Las autoridades de Arabia Saudí no cejan en su irrefrenable empeño de erradicar el activismo independiente en favor de los derechos humanos al condenar a otro destacado a activista a ocho años de prisión, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
Abdulaziz al Shubaily es el único miembro fundador activo de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, una organización de derechos humanos independiente, que no está entre rejas. El Tribunal Penal Especial lo juzgó y lo condenó en aplicación de la represiva ley antiterrorista. Afrontó diversos cargos, que incluían “comunicarse con organizaciones extranjeras” y proporcionar información a Amnistía Internacional para utilizara en dos informes. Se enfrenta también a la prohibición de viajar y escribir en las redes sociales durante otros ocho años.
“La sentencia condenatoria de Abdulaziz al Shubaily pretende dar la puntilla a la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos. Esta organización es la que más ha sufrido los incesantes ataques contra la sociedad civil durante los últimos años. Tras cerrar la asociación hace tres años, las autoridades han procesado y encarcelado uno a uno a sus miembros fundadores en un intento implacable de acallar las críticas al nefasto historial de Arabia Saudí en materia de derechos humanos,” ha afirmado James Lynch, director adjunto del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Las autoridades han demostrado una vez más que están decididas a ocultar la verdad sobre el terrible historial de derechos humanos de Arabia Saudí. Las autoridades deben garantizar con urgencia que se anula su sentencia condenatoria y no lo deben recluir.”
La sentencia condenatoria de Abdulaziz al Shubaily pretende dar la puntilla a la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos.
James Lynch, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África
Casi todos los miembros fundadores de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos cumplen ya largas penas de prisión relacionadas con su labor de derechos humanos. Abdulaziz al Shubaily representó legalmente a nueve de ellos.
Lo citaron para ser interrogado en noviembre de 2013 y le preguntaron por su trabajo de derechos humanos en la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, por las declaraciones que había firmado en defensa del derecho de protesta pacífica, y por unas conversaciones telefónicas en las que debatía sobre las manifestaciones celebradas en la ciudad de Buraydah. Le dijeron que si firmaba una declaración por la que se comprometía a abandonar su activismo, se retirarían los cargos presentados en su contra.
En julio de 2014 fue acusado formalmente de varios delitos, entre ellos “incitar [al pueblo] a perturbar el orden público […] convocando manifestaciones” y acusando a las fuerzas de seguridad de “represión, tortura, asesinatos, y desapariciones forzadas”; describir el sistema político de Arabia Saudí como “estado policial represivo”; “insultar a las autoridades judiciales”; y trabajar para “una organización no autorizada”.
Durante la vista judicial celebrada en marzo de 2015 se presentó contra él un nuevo cargo que lo acusaba de “cometer el delito de comunicarse con organismos extranjeros y proporcionarles información que contiene numerosas falsedades sobre el Reino”. La acusación menciona, sin especificar, dos informes de Amnistía Internacional que supuestamente contienen “información incorrecta”. La fiscalía y el tribunal han hecho caso omiso de las reiteradas peticiones de Abdulaziz al Shubaily de que se muestren las pruebas relativas a dicha acusación.
“Es absurdo a la par que escandaloso que comunicarse con una organización internacional de derechos humanos se cite como delito penal ‘relacionado con el terrorismo’. Resulta evidente que se está castigando a Abdulaziz al Shubaily por atreverse hablar sobre las violaciones de derechos humanos generalizadas en Arabia Saudí,” ha declarado James Lynch.
James Lynch
Abdulaziz al Shubaily se negó a reconocer la legitimidad del Tribunal Penal Especial que lo procesó y condenó. Ha afirmado que la Oficina de Investigación y Enjuiciamiento que formuló los cargos en su contra está bajo la jurisdicción del Ministerio del Interior, del que también se sabe que controla al Tribunal Penal Especial. En el pasado, tanto él como la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos han acusado al Ministerio del Interior de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos, como tortura y desapariciones forzadas.
El constante silencio de la comunidad internacional sobre la implacable persecución de activistas de derechos humanos en Arabia Saudí durante los últimos años es una vergüenza,” ha afirmado James Lynch.
“Los aliados internacionales de Arabia Saudí deben presionar a las autoridades para que pongan fin a la férrea represión contra la sociedad civil, que de manera absurda se está llevando a cabo en nombre de la lucha contra el terrorismo. Asimismo, deberían denunciar públicamente el encarcelamiento y la persecución de defensores y defensoras de los derechos humanos.”