Filipinas: Nuevo presidente debe romper ciclo de violaciones de derechos humanos, no agravarlas

Si el presidente electo Rodrigo Duterte desea realmente introducir el cambio en Filipinas, debe renunciar al historial de violaciones de derechos humanos y poner fin a la cultura dominante de impunidad, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

Rodrigo Duterte, ex alcalde de la ciudad de Davao, será el nuevo presidente elegido de Filipinas tras ganar las elecciones del 9 de mayo de 2016. Los principales rivales de Duterte han reconocido su derrota.

 

Como líder de Filipinas, el presidente electo debe proteger y defender los derechos humanos, no rechazarlos. Esto incluye el derecho a la vida, al proceso debido y a un juicio justo.
Rafendi Djamin, director para el Sureste Asiático y el Pacífico de Amnistía Internacional.

 

“Si Rodrigo Duterte desea realmente introducir el cambio en Filipinas, debe abordar la terrible situación de los derechos humanos en el país y poner fin a las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones ilegítimas y las detenciones secretas, así como a la tortura y otros malos tratos”, afirmó Rafendi Djamin, director para el Sureste Asiático y el Pacífico de Amnistía Internacional.

En el curso de la campaña electoral de las elecciones presidenciales, Duterte hizo una serie de declaraciones incendiarias que, de ser aplicadas, vulnerarían las obligaciones internacionales de Filipinas en materia de derechos humanos, como su promesa de reducir las tasas de delincuencia disparando a los presuntos delincuentes.

“Como líder de Filipinas, el presidente electo debe proteger y defender los derechos humanos, no rechazarlos. Esto incluye el derecho a la vida, al proceso debido y a un juicio justo”, afirmó Rafendi Djamin

“El modo de traer un cambio auténtico y duradero para Filipinas es implantando mecanismos sólidos, transparentes y que sirvan para rendir cuentas a fin de poner fin a las persistentes violaciones de derechos humanos. Amenazar con introducir una cultura de impunidad, como ha hecho Rodrigo Duterte en las últimas semanas, sólo agravará los problemas que prometió resolver en su campaña.”

Información complementaria: Primeros cien días

En noviembre de 2015, Amnistía Internacional publicó una agenda de derechos humanos para el próximo presidente de Filipinas en el que se exponían cinco áreas que debían ser prioritarias en su programa de derechos humanos en los primeros cien días de su presidencia. Estas cinco áreas son las siguientes:

Poner fin a las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones ilegítimas, las detenciones secretas, las desapariciones forzadas, y a la tortura y otros malos tratos

Dictar una orden ejecutiva que exprese claramente el compromiso del gobierno de dar prioridad a acabar con la práctica de las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en el país.
Garantizar la aplicación inmediata y efectiva de las directrices de la Orden Administrativa Número 35 para abordar la tortura y otros malos tratos, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas.
Crear y priorizar una comisión presidencial viable para revisar todos los casos de ejecución extrajudicial y desaparición forzada, incluidos los de víctimas de grupos parapoliciales, como el Escuadrón de la Muerte de Davao.

Imponer el control y la rendición de cuentas al ejército, la policía y otras fuerzas auspiciadas por el Estado, y garantizar la protección de testigos

Revocar la Orden Ejecutiva 546, que ordena a la Policía Nacional de Filipinas que apoye al ejército en su labor de contrainsurgencia, incluso mediante el uso de milicias y grupos paramilitares.
Garantizar que las fuerzas armadas ejercen pleno control sobre todas las milicias y grupos paramilitares auspiciados por el Estado, y que el Departamento de Defensa Nacional define y distingue claramente sus propósitos, la cadena de mando y los mecanismos de rendición de cuentas de dichas milicias; o desarmarlos y disolverlos;

Desarmar y disolver todos los ejércitos privados

Implementar a través de una orden ejecutiva un mecanismo claro y transparente que impida el nombramiento o el ascenso de personas acusadas de abusos graves contra los derechos humanos —o que, según la Comisión de Derechos Humanos, tengan antecedentes de haberlos cometido— a los niveles superiores del gobierno, de las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley y de la judicatura, así como a los puestos de mando provinciales, regionales y nacionales de las fuerzas armadas.

Garantizar el retorno sin riesgos y voluntario de las personas desplazadas, e incorporar la protección de los derechos humanos en el proceso de paz

Ordenar a los departamentos correspondientes que hagan balance de la situación actual de las poblaciones desplazadas desde hace tiempo en Mindanao debido al conflicto y a los desastres, y garantizar el pleno cumplimiento de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU.

Convertir los derechos humanos en una prioridad integrada en los organismos gubernamentales

Declarar como proyecto de ley presidencial prioritario la carta de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, facilitando su aprobación en las dos cámaras legislativas.

Mediante una orden ejecutiva, integrar todos los principios de derechos humanos en las políticas y prácticas del gobierno.

Ratificar tratados clave de derechos humanos y de derecho internacional humanitario

Firmar inmediatamente el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para facilitar el proceso de ratificación durante el mandato del nuevo gobierno.
Firmar inmediatamente la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas como paso hacia su ratificación.
Ratificar inmediatamente el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas.

Duterte fue el único candidato que no envió ninguna respuesta a la agenda.