La declaración de culpabilidad contra 17 activistas y sus condenas a prisión, dictadas el 28 de marzo de 2016 por el Tribunal Provincial de Luanda, son una afrenta a la justicia y deben rectificarse; así lo ha afirmado Amnistía Internacional al tiempo que solicitaba su libertad inmediata e incondicional por tratarse de presos de conciencia.
Las autoridades angoleñas de utilizar el sistema de justicia penal para silenciar las opiniones disidentes.
Deprose Muchena, director regional de Amnistía Internacional para África Austral.
Las penas de cárcel impuestas a los activistas varían entre dos años y ocho años y seis meses.
La organización considera asimismo que la decisión del tribunal de condenar a cada uno de los 17 activistas a pagar unas costas legales de aproximadamente 315 dólares estadounidenses es una burla de la justicia.
Se ha dictado un fallo condenatorio erróneo contra los activistas en un juicio profundamente politizado.
Deprose Muchena
“El injustificable fallo condenatorio y las draconianas condenas dictadas hoy contra unos activistas pacíficos que ni siquiera tenían que haber sufrido detención ponen en evidencia la manera que tienen las autoridades angoleñas de utilizar el sistema de justicia penal para silenciar las opiniones disidentes. Es una sentencia que va en contra de la justicia”, ha afirmado Deprose Muchena, director regional de Amnistía Internacional para África Austral.
“Se ha dictado un fallo condenatorio erróneo contra los activistas en un juicio profundamente politizado. Son víctimas de un gobierno decidido a intimidar a todo el que se atreva a cuestionar sus represivas políticas.”
Quince de los activistas fueron detenidos y puestos bajo custodia tras asistir a una reunión celebrada en Luanda en junio de 2015 para debatir motivos de preocupación sobre política y gobernanza en el país. Otros dos activistas, a pesar de que habían sido acusados junto a ellos, no fueron detenidos. Los 17 activistas fueron inicialmente acusados, el 16 de septiembre de 2015, de preparar una “rebelión” y de “conspiración contra el presidente”.
El 21 de marzo de 2016, tras los alegatos finales, la fiscalía retiró el cargo de “conspiración contra el presidente” pero mantuvo el de “actos preparatorios de rebelión”. Añadió un nuevo cargo de “conspiración para delinquir” (associação de malfeitores), para el que hay previstas penas de entre 2 y 12 años de prisión.
Uno de los activistas, Luaty Beirão, había sido acusado, además, de falsificación de documentos, delito que conlleva una pena máxima de ocho años de cárcel.
“Amnistía Internacional considera que estos 17 activistas son presos de conciencia.. No tenían que haber pasado un solo día en la cárcel, deben quedar en libertad de inmediato y sin condiciones, y sus condenas deben ser anuladas”, ha manifestado Deprose Muchena.