La población iraquí que huye de las zonas controladas por el Estado Islámico se enfrenta a la tortura, la desaparición y la muerte en ataques de represalia

En un informe publicado hoy, Amnistía Internacional ha afirmado que las milicias paramilitares y las fuerzas gubernamentales de Irak han cometido violaciones graves de derechos humanos —incluidos crímenes de guerra— al torturar, detener de forma arbitraria y ejecutar extrajudicialmente a miles de civiles que han escapado de zonas controladas por el grupo armado autodenominado Estado Islámico.

El informe, titulado ‘Punished for Daesh’s crimes’: Displaced Iraqis abused by militias and government forces (Castigada por los crímenes del Estado Islámico:La población desplazada iraquí sufre los abusos cometidos por las milicias y las fuerzas gubernamentales), pone al descubierto la aterradora ofensiva contra civiles que huyen del territorio controlado por el Estado Islámico y alerta sobre el peligro de que se cometan violaciones masivas de derechos humanos con la puesta en marcha de la operación militar para recuperar la ciudad de Mosul, en poder del Estado Islámico.

El informe se basa en entrevistas realizadas a más de 470 personas ex detenidas, testigos y familiares de quienes murieron, desaparecieron o fueron detenidas, así como a altos cargos, activistas, personal de ayuda humanitaria y otros actores.

“Tras escapar de los horrores de la guerra y la tiranía del Estado Islámico, la población árabe suní de Irak está sufriendo brutales ataques de represalia a manos de las milicias y las fuerzas gubernamentales, y está siendo castigada por los crímenes cometidos por el grupo armado”, ha afirmado Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“Actualmente, Irak afronta amenazas muy reales y mortíferas para la seguridad procedentes del Estado Islámico, pero no hay justificación posible para las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura o las detenciones arbitrarias.

“Conforme empieza la batalla para recuperar Mosul, es fundamental que las autoridades iraquíes adopten medidas para garantizar que estos atroces abusos no se repiten. Los Estados que apoyan los esfuerzos militares para combatir al Estado Islámico en Irak deben demostrar que no seguirán pasando por alto las violaciones de derechos humanos.”

Conforme empieza la batalla para recuperar Mosul, es fundamental que las autoridades iraquíes adopten medidas para garantizar que estos atroces abusos no se repiten.
Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia para Oriente Medio y Norte de África

En el informe se destacan los ataques generalizados de represalia y la discriminación que sufren las personas de origen árabe suní sospechosas de ser cómplices del Estado Islámico o de apoyar a este grupo. Muchas de ellas se desplazaron durante las importantes operaciones militares que tuvieron lugar en 2016 por todo el país, especialmente en Faluya y zonas circundantes (en la gobernación de Anbar), Al Sharqat (gobernación de Salah al Din), Hawija (gobernación de Kirkuk) y en los alrededores de Mosul (gobernación de Nínive).

Las milicias predominantemente chiíes responsables de los abusos contra los derechos humanos, conocidas como las Unidades de Movilización Popular, han contado durante mucho tiempo con el respaldo de las autoridades iraquíes, que les han brindado apoyo económico y armas. En febrero de 2016 fueron oficialmente designadas parte integrante de las fuerzas iraquíes.

La responsabilidad del gobierno por estas violaciones de derechos humanos no puede ignorarse, y los Estados que apoyan el esfuerzo militar que se está realizando para combatir al Estado Islámico en Irak o participan en ese esfuerzo deben introducir controles rigurosos para garantizar que ningún apoyo o material que proporcionan contribuye a causar abusos.

Proclama de la milicia Unidades de Movilización Popular en la carretera hacia Tikrit ©Amnesty International

Secuestros masivos, homicidios y torturas

La investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional pone de manifiesto que las milicias predominantemente chiíes, y posiblemente las fuerzas gubernamentales, cometieron crímenes de guerra y otras graves violaciones de derechos humanos durante las operaciones para recuperar Faluya y zonas circundantes del control del Estado Islámico que tuvieron lugar en mayo y junio de 2016.

