Las sillas vacías de Ayotzinapa

De Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional

Las tres sillas vacías en medio de la sala lo decían todo.

En cada una, el nombre de cada funcionario del alto nivel del gobierno Mexicano encargado de velar por los derechos humanos en el país: Eber Omar Betanzos Torres, Roberto Campa Cifrián y Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo.

Los tres habían sido invitados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a la presentación el pasado 24 de abril de su informe final sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa en Septiembre de 2014.

Era no solo la última oportunidad de escuchar públicamente al grupo, a quien el gobierno mexicano ha negado extender su investigación, sino también su oportunidad de dar la cara y asumir la obligación del Estado frente a las familias de los jóvenes, y la sociedad en general. .

La ausencia de representantes del estado en la presentación del informe es la terrible ilustración de la actitud que el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ha tomado en relación al caso Ayotzinapa y a los de las más de 27,000 personas desaparecidas en todo el país.

Y no es la única.

El catálogo de fallas que el grupo ha documentado en cuanto a la investigación oficial de los hechos deja en claro que el gobierno mexicano no solo no está interesado en saber qué pasó con los jóvenes sino que está haciendo todo lo posible para evitar que la verdad salga a la luz.

El catálogo de fallas que el grupo ha documentado en cuanto a la investigación oficial de los hechos deja en claro que el gobierno mexicano no solo no está interesado en saber qué pasó con los jóvenes sino que está haciendo todo lo posible para evitar que la verdad salga a la luz
Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional

La obstaculización de los esfuerzos de contribuir con la investigación y la búsqueda de la verdad del Grupo de expertos, el uso de declaraciones contradictorias posiblemente obtenidas bajo tortura, la interpretación irracional de la evidencia científica disponible y la deliberada manipulación u ocultamiento de evidencia apuntan a una estrategia gubernamental para esconder la verdad y cerrar un caso políticamente incómodo para la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

Desde la publicación del primer informe del GIEI en Septiembre de 2015 se dio a conocer que la investigación adelantada por la Procuraduría General de la República era deficiente y que su teoría, conocida como la “Verdad Histórica”, de lo que pudo ocurrir a los estudiantes se sustentaba principal y problemáticamente en confesiones de supuestos miembros de la delincuencia organizada. El Grupo de expertos ha señalado que dichas declaraciones podrían haberse obtenido bajo tortura, como ya organizaciones de la sociedad civil habían denunciado.

El gobierno del presidente Peña Nieto sigue tergiversando los hechos e ignorando la evidencia para aferrarse a su teoría de que los estudiantes (o algunos de ellos) fueron asesinados e incinerados en un basurero en Cocula, pese a la existencia de dos peritajes independientes que indican que ese hecho no pudo haber ocurrió en las condiciones en que la PGR ha presentado, y esto en base a evidencia científica sólida.

El Grupo de expertos señaló que su trabajo fue obstaculizado y que no pudo acceder a toda la información necesaria, ni se llevaron a cabo todas las acciones de investigación que requirieron.

El Grupo de expertos señaló que su trabajo fue obstaculizado y que no pudo acceder a toda la información necesaria, ni se llevaron a cabo todas las acciones de investigación que requirieron
Erika Guevara-Rosas

Aun así, el Grupo pudo determinar, entre otras cosas, que en los hechos participaron elementos de la policía de otros municipios, que los estudiantes fueron vigilados por autoridades locales y federales desde su salida de Chilpancingo y su ingreso a la ciudad de Iguala y que sus movimientos fueron reportados, así como que el ejército mexicano supo en tiempo real del ataque a los estudiantes y no hizo nada para auxiliares.

El GIEI terminará su labor en México el próximo 30 de abril, ya que el gobierno mexicano, incluido el presidente Enrique Peña Nieto, se negó a admitir una nueva extensión del mandato del Grupo pese a las peticiones de las familias de los estudiantes, de las organizaciones de derechos humanos que las representan y de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Este desdén por la supervisión técnica internacional no es casual, es la expresión de la nueva política exterior de México de seguir pregonando la supuesta apertura del Estado, mientras en los hechos obstaculiza o impide las labores de supervisión de varios mecanismos internacionales,.

La cerrazón del Estado a la asistencia técnica internacional, y la total intolerancia ante críticas constructivas, muestra que su intención no ha sido la de encontrar la verdad y proveer justicia para las familias, sino de gestionar una crisis mediática. Los derechos de las víctimas y sus familias no parecen ser el centro de la estrategia del Estado, lo que se muestra en la forma en que el gobierno juega políticamente con el caso e ignora su obligación de investigar auténticamente lo sucedido.

Es imprescindible que el gobierno mexicano implemente adecuadamente todas las recomendaciones del GIEI debido a que las mismas contribuirían no solo a la búsqueda de verdad, justicia y reparación en este caso, sino a mejorar el desempeño de las instituciones de cara a la crisis de desapariciones en el país.

Si quiere demostrar algún nivel de voluntad política para atender este caso, el Estado mexicano debe aceptar el mecanismo de seguimiento de recomendaciones que establezca la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y colaborar transparentemente con el mismo; así como, permitir el monitoreo y la exigencia de rendición de cuentas de las organizaciones de la sociedad civil abocadas a la defensa de los derechos humanos en el país, reconociendo en todo momento su importante labor y garantizando su seguridad y protección.

Este artículo fue publicado por primera vez en Newsweek; para consultarlo, haz clic aqui