Burundi: La retirada de la CPI no debe bloquear la justicia por los abusos cometidos durante la crisis

La denuncia del Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI), aprobada hoy en votación por el Parlamento de Burundi, forma parte de los constantes esfuerzos del gobierno por negar la justicia a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas desde que comenzó la crisis en abril de 2015, ha manifestado Amnistía Internacional.

“Esta votación, celebrada cuando la CPI está examinando presuntos crímenes cometidos en Burundi, pone de relieve la negativa del gobierno a hacer justicia a las víctimas”, ha señalado Muthoni Wanyeki, directora regional de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos.

“Los constantes intentos de Burundi de obstaculizar la cooperación con los órganos de derechos humanos y los mecanismos de justicia internacional son muy preocupantes y representan una injusticia más para con las víctimas, a la que se debe poner fin. Las intervenciones de los órganos internacionales y regionales han de verse como una oportunidad más que como una amenaza.”

La decisión ha salido adelante con los votos de 94 de los 110 miembros de la Asamblea Nacional, tras la aprobación previa del gobierno, y ha sido adoptada también por unanimidad por el Senado hoy mismo. Sólo tiene que recibir ya la aceptación presidencial para adquirir rango de ley. Sin embargo, incluso si el gobierno pone en marcha el proceso oficial de denuncia del Estatuto, el examen preliminar sobre crímenes cometidos en Burundi que está llevando a cabo la CPI en la actualidad puede y debe continuar.

Esta votación, celebrada cuando la CPI está examinando presuntos crímenes cometidos en Burundi, pone de relieve la negativa del gobierno a hacer justicia a las víctimas.
Muthoni Wanyeki, directora regional de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos

Esta semana se ha anunciado que tres expertos independientes de la ONU y la Unión Africana no son bien recibidos en Burundi. El gobierno ha suspendido además la cooperación con el Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en el país.

La crisis actual de Burundi comenzó a principios de 2015, tras decidir el presidente Pierre Nkurunziza concurrir a las elecciones para un tercer mandato, medida que muchos actores consideraron contraria a la Constitución. De acuerdo con la ONU, han muerto al menos 564 personas y han huido del país más de 300.000, la mayoría a campos de refugiados de las vecinas Ruanda y Tanzania.