Pakistán: Hay que acabar con la impunidad por los homicidios en nombre del “honor”

Las autoridades de Pakistán deben poner fin a la impunidad por los homicidios cometidos en nombre del “honor” y otros actos de violencia contra las mujeres, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

 

“El trágico homicidio de Qandeel Baloch a manos de su hermano ha puesto de relieve la necesidad de medidas urgentes para proteger a mujeres y hombres de crímenes que se justifican como defensa del honor de la familia.”

 

Amnistía Internacional celebra la decisión de las autoridades de Punjab de registrar el asesinato de Qandeel Baloch como crimen contra el Estado y negar a su familia el derecho legal a perdonar a su hijo.

 

 

Al no hacer rendir cuentas a los perpetradores de homicidios cometidos en nombre del “honor” por sus crímenes, el Estado paquistaní ha estado incumpliendo su deber hacia las víctimas y permitiendo que reine un clima de impunidad.
Champa Patel, directora regional para Asia Meridional de Amnistía Internacional

 

“Esto debe convertirse en la norma y no ser la excepción. Pakistán debe emprender reformas estructurales que pongan fin a la impunidad por los homicidios cometidos en nombre del “honor”, lo que incluye aprobar leyes que eliminen la opción del perdón por estos homicidios sin recurso a la pena de muerte como castigo”, afirmó Champa Patel.

 

El hermano de Qandeel Baloch ha confesado que mató a su hermana estrangulándola mientras dormía el 15 de julio, lo que ha desencadenado indignación en todo el mundo.

 

 

No hay ningún honor en matar a una mujer, en ninguna circunstancia. El Estado debe respetar y proteger el derecho a la vida, a la igualdad y a la dignidad de las mujeres, para que éstas puedan tomar sus propias decisiones sobre su vida sin temor al castigo o a la violencia.
Champa Patel, directora regional para Asia Meridional de Amnistía Internacional

 

En virtud de las leyes vigentes en Pakistán, la familia de una víctima de asesinato puede perdonar al perpetrador, lo que incluye el pago de una indemnización conocida como “diyat” o “dinero de sangre”. En casos de homicidio en nombre del “honor” en los que los responsables del crimen son miembros de la propia familia de la víctima, el perpetrador podría ser perdonado por su propia familia y no ser encarcelado ni ser sometido a ningún otro castigo.

 

“Al no hacer rendir cuentas a los perpetradores de homicidios cometidos en nombre del 'honor' por sus crímenes, el Estado paquistaní ha estado incumpliendo su deber hacia las víctimas y permitiendo que reine un clima de impunidad. Esto deja a muchos miles de personas —en su mayoría mujeres y niñas— de toda condición y de todo el país en riesgo de ser víctimas de estos crímenes”, dijo Champa Patel.

 

Según el último informe anual de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, el año pasado fueron asesinadas casi 1.100 mujeres en el país a manos de familiares suyos por motivos de “honor”. En 2014 la cifra fue de 1.000 y en 2013, de 869.

 

En virtud del derecho internacional, la cultura, las costumbres, la religión, la tradición o el “honor” no pueden considerarse nunca una justificación para ningún acto de violencia contra las mujeres.

 

“No hay ningún honor en matar a una mujer, en ninguna circunstancia. El Estado debe respetar y proteger el derecho a la vida, a la igualdad y a la dignidad de las mujeres, para que éstas puedan tomar sus propias decisiones sobre su vida sin temor al castigo o a la violencia”, dijo Champa Patel.

 

Información complementaria

 

El Parlamento paquistaní debate actualmente un proyecto de ley que, de ser aprobado, eliminaría la opción del perdón por los homicidios cometidos en nombre del “honor”. Al mismo tiempo que pide que se ponga fin a la impunidad por estos crímenes, Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte como posible castigo.

 

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado, y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución.