La condena del periodista Alaa Brinji a cinco años de prisión, ocho años de prohibición de viajar y una multa de 50.000 riyales saudíes (unos 13.300 dólares de EE. UU.) por una serie de tuits constituye una clara violación del derecho internacional y la última demostración de la arraigada intolerancia de las autoridades de Arabia Saudí hacia el derecho de expresión pacífica, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
Alaa Brinji fue declarado culpable el 24 de marzo de una serie de cargos que incluían, entre otras cosas, “insultar a los gobernantes”, “incitar a la opinión pública” y “acusar a agentes de seguridad de matar a manifestantes en Awamiyya”, una zona de la Provincia Oriental de Arabia Saudí.
“La condena de Alaa Brinji a cinco años de prisión es absolutamente vergonzosa. Alaa Brinji es la última víctima de la implacable represión la disidencia pacífica en Arabia Saudí, cuyo objetivo parece ser acabar con todas y cada una de las voces críticas”, ha afirmado James Lynch, director adjunto del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Poner a alguien entre rejas por ejercer de forma pacífica su legítimo derecho a la libertad de expresión, y por defender el derecho de otras personas a hacerlo, es una distorsión total de la idea misma de justicia. Las autoridades deben garantizar que la sentencia condenatoria se anula y que Alaa Brinji queda en libertad de forma inmediata y sin condiciones.”
“Poner a alguien entre rejas por ejercer de forma pacífica su legítimo derecho a la libertad de expresión, y por defender el derecho de otras personas a hacerlo, es una distorsión total de la idea misma de justicia.
James Lynch, director adjunto del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional
Alaa Brinji es un respetado periodista que ha trabajado para los periódicos saudíes Al Bilad y Al Sharq. Amnistía Internacional lo considera preso de conciencia, encarcelado únicamente por expresar de forma pacífica sus opiniones.
Fue arrestado el 12 de mayo de 2014 y ha permanecido detenido desde esa fecha. Al principio estuvo recluido en régimen de incomunicación y aislamiento, y no se le ha permitido acceder a un abogado.
Fue declarado culpable por el conocido tribunal antiterrorista de Arabia Saudí, el Tribunal Penal Especial, por diversos cargos, como “insultar a los gobernantes del país”, “incitar a la opinión pública”, “acusar a agentes de seguridad de matar a manifestantes en Awamiyya”, “ridiculizar a figuras religiosas islámicas” y “violar el artículo 6 de la Ley de Delitos Informáticos”. El tribunal ordenó también el cierre de su cuenta de Twitter. Todos estos cargos tienen su origen en tuits difundidos en Internet, en algunos de los cuales mostraba su apoyo al derecho de las mujeres de Arabia Saudí a conducir vehículos, a defensores de los derechos humanos y a presos de conciencia.
En su lista de “delitos” también figuraba inicialmente el acto de “apostasía”, que se considera un delito grave en Arabia Saudí y lleva aparejada la pena de muerte, pero no fue declarado culpable por falta de pruebas.
Los aliados internacionales de Arabia Saudí que traten de colaborar en asuntos de seguridad e inteligencia deben hacer frente al hecho de que, con el pretexto de la “lucha antiterrorista”, la draconiana represión del gobierno ha erradicado prácticamente toda forma de disidencia pacífica en el país.
James Lynch
Desde 2014, el Tribunal Penal Especial ha condenado a muchos activistas y disidentes a largas penas de cárcel, incluso a muerte, después de juicios manifiestamente injustos.
Este mismo mes, el escritor y estudioso islámico saudí Mohanna Abdulaziz al Hubail fue condenado in absentia por el Tribunal Penal Especial a seis años de prisión, seguidos de otros tantos años de prohibición de viajar. Fue declarado culpable de varios “delitos”, como infringir el artículo 6 de la Ley de Delitos Informáticos por “insultar al Estado y a sus gobernantes” y “mostrar solidaridad en Twitter con miembros encarcelados de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos” (ACRPA). También fue declarado culpable de incitar a manifestaciones y participar en ellas, y de pedir la liberación de presos de conciencia. El tribunal ordenó también el cierre de su cuenta de Twitter.
“Arabia Saudí debe rendir cuentas por sus flagrantes y sistemáticas violaciones de derechos humanos”, ha afirmado James Lynch.
“Los aliados internacionales que traten de colaborar en asuntos de seguridad e inteligencia deben hacer frente al hecho de que, con el pretexto de la ‘lucha antiterrorista’, la draconiana represión del gobierno ha erradicado prácticamente toda forma de disidencia pacífica en el país.