Tailandia: La presidenta de la junta directiva de Amnistía Internacional Tailandia y otros activistas pueden ser condenados a prisión por denunciar tortura

Las autoridades tailandesas deben suspender de inmediato la investigación criminal contra tres de los activistas de derechos humanos más destacados del país —incluida la presidenta de la junta directiva de Amnistía Internacional Tailandia—, que mañana podrían ser acusados formalmente de documentar y publicar un informe sobre tortura a manos de las fuerzas de seguridad tailandesas, según ha advertido la organización.

Somchai Homla-or, Anchana Heemmina y Pornpen Khongkachonkiet, nombrada presidenta de la junta directiva de Amnistía Internacional Tailandia el mes pasado, se enfrentan a una posible condena a cinco años de prisión y al pago de una multa de 4.800 dólares estadounidenses en caso de que se los declare culpables de los cargos de “difamación” y “delitos informáticos” que se les imputan. Los tres deben personarse en la comisaría de policía de Pattani el 26 de julio.

En un momento en que el gobierno tailandés ha prometido adoptar legislación contra la tortura, es una paradoja cruel que esté hostigando a activistas por poner al descubierto esta práctica aborrecible.
Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional

“En un momento en que el gobierno tailandés ha prometido adoptar legislación contra la tortura, es una paradoja cruel que esté hostigando a activistas por poner al descubierto esta práctica aborrecible”, ha afirmado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

“Las autoridades tailandesas deben suspender de inmediato la investigación criminal, retirar los cargos contra estos tres activistas y ordenar una investigación independiente e imparcial de las gravísimas violaciones de derechos humanos que han sacado a la luz. El Estado tiene el deber de proteger a los activistas de derechos humanos, y no a las fuerzas de seguridad para evitar que rindan cuentas.”

Somchai Homla-or, Porpen Khongkaconkiet y Anchana Heemmina son miembros de las organizaciones Cross Cultural Foundation (Fundación para la Diversidad Cultural) y Duay Jai Group (Grupo de Apoyo Sincero). En febrero de 2016, publicaron un informe conjunto en el que documentaban 54 casos de tortura y otros malos tratos a manos de la policía tailandesa y el Real Ejército Tailandés en las inestables provincias del sur, donde tuvieron lugar los actos de tortura denunciados.

Las denuncias fueron interpuestas el 17 de mayo de 2016 por el Mando de Operaciones de Seguridad Interna de la Región 4, responsable de la operación de seguridad en las provincias meridionales, en las que se centra el informe de tortura.

La acusación formal contra los tres activistas constituye el caso más reciente de una constante bien establecida de intentar intimidar a quienes defienden los derechos humanos, lo que constituye un claro incumplimiento de las obligaciones internacionales de Tailandia de respetar sus derechos.

El Estado tiene el deber de proteger a los activistas de derechos humanos, y no a las fuerzas de seguridad para evitar que rindan cuentas.
Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional

Desde el golpe de Estado de 2014, el gobierno militar de Tailandia ha intensificado sus esfuerzos para acallar todas las formas de disidencia, con métodos como imponer amplias restricciones del derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación. Sólo en los últimos tres meses, las autoridades han formulado cargos contra más de 100 personas por oponerse a un proyecto de Constitución que se someterá a referéndum nacional el 7 de agosto.

“El hecho de que esto pueda ocurrir a tres activistas sobradamente conocidos significa que el gobierno militar está enviando el mensaje de que ninguna persona está a salvo ni fuera de su alcance”, afirmó Salil Shetty.

Amnistía Internacional considera presa de conciencia a toda persona encarcelada exclusivamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión, y pide su liberación inmediata e incondicional.

Información complementaria

Somchai Homla-or es asesor general y ex presidente de Cross Cultural Foundation, organización que documenta violaciones de derechos humanos. Pornpen Khongkachonkiet es directora de esa misma organización.

El mes pasado, Pornpen Khongkachonkiet fue elegida presidente de la junta directiva de Amnistía Internacional Tailandia, cargo de desempeña con independencia del trabajo que realiza en la Cross Cultural Foundation.

Amnistía Internacional no participó en la elaboración ni en la publicación de su informe sobre tortura.

El 17 de diciembre de 2015, Tailandia fue uno de los 128 Estados miembros de la ONU que apoyó la resolución que pide a las autoridades que se abstengan de realizar actos de intimidación y represalia contra los defensores y defensoras de los derechos humanos.