En un estremecedor incidente, al menos 12 hombres y 4 muchachos de la tribu Jumaila que huyó de Al Sijir, en el norte de Faluya, fueron ejecutados extrajudicialmente tras entregarse a hombres vestidos con uniformes militares y de la policía federal el 30 de mayo. Los hombres y los muchachos de más edad fueron separados de las mujeres y los niños más pequeños, y luego los pusieron en una fila y los mataron a tiros. Al menos otros 73 hombres y muchachos de la misma tribu habían sido capturados días antes y continúan en paradero desconocido.

Las milicias también secuestraron, torturaron y mataron a hombres y muchachos de la tribu Mehemda que huyó de Saqlawiya, otra ciudad en el norte de Faluya. El 3 de junio fueron capturados unos 1.300 hombres y muchachos mayores. Tres días después, más de 600 de ellos fueron transferidos a la custodia de las autoridades locales de Anbar con señales de tortura en el cuerpo.

Los supervivientes entrevistados por Amnistía Internacional contaron que habían estado retenidos en una granja abandonada, los habían golpeado con varios objetos tales como palas, y no les habían dado de comer ni de beber. Un sobreviviente dijo que 17 de sus familiares, entre ellos su sobrino de 17 años, continuaban en paradero desconocido. Otro de sus familiares había muerto, aparentemente bajo tortura.

“Había sangre en las paredes... Nos golpeaban a mí y a los otros con cualquier cosa que tuvieran a su alcance: varillas de metal, palas, mangueras, cables... Caminaban por encima de nosotros con las botas puestas. Nos insultaron y dijeron que era una represalia por la matanza de Speicher [en la que unos 1.700 cadetes chiíes fueron ejecutados sumariamente por el Estado Islámico]... Vi a dos personas morir ante mis ojos”, contó a Amnistía Internacional.

Había sangre en las paredes [...] Vi a dos personas morir ante mis ojos.
Sobreviviente de tortura huido a Faluya

Un comité local de investigación creado por el gobernador de Anbar concluyó que 49 personas capturadas procedentes de Saqlawiya habían muerto —a tiros, quemadas o torturadas hasta la muerte— y que otras 643 estaban en paradero desconocido. El gobierno anunció que se habían abierto investigaciones sobre el incidente y se habían realizado detenciones, pero no ha revelado detalles sobre las conclusiones o las personas detenidas.

Los secuestros y los homicidios masivos cerca de Faluya distan mucho de ser incidentes aislados. Por todo el país, miles de hombres y muchachos suníes que huyeron del territorio controlado por el Estado Islámico han sido víctimas de desaparición forzada por parte de las fuerzas de seguridad y las milicias iraquíes. La mayoría de ellos desaparecieron tras entregarse a las fuerzas progubernamentales o fueron capturados en sus casas, en campos para personas desplazadas internamente, en controles de seguridad o en la calle. Según un miembro del parlamento local, integrantes de las brigadas Hezbolá han secuestrado a hasta 2.000 hombres y niños y los han sometido a desaparición forzada en el puesto de control de Al Razzaza, que separa las gobernaciones de Anbar y Kerbala, desde finales de 2014.

Niños en el Campo de Camp, gobernación de Dohuk ©Amnesty International

“Las Hashd [milicias] se llevaron a nuestros hombres y dijeron que era una represalia [por los abusos del Estado Islámico]”, dijo Salma (nombre cambiado para proteger su identidad), cuyo esposo fue capturado en el puesto de control de Al Razzaza junto con sus dos primos en enero de 2016 cuando huían del dominio del Estado Islámico.

“Las autoridades iraquíes, cuya complicidad y pasividad ante los abusos generalizados han contribuido al actual clima de impunidad, deben contener a las milicias y aclarar que no se tolerarán estas violaciones graves de derechos humanos. Deben investigar de forma imparcial e independiente todas las denuncias de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales”, ha manifestado Philip Luther.

