Indonesia: Jokowi no debe convertirse en el verdugo más prolífico de la historia reciente

Según la sabido Amnistía Internacional, las autoridades indonesias han dicho a los familiares de 14 condenados a muerte que éstos serán ejecutados por fusilamiento esta noche.

Son 4 ciudadanos indonesios y 10 extranjeros, declarados culpables de delitos de drogas.

En contra de la legislación indonesia y las normas internacionales, las familias no han sido informadas de la decisión hasta esta mañana. La legislación indonesia dispone que la notificación debe hacerse con 72 horas de antelación.

“El presidente Jokowi no debe convertirse en el verdugo más prolífico de la historia reciente de Indonesia”, ha manifestado Rafendi Djamin, director de Amnistía Internacional para el Sureste Asiático y el Pacífico.

Jokowi tiene todavía tiempo de dar marcha atrás con estas ejecuciones ilícitas antes de manchar su reputación mundial.
Rafendi Djamin, director de Amnistía Internacional para el Sureste Asiático y el Pacífico

“Tiene todavía tiempo de dar marcha atrás con estas ejecuciones ilíticitas antes de manchar su reputación mundial.”

Si no se detienen las ejecuciones, el presidente Jokowi hará que Indonesia haya aplicado la pena de muerte más veces que ningún otro país del sureste asiático y será el líder indonesio que con mayor frecuencia la ha aplicado en este siglo.

“Las autoridades indonesias están actuando con una precipitación impropia. Tienen que examinarse aún cuatro peticiones de indulto, y hay graves motivos de preocupación con respecto a la celebración de un juicio justo en muchas causas.”

“En un momento en que la mayoría de los países del mundo han vuelto la espalda a esta pena cruel e irreversible, el presidente Jokowi avanza precipitada e insensatamente en la dirección equivoca”, ha añadido Rafendi Djamin.

Deficiencias sistémicas

Amnistía Internacional ha documentado deficiencias sistémicas en el sistema de justicia penal indonesio y su aplicación de la pena de muerte.

La imposición de la pena capital por delitos de drogas viola el derecho internacional, que sólo permite su uso por “los más graves delitos”.

Entre ellas figuran violaciones del derecho a un juicio justo; el derecho a no sufrir tortura ni otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el derecho a solicitar la conmutación de la pena de muerte o el indulto, y, en el caso de los ciudadanos extranjeros u otras personas que no entiendan ni hablen el idioma utilizado por las autoridades, el derecho a contar con los servicios de un intérprete tras la detención, especialmente durante el interrogatorio, y en todas las demás etapas de los procedimientos.

Información general

Con Susilo Bambang Yudhoyono, que fue presidente de Indonesia de 2004 a 2014, hubo 21 ejecuciones. Es posible que, mañana, el presidente Jokowi haya elevado el número total de ejecuciones llevadas durante su gobierno a 28, si no se detienen éstas.

En el informe sobre Indonesia, Flawed Justice: Unfair Trials and the Death Penalty, publicado en octubre de 2015, Amnistía Internacional puso de relieve deficiencias sistémicas de la administración de justicia, causantes de violaciones del derecho a un juicio justo, como revelan a continuación los casos de presos que corren riesgo inminente de ejecución en la isla de Nusakambangan:

Los ciudadanos indonesios Agus Hadi y Pujo Lestari fueron detenidos por intentar introducir de contrabando comprimidos de benzodiazepina desde Malasia en 2006. El 22 de octubre de ese año, los recluyeron en la jefatura de policía de las islas Riau y los interrogaron durante 20 días, para trasladarlos después al centro de detención preventiva de Batam. Estuvieron allí nueve semanas en total, antes de comparecer ante un juez en la primera vista de su juicio ante el Tribunal de Distrito de Batam a final de enero de 2007. El sumario de la causa indica que Agus Hadi no recibió asistencia letrada hasta el 12 de diciembre, 20 días después de su detención. Pujo Lestari contó con un abogado designado por el Tribunal de Distrito de Batam el 8 de febrero, 78 días después de su detención y una semana después de que el tribunal fijara la primera vista del juicio.

La ciudadana indonesia Merri Utami fue detenida en el aeropuerto de Soekarno Hatta al encontrarle la policía 1,1 kilos de heroína en el bolso el 31 de octubre de 2001. Según contó a su actual abogado, poco después de detenerla, la policía la golpeó reiteradamente, la acosó sexualmente y amenazó con violarla para hacerla “confesar” que estaba en posesión de la droga; explicó que había sufrido daños en la vista a causa de los golpes. Fue declarada culpable y condenada a muerte en 2002. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia y la condena a muerte en 2003. Merri Utami presentó una solicitud de indulto al presidente el 26 de julio de 2016.

