Cuando Turquía entra en su segunda semana del estado de excepción impuesto por tres meses, la represión constante de la sociedad civil y las agresiones a la libertad de los medios de comunicación han llegado a extremos preocupantes, ha manifestado Amnistía Internacional.
Se han dictado órdenes de detención contra 89 periodistas, más de 40 han sido detenidos ya y otros están escondidos. Un segundo decreto de excepción dictado el 27 de julio ha llevado al cierre de 131 medios de comunicación.
Durante un estado de excepción, las restricciones deben ser necesarias y proporcionadas y tener una finalidad legítima. Las disposiciones de los decretos de excepción dictados esta semana no cumplen ninguna de estas tres condiciones.
Fotis Filippou
“Detener a periodistas y cerrar publicaciones es la última forma de agresión ejercida contra unos medios de comunicación ya frágiles como consecuencia de años de represión gubernamental. Tras dictarse este segundo decreto de excepción, apenas cabe ya duda de que las autoridades tienen intención de silenciar las críticas sin tener en cuenta el derecho internacional”, ha señalado el director adjunto de Amnistía Internacional para Europa, Fotis Filippou.
“Durante un estado de excepción, las restricciones deben ser necesarias y proporcionadas y tener una finalidad legítima. Las disposiciones de los dos decretos de excepción dictados esta semana no cumplen ninguna de estas tres condiciones y no se corresponden en absoluto con la afirmación del gobierno de que está haciendo valer los derechos y el Estado de derecho.”
El segundo decreto es prolongación del primero, dictado el 23 de junio y en virtud del cual se aumentó el periodo de detención preventiva sin cargos a 30 días. Amnistía Internacional ha revelado denuncias creíbles de uso generalizado de malos tratos y tortura contra las personas detenidas. Infringiendo la ley, se ha negado a abogados el acceso a detenidos.
Reiteramos nuestro llamamiento a las autoridades turcas para que pongan fin al uso de malos tratos y tortura contra las personas detenidas y permitan que todas ellas reciban la visita de observadores internacionales en los lugares donde se hallan recluidas.
Fotis Fillipou, Amnistía Internacional
“Las autoridades deben llevar ante la justicia a los responsables de homicidios ilegítimos y otros abusos contra los derechos humanos cometidos durante el intento de golpe de Estado. Pero han de hacerlo de manera que se respete el derecho a un juicio justo, la prohibición de la tortura y otros derechos humanos. La intensificación de la represión de la libertad de prensa es una medida ilegítima, que no contribuye a ello”, ha afirmado Fotis Filippou.
“Reiteramos nuestro llamamiento a las autoridades turcas para que pongan fin al uso de malos tratos y tortura contra las personas detenidas y permitan que todas ellas reciban la visita de observadores internacionales en los lugares donde se hallan recluidas.”
La represión en cifras
Estadísticas de la brutal campaña de represión emprendida tras el fallido golpe de Estado
Los derechos humanos en Turquía peligran tras el sangriento golpe de Estado fallido del 15 de julio. La reacción de las autoridades turcas fue rápida y desencadenó una represión de proporciones excepcionales, que continúa tras la declaración del estado de excepción cinco días después.
Amnistía Internacional ha estado sobre el terreno, en Estambul y Ankara, para documentar las violaciones de derechos humanos cometidas en este contexto. He aquí algunas estadísticas alarmantes sobre la situación:
131 medios de comunicación y editoriales cerrados, a saber 3 agencias de noticias, 16 canales de televisión, 23 emisoras de radio, 45 periódicos, 15 publicaciones y 29 editoriales.
Al menos 89 órdenes de detencióncontra periodistas. Más de 40 periodistas detenidos
Al menos 260 personas muertas y más de 2.000 heridas en el fallido golpe de Estado en Estambul y Ankara, según fuentes del gobierno.
Más de 15.000 personas detenidas desde el fallido golpe de Estado.
Más de 45.000 personas suspendidas de empleo o despedidas, entre ellas policías, jueces y fiscales.
Más de 1.000 colegios privados e instituciones educativas cerrados, con 138.000 niños y niñas que tendrán que ser trasladados a colegios públicos
48 horas: tiempo que, según informes, la policía turca ha mantenido a personas detenidas en posturas en tensión en Ankara y Estambul. Se ha negado a las personas detenidas comida, agua y atención médica, y han sido objeto de insultos y amenazas. Algunas han sido sometidas a palizas brutales y a tortura, incluida violación.
3 meses: duración inicial del estado de excepción impuesto el 20 de julio, que confiere al primer ministro y a su gabinete la facultad de gobernar por decreto y eludir el Parlamento.
30 días: el 23 de julio se amplió el periodo de detención preventiva sin cargos de 4 a 30 días, en virtud del primer decreto dictado bajo el estado de excepción.
15:artículo de la Constitución turca que establece que las autoridades no pueden “suspender” el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Incluso durante un estado de excepción, sólo pueden derogar algunos derechos.
0: número de observadores independientes de derechos humanos que tienen acceso a centros de detención en Turquía tras la supresión en abril de 2016 de su institución nacional de derechos humanos.
Para información sobre las últimas conclusiones de la investigación de Amnistía Internacional, véase https://www.amnesty.org/es/latest/news/2016/07/turkey-independent-monitors-must-be-allowed-to-access-detainees-amid-torture-allegations/
Consulten nuestra acción de campaña en https://www.amnesty.org/es/get-involved/take-action/turkey-rights-hard-won-cannot-be-taken-away/