“No hacerlo permitirá que continúe el círculo vicioso de abusos, represión e injusticia, y suscita serias dudas sobre la seguridad de la población civil que quede en Mosul.”

Tortura y abusos bajo custodia

Todos los varones que huyen de las zonas controladas por el Estado Islámico a los que se considera en edad de combatir (aproximadamente de entre 15 y 65 años) son sometidos a controles de seguridad por parte de las autoridades iraquíes y el gobierno de la región semiautónoma iraquí del Kurdistán para determinar si tienen vínculos con el Estado Islámico. Sin embargo, el proceso es opaco y, a menudo, muestra profundas deficiencias. Aunque algunos quedan en libertad al cabo de unos días, otros son transferidos a las fuerzas de seguridad y permanecen recluidos durante semanas o meses en condiciones espantosas, sin acceso a sus familias o al mundo exterior, y sin que los remitan a los tribunales.

El informe deja al descubierto cómo las fuerzas de seguridad y los miembros de la milicia someten de manera habitual a tortura u otros malos tratos a los detenidos en centros de control, lugares no oficiales de detención de las milicias, y centros controlados por los ministerios de Defensa y del Interior en las gobernaciones de Anbar, Bagdad, Diyala y Salah al Din.

Los detenidos contaron a Amnistía Internacional que los colgaban durante largos periodos en posturas en tensión, les aplicaban descargas eléctricas, los golpeaban brutalmente o se burlaban de ellos con amenazas de que las mujeres de sus familias serían violadas. Muchos afirmaron que los torturaron para que “confesaran” o proporcionaran información sobre el Estado Islámico y otros grupos armados.

Algunos ex detenidos bajo custodia de las fuerzas de seguridad kurdas (Asayish) de Dibis, Makhmur y Dohuk, en la región del Kurdistán de Irak, también dijeron que habían sufrido tortura y otros malos tratos.

Un hombre explicó que había sido torturado en un centro controlado por las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia cerca del pueblo de Hajj Ali en junio de 2016, cuando recluyeron en una habitación a más de 50 personas y las sometieron a reiteradas palizas:

“Me golpearon con un cable grueso en las plantas de los pies. Vi cómo a otro detenido le apagaban un cigarrillo en el cuerpo. A un muchacho de unos 15 años le vertieron cera caliente encima. Querían que confesáramos que éramos del Estado Islámico”.

Vi cómo a otro detenido le apagaban un cigarrillo en el cuerpo. A un muchacho de unos 15 años le vertieron cera caliente encima.
Sobreviviente de tortura del norte de Irak

Los tribunales iraquíes se han basado con mucha frecuencia en “confesiones” obtenidas con coacción para declarar culpables a personas acusadas de cargos graves en juicios manifiestamente injustos y, a menudo, condenarlas a muerte. En lo que va de año se han llevado a cabo al menos 88 ejecuciones, principalmente por cargos relacionados con el terrorismo. Se han impuesto docenas de condenas a muerte, y unas 3.000 personas permanecen en el corredor de la muerte.

Información complementaria

Las conclusiones de este informe se hicieron llegar a las autoridades iraquíes y kurdas el 21 de septiembre. No se ha recibido ninguna respuesta de las autoridades iraquíes. Las autoridades kurdas respondieron negando en gran medida las conclusiones de Amnistía Internacional.

Desde mediados de 2014, decenas de miles de personas iraquíes han sido desplazadas a la fuerza por las fuerzas gubernamentales iraquíes y las peshmerga (fuerzas armadas kurdas), así como por las milicias. Muchas de ellas tienen prohibido regresar a sus casas supuestamente por motivos de seguridad o están sometidas a restricciones arbitrarias y discriminatorias de su libertad de circulación. A menudo se las confina en campos donde las perspectivas de ganarse la vida o acceder a servicios esenciales son escasas.