Han de hacerlo en el marco de un proceso aún más amplio con el que poner fin a la impunidad y a las prácticas represivas, que incluya garantizar la independencia del poder judicial”, ha afirmado Lynn Maalouf.

“El gobierno de Bahréin tomó una medida fundamental al establecer estas instituciones y concederles un mandato que les capacitaba para provocar cambios verdaderos. Ahora deben servir de ejemplo y mostrar que pueden superar los obstáculos políticos y judiciales para la rendición de cuentas en el país. El gobierno debe dar muestras de valor y voluntad política para que el Defensor del Pueblo y la Unidad de Investigaciones Especiales puedan convertirse en instituciones sólidas y poderosas, capaces de granjearse al confianza de la ciudadanía y disuadir de manera efectiva de cometer violaciones de derechos humanos..”

Información complementaria

El informe está basado en más de 90 entrevistas realizadas desde 2013 con víctimas de violaciones de derechos humanos y con sus familiares y abogados, así como con defensores y defensoras de los derechos humanos, además de en información obtenida por medio de correspondencia con el gobierno y con instituciones locales pertinentes de Bahréin. Se basa también en las conclusiones de la investigación y el seguimiento constantes que hace Amnistía Internacional de las novedades que se producen en el país en materia de derechos humanos.