India: El final de la huelga de hambre de Irom Sharmila, una oportunidad de derogar la Ley de Facultades Especiales de las Fuerzas Armadas

Irom Chanu Sharmila, adoptada como presa de conciencia por Amnistía Internacional, ha puesto fin hoy a sus 16 años de huelga de hambre contra la Ley de Facultades Especiales de las Fuerzas Armadas (AFSPA, por sus siglas en inglés). Amnistía Internacional India pide a las autoridades que retiren todos los cargos en contra de esta mujer, y que tomen medidas para derogar la AFSPA.

En una vista celebrada ante un tribunal local, Irom Sharmila declaró: “He estado ayunando los últimos 16 años. Aún no me ha servido de nada. Hoy pongo fin a mi ayuno. Quiero probar una campaña diferente. Me presentaré como candidata contra el ministro principal de Manipur en las próximas elecciones estatales”. La activista ha firmado un acuerdo de fianza y es probable que sea puesta en libertad bajo fianza en breve.

“La huelga de hambre mantenida por Irom Sharmila durante los últimos 16 años ha dado testimonio de la pasión de esta mujer por los derechos humanos, y de su creencia de que una ley tan draconiana como la AFSPA no tiene cabida en ninguna sociedad. El gobierno detuvo a esta activista, la confinó en la habitación de un hospital y la alimentó a la fuerza durante 16 años, al parecer para quebrar su voluntad. No hubo absolutamente ningún diálogo. Se penalizó lo que era una protesta pacífica”, ha manifestado Abhirr VP, director de campañas de Amnistía Internacional India.

La decisión de Irom Sharmila de poner fin a su huelga de hambre brinda a India otra oportunidad de iniciar un diálogo y reconocer la manera en que la AFSPA ha alienado a Manipur durante más de 35 años
Abhirr VP, director de campañas de Amnistía Internacional India.

“La decisión de Irom Sharmila de poner fin a su huelga de hambre brinda a India otra oportunidad de iniciar un diálogo y reconocer la manera en que la AFSPA ha alienado a Manipur durante más de 35 años.”

La activista fue detenida por la policía de Manipur después de iniciar su huelga de hambre el 2 de noviembre del año 2000, y ha sido acusada repetidamente de intentar cometer suicidio, pero nunca ha sido condenada. Ella se ha declarado inocente de los cargos de intento de suicidio, y ha alegado que estaba llevando a cabo una protesta no violenta. Los tribunales de Manipur han resuelto reiteradamente que su huelga de hambre es una forma de protesta pacífica, y no un intento de suicidio.

Aunque el intento de suicidio es un delito para el que se puede conceder la libertad bajo fianza, Sharmila se había negado hasta ahora a firmar acuerdos de fianza, pues mantenía que no había cometido ningún delito.

En Manipur, la AFSPA ha otorgado impunidad a los autores de graves violaciones de derechos humanos, tales como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos, y uso excesivo de la fuerza.

El 8 de julio, el Tribunal Supremo, durante la vista de un litigio de interés público presentado por la Asociación de Familias de Víctimas de Ejecución Extrajudicial, de Manipur, y por la ONG con sede en Imfal Human Rights Alert, declaró que debían examinarse 1.528 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad entre 1979 y 2012 en Manipur, y que los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad podían ser enjuiciados en tribunales civiles. El Tribunal pidió más información sobre los casos. Los procedimientos se reanudarán en septiembre.

El Tribunal Supremo declaró: “Si se despliegan y emplean miembros de nuestras fuerzas armadas para matar a ciudadanos de nuestro país por la mera acusación o sospecha de que son el ‘enemigo’, no sólo el Estado de derecho, sino nuestra democracia, correrán grave peligro”.

“Tanto el gobierno central como el de Manipur deben escuchar las palabras del Tribunal Supremo. La sentencia deja claro que no se debe permitir que el personal de las fuerzas de seguridad acusado de violaciones de derechos humanos quede impune”, ha manifestado Abhirr VP.

La AFSPA es contraria a las obligaciones contraídas por India, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, de respetar y proteger el derecho a la vida y la seguridad de la persona, a no sufrir tortura y otros malos tratos y a acceder a un recurso efectivo. Varios órganos tanto indios como internacionales han pedido su derogación.