Zulfiqar Ali, ciudadano paquistaní, fue detenido en su casa, en Bogor, provincia de Java Occidental, el 21 de noviembre de 2004, acusado de estar en posesión de 300 gramos de heroína a raíz de una confesión hecha por un amigo suyo a la policía. Sin embargo, durante el juicio el amigo se retractó de la declaración que había hecho afirmando que la heroína era suya. Durante su detención previa al juicio se le negó el derecho a contactar con su embajada y no se le permitió acceder a un abogado hasta aproximadamente un mes después de haber sido detenido. Los documentos del Tribunal de Distrito de Tangerang muestran que el fiscal aprobó la ampliación de la detención de Zulfiqar del 4 de marzo al 2 de mayo de 2005, lo que supone que éste pasó al menos tres meses detenido antes de comparecer en la primera vista judicial, aunque no se sabe cuándo comenzó esta primera vista. Durante su interrogatorio por la policía de distrito del aeropuerto de Soekarno-Hatta, Zulfiqar Ali estuvo recluido en una casa durante tres días, en el transcurso de los cuales le propinaron patadas y puñetazos y lo amenazaron de muerte para que firmara una declaración autoincriminatoria, lo que hizo posteriormente. A los tres días, su salud de deterioró hasta el punto de que, el 24 de noviembre de 2004, lo llevaron a un hospital de la policía, donde tuvo que ser operado del estómago y el riñón, por los daños causados por las palizas. Estuvo en el hospital 17 días. Durante su juicio, describió la tortura que había sufrido, pero los jueces admitieron la “confesión” como prueba. No se ha llevado a cabo ninguna investigación sobre sus denuncias. Zulfiqar Ali no hablaba bahasa indonesio. Durante el tiempo que pasó detenido y a lo largo de los procedimientos contra él contó con servicios de traducción limitados. En el juicio le tradujeron sólo del bahasa indonesio al inglés, idioma que tampoco entendía bien. Fue declarado culpable y condenado a muerte en 2005. El Tribunal Supremo confirmó su condena a muerte en 2006.

Humphrey Jefferson “Jeff” Ejike, nigeriano, fue detenido el 2 de agosto de 2003 en Yakarta por posesión de drogas, tras encontrar la policía 1,7 kilos de heroína en una habitación utilizada por uno de los empleados del restaurante de su propiedad que regentaba. Fue condenado a muerte tras ser declarado culpable de delitos de importación, exportación, venta y tráfico de drogas, en 2004. El Tribunal Superior de Yakarta confirmó la sentencia y la condena en junio de 2004, y el Tribunal Supremo, en noviembre de 2004. No tuvo acceso a un abogado en el momento de su detención ni durante su interrogatorio y reclusión. Pasó cinco meses detenido en total, sin asistencia letrada, lo que constituye una infracción del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como del Código de Procedimiento Penal de Indonesia, que garantiza el derecho a recibir la asistencia de un abogado y a contactar con él. Afirma que lo golpearon reiteradamente durante su interrogatorio y que amenazaron con pegarle un tiro si no firmaba unos papeles en los que “confesaba” estar en posesión de la heroína o si se negaba a implicar a otras personas. Sin embargo, el sumario de la causa de abril de 2004 indica que Jeff dijo al tribunal que no había sido sometido a ninguna forma de coacción, aunque tales declaraciones se hacen a veces a causa de amenazas. En la sentencia figura la declaración de que “gente de piel negra de Nigeria” está bajo vigilancia de la policía porque se sospecha que trafica con drogas en Indonesia.

Según informes, en noviembre de 2004, el antiguo propietario del restaurante de Humphrey Jefferson Ejike dijo a la policía que había organizado la colocación de drogas en el local para que detuvieran a Jeff y lo condenaran. Ese hombre murió posteriormente en prisión, pero varias personas testificaron que lo habían visto hacer esta confesión estando encarcelado por cargos de drogas. Estas declaraciones de testigos se incluyeron en un recurso presentado ante el Tribunal Supremo para que se revisara el caso de Humphrey Jefferson Ejike, pero que se rechazó en septiembre de 2007. Ese mismo año el Tribunal confirmó la constitucionalidad de la pena de muerte por delitos de drogas. Humphrey Jefferson Ejike ha solicitado un indulto al presidente hace sólo unos días. No debe llevarse a cabo ninguna ejecución mientras haya procedimientos judiciales o peticiones e indultos pendientes